El controlador despedido por ‘desobedecer’ las órdenes de Blanco tuvo que irse a Irak

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Marco Antonio Enríquez pasó un año en una ciudad iraquí y sigue sin trabajo en control aéreo cinco años después de los incidentes de diciembre de 2010

 

Marco Antonio Enríquez, el controlador aéreo despedido en 2010 en Santiago de Compostela en medio del grave conflicto entre este colectivo profesional y el ministerio de Fomento que dirigía José Blanco, tuvo que irse a Irak dos años después para volver a trabajar en la supervisión de tránsito aéreo y actualmente está nuevamente en España sin empleo en el sector. “Me despidieron por cumplir la ley”, explica Enríquez en un vídeo distribuido este jueves por la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) cuando se cumplen cinco años tras el cierre del espacio aéreo por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la militarización de estos profesionales.

El relato del controlador aéreo despedido es uno de los testimonios recogidos en el vídeo, en el que controladores, profesionales y expertos ligados a la aviación civil y juristas aportan su testimonio sobre los graves incidentes del puente de la Constitución de 2010, que dejaron en tierra a decenas de miles de personas tras el cierre del espacio aéreo por parte del Ejecutivo, que también declaró el estado de alarma y militarizó a los controladores. Enríquez fue despedido por negarse a trabajar tras haber superado la jornada aeronáutica anual máxima, cuya limitación expresa contiene la legislación para garantizar, entre otras cosas, que se cumplen a rajatabla los tiempos máximos de trabajo y mínimos de descanso del personal aeronáutico por razones de seguridad.

Otro de los testimonios corresponde al juez José Antonio Vázquez Taín, instructor de las diligencias abiertas en 2010 contra los controladores aéreos de Santiago y que decretó en su día el sobreseimiento libre de la causa, al entender que la decisión del cierre del espacio aéreo no era imputable a los responsables de supervisar el tránsito aéreo. El juez Vázquez Taín sostiene que cuando el Gobierno de Rodríguez Zapatero decretó el cierre del espacio aéreo, en el centro de control de Santiago se proporcionaba más servicio de controladores que en el mes de agosto, con más tráfico en el aeropuerto afectado.

Pilar Vera, presidenta de la Asociación de Víctimas del JK5022, también interviene en el vídeo distribuido este jueves y expresa su incomprensión ante la deriva del conflicto cinco años después. Vera entiende que “aquella guerra dejó muchas heridas entre los controladores, pero no creo que las dejara en los políticos”. También califica de “lamentable” que profesionales que tienen en sus manos la responsabilidad de garantizar la seguridad de los pasajeros permanezcan imputados después de que se les acusara de sedición.

En el vídeo, el letrado José Antonio Choclán, abogado defensor de los controladores que aún siguen imputados en Madrid, explica que, a su juicio, la imputación de sedición que se hizo contra estos profesionales fue “extravagante y temeraria”.

De los 22 juzgados que abrieron diligencias tras el grave conflicto de 2010, veinte han procedido al archivo de la causa, que solo sigue abierta en Madrid y Baleares. Los 138 imputados de Madrid han pasado ya por las manos de diez jueces diferentes.

 

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