Cae el primer ‘decretazo’ turístico del anterior Gobierno sobre el alquiler vacacional

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El pleno del Parlamento debatirá este martes la propuesta conjunta de CC y PSOE para paralizar la norma y se debatirá además a propuesta del PP el otro decreto que afecta a la miles de pequeños propietarios amenazados por una virtual ‘expropiación’ del uso de sus inmuebles

 

 

Apenas cuatro meses de vigencia ha soportado el decreto del Gobierno de Canarias sobre el alquiler vacacional, que este martes quedará sentenciado a la paralización por el Parlamento autonómico por una iniciativa conjunta de los dos partidos que gobiernan en la comunidad autónoma, CC y el Partido Socialista. La Cámara asistirá además al debate sobre el segundo decretazo turístico del anterior Gobierno, aprobado como el primero unos pocos días antes de las últimas elecciones autonómicas, y que incendia estos días Gran Canaria por el rechazo de miles de pequeños propietarios a que se les prohiba cualquier uso de sus inmuebles si están situados en zona turística.

Los últimos dos decretos turísticos del anterior Gobierno cuelgan de un alambre debido al rechazo generalizado entre ciudadanos afectados por estas normativas. El primero es el decreto que regula el alquiler vacacional, que excluye toda posibilidad de utilizar esta fórmula de explotación en inmuebles situados en zonas turísticas. Este decreto provocó desde el minuto uno el rechazo de la asociación canaria del alquiler vacacional (Ascav), nacida precisamente para combatir las restricciones a los propietarios de viviendas para explotarlas como residencias turísticas, una fórmula de uso creciente entre muchos usuarios que prefieren elegir entre inmuebles a la carta.

La Ascav ha removido cielo y tierra contra este decreto y sus gestiones más recientes fueron sendas reuniones con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Organización de Consumidores y Usuarios. La CNMC ya había avanzado a la asociación canaria que impresión de que el decreto del alquiler vacacional era contrario a las normas de la libre competencia y la reclamación efectiva de documentación que había realizado a la Comunidad Autónoma como paso previo a la elevación del caso a los tribunales.

En efecto, la CNMC confirmó este viernes este requerimiento previo, en una durísima nota en la que desgranó los motivos por los que entiende que el decreto vulnera las normas de libre competencia. En síntesis, la Comisión destaca que el reglamento del alquiler vacacional establece para los propietarios de inmuebles normas que en la práctica le desaniman para llevar a cabo la actividad y sin embargo “privilegia a los establecimientos turísticos tradicionalmente instalados, que tienden a concentrarse en esas zonas, sustrayéndoles de los beneficios de la competencia y en perjuicio de los usuarios”.

Además, la CNMC destaca la contradicción de esta actuación en un entorno de avances en materias de tecnología de la información que benefician la libertad de elección de los usuarios, sin embargo restringida por el decreto: “La aprobación de esta normativa restrictiva”, dice la comisión, “se produce en un contexto mundial de innovación tecnológica en el sector del alojamiento con finalidad turística y no turística, que afecta tanto a los operadores ya instalados como a nuevos entrantes que prestan servicios de alojamiento a través de servicios online y de economía colaborativa”.

El Gobierno ya había anunciado a través de su consejera de Turismo que el decreto sería sometido a revisión después de una negociación “con todos” los sectores implicados. Ahora, la decisión terminante de la CNMC de llevar el caso a los tribunales, como ya ha hecho con otras normas restrictivas como la de Madrid, coincide con la presentación en el Parlamento de Canarias de una proposición no de ley de los grupos de gobierno, CC y Partido Socialista, para producir la paralización efectiva del decreto.

Los socialistas ya habían solicitado desde mediados de julio pasado que fuera suspendido el régimen sancionador contenido en el decreto, al considerar que abocaba a muchos propietarios a la clandestinidad.

Pero no será el único incendio turístico al que se enfrentará el pleno del Parlamento este martes. La consejera de Turismo también tendrá que comparecer para responder a sendas preguntas del grupo parlamentario Popular sobre diversificación y sobre residencialización turística. Este segundo debate guarda relación directa con la movilización de miles de pequeños propietarios en Gran Canaria contra otro decreto que desarrolla la Ley de Modernización Turística y que les prohibe cualquier uso de sus inmuebles.

Este segundo decreto ya ha provocado el nacimiento de dos plataformas ciudadanas para combatir los efectos del decretazo turístico, que en la práctica beneficiaría a ‘operadores buitre’ que quisieran hacerse con el control de apartamentos y bungalós en situación de multipropiedad. La primera organización, llamada Plataforma Técnica, ha pedido formalmente al Banco Europeo de Inversiones que paralice cualquier flujo de capitales hacia el sector hotelero canario mientras se mantenga un contexto jurídico que perjudica a miles de pequeños propietarios.

Además, la pasada semana se presentó públicamente la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT), que pide a los propietarios movilizarse activamente contra el Plan General de Ordenación de San Bartolomé de Tirajana y contra el decreto que desarrolla la Ley de Modernización Turística.

 

 

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