Doris Borrego: “El Gobierno de Canarias deja fuera de regulación el 75 % del alquiler vacacional”

Share this post

“En la actualidad existen alrededor de 3.000 plazas alojativas en la modalidad de Bed and Breakfast B&B que el gobierno quiere dejar fuera de regulación”

“La exigencia de contar con autorización previa de la comunidad de propietarios va en contra de la ley sobre propiedad horizontal y la directiva Bolkestein”

“Proponemos que el alquiler vacacional sea una modalidad subsidiaria, y si un empresario quiere coger un edificio completo para esta actividad le sea denegada la licencia”

Rosa Cárdenes (@rosacardenesd)

 

Doris Borrego, presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, afirma que la propuesta del Gobierno de Canarias para regular esta modalidad de alojamiento dejará fuera al 75 por ciento de las plazas que existen en Canarias. Viviendas y habitaciones, denominadas las últimas como Bed and Breakfast por la asociación, que quedarán fuera de regulación “por falta de voluntad política” con el decreto que el ejecutivo quiere aprobar antes de finalizar el año

– La asociación afirma que miles de familias se quedarán al margen de esta regulación. ¿Cuál es su argumento? 

 – Son tres los puntos a los que no hemos llegado a acuerdo con el Gobierno de Canarias referidos a las viviendas sin cédula de habitabilidad, las habitaciones individuales y la exigencia de contar con autorización de las comunidades de propietarios. Si el decreto se aprueba, tal y como está redactado ahora el borrador, se quedaría fuera de regulación el 75 por ciento del alquiler vacacional.

– ¿Cuál es la consecuencia de no regular las habitaciones individuales?

– En la actualidad existen alrededor de 3.000 plazas alojativas en la modalidad de Bed and Breakfast B&B (cama y desayuno) y el único argumento que nos dan para no incluirla es que no interesa. Si no se puede inspeccionar una vivienda privada sin orden judicial y se entorpece la labor de los inspectores de turismo para comprobar que la vivienda, como alega el gobierno, ¿por qué entonces va a regular albergues en casonas que el propietario puede alquilar, siempre que declare que no es su vivienda habitual?. Las circunstancias y el hecho son los mismos pero el gobierno dice sí a los albergues y no a los Bed and Breakfast aunque sea una modalidad demandada por los turistas.

– ¿Qué opinan acerca de la exigencia de contar con el permiso de la comunidad de propietarios como plantea el gobierno?

– Va en contra de la ley de propiedad horizontal y la directiva Bolkestein sobre libre circulación de servicios entre los estados miembros. Una persona tiene libertad de decidir sobre su propiedad privada, además tampoco están pidiendo permiso para actividades profesionales como abogados y dentistas. Lo que decimos es que, si alguna comunidad de propietarios no quiere el alquiler vacacional, que lo establezca en sus estatutos, porque si no quedará a expensas del presidente y puede ocurrir que otorgue o no el permiso dependiendo de las simpatías o antipatías con el propietario. En la práctica, la propuesta del gobierno no es fiable. La asociación plantea que, en caso de molestias, se pueda echar al inquilino en 24 horas, esto es una garantía para los vecinos pero la Viceconsejería no lo ha considerado en su borrador. Hay que decir también que estamos criminalizando al turista, llevamos treinta años alquilando y nunca hemos tenido problemas salvo algunos casos puntuales.

– ¿Y la negativa a incluir las viviendas sin cédula de habitabilidad?

 – La Consejería de Turismo propone que el propietario disponga de cédula de habitabilidad o certificado del ayuntamiento que indique que su vivienda se encuentra en situación legal, pero esto imposible en muchos casos para las viviendas de autoconstrucción. Los planes de ordenación han cambiado, por lo que viviendas que eran legalizables en su día hoy ya no lo son, por lo que muchas casas que se alquilan vacacionalmente no podrían legalizarse. Además, muchos propietarios tendrían hacer una inversión, entre 20.000 y 70.000 euros para costear un proyecto visado por un arquitecto y no podrían alquilar su vivienda durante un periodo de al menos seis meses, con los que muchas familias perderían su única fuente de ingresos.

La normativa no se ajusta a la realidad, los municipios han mirado para otro lado y a efectos de impuestos estas viviendas son legales. Tenemos el caso de Casitas La Palma, que representan 4.500 plazas de alojamiento en la isla de La Palma y que han hecho suyas nuestras alegaciones, que de ninguna manera puede legalizarse. Se encuentra en situación de alegalidad porque los planes de ordenación han cambiado y no pueden salir de esa situación.

– ¿Cuál es la propuesta de la asociación al respecto?

– Nosotros proponemos requerir subsidiariamente a la licencia de primera ocupación o cédula de habitabilidad un certificado visado por un técnico competente, que la vivienda vacacional cumpla con los requerimientos establecidos en el decreto, además de las exigencias sobre salubridad y seguridad.

– ¿Qué número de propietarios estiman ustedes que se dedican a esta actividad?

–  Aproximadamente 53.000 familias, según el estudio realizado por la consultora Magma en el año 2012. Como no hay registro no se puede contrastar, sin embargo el Gobierno de Canarias ha determinado que el 5 por ciento del total de turistas que llegan a las Islas utiliza la modalidad del alquiler vacacional. Nosotros decimos que es el 10 por ciento y no exageramos, ya que Frontur habla de un 12 por ciento en el conjunto del país. De esa cantidad, en más del 50 por ciento de los casos el alquiler vacacional es la única fuente de ingresos para las familias. Esta modalidad de alojamiento existe en Canarias desde hace 50 años, y dar la visión de que vamos a regular algo nuevo es distorsionar la realidad.

– La asociación mantuvo reuniones con representantes de la Consejería de Turismo para avanzar en el borrador. ¿Hubo disposición para llegar a acuerdos?

– Estamos denunciando que no hay voluntad política

– El ejecutivo asegura tener disposición, tal es así que es criticado por los hoteleros por querer regular esta actividad

 – Nosotros creemos que el gobierno intenta contentar a los hoteleros. En un destino turístico como Canarias, en lugar de ponerse al frente de las nuevas modalidades y dar ejemplo, están poniendo cortapisas

– Los hoteleros dicen que regular el alquiler vacacional es un gran riesgo para la industria turística. Ashotel habla, incluso, del interés de grupos empresariales en esta regulación

 – Hay un desconocimiento total y absoluto de la realidad, y no solo por parte de la patronal, sino también de las administraciones. Nosotros representamos a propietarios e intermediarios del alquiler vacacionar, detrás nuestro no hay ningún grupo empresarial. Es más, es la propia asociación la que propone, en su borrador, que el alquiler vacacional sea una modalidad subsidiaria. Esto significa que si un gran empresario o constructor quiere coger un edificio completo para alquiler vacacional le sea denegada la licencia de alquiler vacacional y se tenga que acoger a la unidad de explotación, al igual que si una casa rural se quiere regular para alquiler vacacional. Existe mucho desconocimiento, por esto queremos hacer un foro no solo con empresarios sino con asociaciones y partidos políticos para informar de una realidad que se está distorsionando.

 

 

 

 

 

Share this post

No comments

Add yours