Canarias reitera su rechazo a la venta parcial de AENA y pide negociar el traspaso de competencias

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El Gobierno de Canarias emprenderá nuevas acciones con el fin de que el Estado transfiera la competencia ejecutiva en materia aeroportuaria a la comunidad autónoma, para lo que solicitará el inicio del trámite de negociación con el Gobierno central como paso previo a la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional por la venta del 49 por ciento de la empresa pública prevista por el Ministerio de Fomento.

El ejecutivo recuerda que ya se dirigió el pasado 9 de julio al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para que convocase la comisión mixta de transferencias Canarias-Estado. “El 9 de octubre se cumplen los tres meses prescritos para la convocatoria, y de no producirse”, señala, “solicitará a la Audiencia Nacional que obligue al ministro a convocar esa comisión”.

El gobierno apunta que el artículo 33.13 del Estatuto de Autonomía de Canarias dispone que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia de ejecución en materia de puertos y aeropuertos con calificación de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa. “Dado que no se ha obtenido respuesta alguna a esa solicitud”, señala, se requerirá a la Administración General del Estado, “sin perjuicio de valorar la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad” contra el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Un texto normativo, añade el gobierno, en el que se intenta establecer que la gestión de los aeropuertos siga siendo directa, a pesar de la privatización, un extremo que considera “inasumible y claramente objeto de recurso”. No obstante, previo a ese recurso solicitará la apertura de negociaciones en el seno de la comisión bilateral de cooperación para intentar que no sea necesario acudir al Constitucional. Estas nuevas acciones, acordadas este jueves por el consejo de gobierno, se enmarcan dentro de las medidas anunciadas por el Gobierno de Canarias en contra de la privatización de AENA y que fueron respaldadas por el Parlamento el pasado mes de julio.

 

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