Ashotel y CCOO piden un veto a las casas vacacionales

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Las dos organizaciones hacen frente común ante la intención del Gobierno de estudiar un soporte jurídico para el alquiler turístico de viviendas particulares

 

La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, (Ashotel) y CCOO, sindicato mayoritario en el sector de la hostelería en Canarias, se oponen rotundamente a la legalización del alquiler vacacional, que consideran una amenaza para los miles de puestos de trabajo de los establecimientos de alojamiento turístico existentes en las Islas y perjudicial para la imagen de Canarias como destino turístico.

El presidente de Ashotel, Jorge Marichal, y el secretario general de la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO, Manuel Fitas, comparecieron juntos para informar de la posición de ambas organizaciones y lanzar un mensaje al Gobierno de Canarias sobre la importancia de “proteger” el empleo y “defender” la oferta legal hotelera.

Marichal afirmó que el alquiler vacacional “no sólo no genera empleo, pues en muchos casos se realiza en el marco de la economía sumergida, sino que amenaza los puestos de trabajo existentes”. Pidió al Gobierno de Canarias que “persiga” el incumplimiento de la normativa y advirtió de que detrás del alquiler vacacional hay empresas que explotan viviendas, pero sin los requerimientos de seguridad y calidad exigidos, y sin tributar a Hacienda

“Bajo el disfraz del comercio colaborativo con el que se pretende vender esta actividad, se esconden verdaderos negocios encubiertos que no pagan ningún tipo de impuestos”, sentenció. El presidente de Ashotel añadió que legalizar estas viviendas para uso turístico podría suponer un “efecto llamada” de la burbuja inmobiliaria, puesto que se abriría la peligrosa vía de construir casas exclusivamente destinadas a este fin.

Por su parte, Manuel Fitas informó de la campaña iniciada por CCOO en Canarias y en la que se ha recabado el apoyo de 88 comités de empresa de establecimientos turísticos de Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y Lanzarote, que representan un total de 11.236 trabajadores y que se trasladarán al Gobierno regional.

Advirtió de que la legalización de las viviendas vacacionales supondría la entrada en el mercado de varios miles de camas turísticas “que no generarían empleo adicional”, en detrimento a las existentes, por la consecuente caída de precios medios de contratación, e informó de que se han levantado hasta ahora 7.500 actas por infracciones en esta actividad.

Tanto CCOO como Ashotel rechazan los argumentos esgrimidos por quienes abogan por la regulación de las casas vacacionales y que defienden que ésta sea la única fuente de ingresos para muchas familias. Ambas organizaciones sostienen que en una gran mayoría de casos se trata del alquiler de segundas o terceras residencias. Además, coincidieron en la necesidad de proteger el empleo en la hostelería, un sector que cerró el pasado mes de mayo con una caída del 4,5% del desempleo en las Islas respecto al mismo mes del pasado año, 5.000 contratos registrados más y un incremento de 6.900 afiliaciones a la Seguridad Social.

 

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