Choque de trenes en el Parlamento canario por el decreto de alquiler vacacional

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El Parlamento pide paralizar la norma, pero CC y PSC se niegan a admitir enmiendas del PP y de Podemos para levantar la prohibición de la actividad en suelo turístico y admitir el arrendamiento de habitaciones

@teresacardenes

El consenso sobre el alquiler vacacional en Canarias no está ni se le espera. El Parlamento de Canarias pidió hoy a iniciativa de los grupos del Gobierno, CC y el PSOE, la paralización del decreto sobre vivienda vacacional aprobado por el anterior Ejecutivo unos días antes de las elecciones, así como las medidas sancionadoras que se hayan podido imponer desde su entrada en vigor, y negociar un nuevo texto. Sin embargo, CC y PSC se negaron a aceptar sendas enmiendas del Partido Popular y de Podemos. Estos dos grupos pedían expresamente modificar o eliminar el punto del decreto que prohibe el alquiler vacacional de viviendas situadas en suelo turístico y la regulación del bed & breakfast, es decir, el alquiler por habitaciones, también proscrito en la norma actual. Ambas enmiendas fueron arrolladas por los 39 votos que sumaron CC, PSC, Nueva Canarias y los socialistas gomeros de Casimiro Curbelo, ninguno de los cuales aclaró qué modelo de vivienda vacacional defienden.

Lo que se suponía el escenario perfecto para una decisión unánime de la Cámara por la insuficiencia del decreto del alquiler vacacional acabó por convertirse en un choque de trenes. En esencia, por la negativa de CC y del PSOE a explicar con claridad qué se proponen hacer con la prohibición del alquiler vacacional en los municipios turísticos y con la exclusión expresa del arrendamiento por habitaciones.

El fuego lo abrió este miércoles Rosa Bella Cabrera, del grupo Socialista, el auténtico instigador de la reforma de este decreto para conseguir la suspensión de su régimen sancionador. Así lo había propuesto desde el inicio mismo de la legislatura el portavoz del grupo, Iñaki Lavandera, cuando advirtió que el decreto aprobado por el anterior Gobierno abocaba a la clandestinidad a cientos de familias que encuentran sustento económico en el alquiler vacacional.

Pero, una vez hecha la presentación, quien se ocupó este miércoles de llevar la voz cantante de los grupos del Gobierno fue el nacionalista José Miguel Ruano. En síntesis, para subrayar tres mensajes: que la regulación del alquiler vacacional tiene que insertarse en un marco general de búsqueda de la calidad como destino turístico, que esta actividad debe quedar expresamente sujeta al pago de impuestos y que la revisión del decreto no se hará de espaldas a los titulares de “la oferta reglada que constituye el eje de nuestra riqueza”, esto es, los empresarios del sector turístico. Porque, dijo, conciliar los intereses de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) y de los empresarios turísticos es “buscar el interés general”.

Ruano, que fue letrado del Parlamento antes de incorporarse a la vida política activa, hizo en el pleno un extraño regate para descalificar el demoledor informe sobre el decreto de alquiler vacacional enviado a Canarias por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Tras una denuncia de la Ascav, la CNMC requirió expresamente a Canarias para eliminar o modificar el decreto, al estimar que privilegia a las empresas turísticas tradicionales, sobrecarga a los propietarios de viviendas de requisitos para desincentivar el alquiler vacacional y perjudica severamente a los usuarios al restringir su capacidad de libre elección de alojamiento.

Frente a la contundencia de los argumentos de la CNMC, vino a decir Ruano que Canarias es competente para establecer su propia normativa turística, un extremo de potestades legislativas en el que por supuesto ni entra ni sale la comisión, que solo se encarga de velar por el respeto a las normas de la libre concurrencia en los mercados.

Y fue entonces cuando la discusión plenaria empezó a adquirir ciertas dosis de surrealismo. Sin que los socialistas dijeran esta boca es mía, Ruano no se recató en manifestar su rechazo al informe de la CNMC. Justo en dirección contraria a lo que haría apenas unos minutos después la diputada de Podemos Asunción Delgado, que elogió el informe de la Comisión de Nacional de los Mercados y la Competencia. Pero el verdadero hit todavía estaba por llegar. Y lo hizo cuando el diputado de Nueva Canarias Luis Campos se embaló para sentenciar que el informe de la CNMC era “un panfleto reaccionario y ultraliberal”. Campos tampoco explicó en qué dirección cree NC que debe evolucionar el nuevo decreto del alquiler vacacional. Y matizó después en Twitter que no rechazaba la condena expresa de la CNMC a dar una posición de privilegio al lobby hotelero, sino el espíritu de desregulación que aprecia en el informe de la Competencia.

El otro punto caliente del debate plenario giró en torno a las verdaderas intenciones de los grupos proponentes. En nombre del PP, la lanzaroteña Astrid Pérez acusó al anterior Gobierno de sacar pocos días antes de las elecciones y “en secreto un decretazo” que en la práctica dejaba fuera de juego “a más del 90 por ciento de las viviendas vacacionales y, pese a que había sido objeto de consenso, el bed & breakfast“.

Pérez fue a más cuando acusó a los proponentes de querer engañar a la Cámara con una redacción “que nos deja perplejos y sorprendidos” porque, dijo, de la PNL presentada no era posible concluir si lo que buscan los grupos del pacto es derogar el decreto, suspenderlo parcialmente o simplemente paralizar los actos sancionadores.

¿Qué dice exactamente la PNL aprobada? Esta es su redacción literal, que los proponentes se negaron redondamente a matizar en ninguna dirección: “Que se realicen las gestiones necesarias para paralizar la aplicación del decreto 113/2015, así como sus posibles efectos sancionadores, dejando sin aplicación las medidas que en este sentido ya se pudieran haber tomado” y poner en marcha “un proceso de revisión y de reelaboracion del mencionado decreto en coordinación con todos los agentes e instituciones implicadas”.

Por su parte, Asunción Delgado, de Podemos Canarias, también insinuó una intervención más que velada del lobby hotelero en el proceso final de redacción del decreto de mayo, en cuyo texto se aprecia, dijo,  “una mano negra”. Delgado no llegó a acusar abiertamente de mentir a los partidos que apoyan al actual y al anterior Gobierno. Pero sí les imputó “un fraude electoral” por haber hecho creer a los propietarios de viviendas vacacionales una regulación de la actividad que en realidad resultó ser una prohibición. “La gente se lo creyó y fue a votar tan contenta y agradecida. Pero fue realmente feo que buscaran un efecto llamada electoral de votos conseguidos en la creencia de la gente de que les habían hecho caso, para luego comprobar que en realidad les convertían en ilegales. Eso es un fraude electoral”.

Que el lobby hotelero flotaba en el ambiente fue en el pleno una total obviedad. Pero a Ruano todavía le quedaba munición para encañonar al PP (“tiene otras pretensiones que no es precisamente la defensa de los pequeños”) e insinuar que si había una mano negra, era otra y no precisamente hotelera. Según Ruano, la mano que mece la cuna está conectada con los bancos, “para que al final sean promotoras bancarias las que quieran meter esa oferta en el mercado turístico”.

 

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