El Gobierno canario da marcha atrás y accede a revisar su ley turística

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El Gobierno de Canarias abre la posibilidad a que haya hoteles de cuatro estrellas de nueva creación y no ligados a la renovación

Rosa Cárdenes (@rosacardenesd)

El Gobierno de Canarias ha dado marcha atrás y accede a revisar la Ley de Renovación y Modernización Turística para abrir la posibilidad a hoteles de cuatro estrellas de nueva creación y no ligados a la renovación, como estipula dicha normativa, de acuerdo a unos parámetros de calidad. El ejecutivo llevará al Pleno del Parlamento una propuesta en forma de proyecto de ley con el fin de “superar” la clasificación por estrella y “consensuar” unos criterios de excelencia y coeficiencia para permitir la construcción de nuevos inmuebles sin condicionarlos a su renovación, indicó el consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel.

Berriel subrayó que el objetivo de ordenación del territorio en crecimiento se mantiene “al no permitir la clasificación de nuevo suelo y vincular el consumo del ya clasificado con actuaciones de renovación o con proyectos de muy alta calidad”. El consejero presentó este miércoles, en el Parlamento de Canarias, el informe de evaluación de dicha ley, en vigor desde 2013, y rechazada por el Cabildo de Gran Canaria y empresarios hoteleros de esa isla al no permitir la construcción de hoteles de cuatro estrellas si no están vinculados a la renovación, pero sí hoteles con categoría de cinco estrellas.

El diputado de CC y consejero del gobierno se refirió a los “resultados” de esta ley e indicó que hay cinco planes de modernización ya aprobados, tres en tramitación y ocho en dirección, “que aportan a cada uno de los núcleos turísticos la distinción de un modelo coherente y competitivo”. Las posibles camas susceptibles de ser renovadas en los ámbitos donde se desarrollan estos planes de modernización se sitúan en torno a las 150.000, aproximadamente el 60 % de las plazas autorizadas y necesarias por su obsolescencia y que tienen una antigüedad de más de 10 años”, dijo.

Señaló que las plazas autorizadas ya renovadas o en concertación para hacerlo dentro de los planes de modernización son casi 23.600, el 16 % de las existentes. “Solo en un año se ha presentado solicitud para renovar 19.132 plazas turísticas de autorización previa para crear casi una 3.000 más, como resultado precisamente de los incentivos de las plazas renovadas”, apuntó.

Berriel afirmó que, en muy poco tiempo y con la mediación del Gobierno de Canarias, los empresarios “han conseguido créditos por valor de 1.400 millones concedidos a día de hoy”, y como ejemplo de los avances de la ley aludió al municipio de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, “que ha concedido 18 licencias de renovación y está tramitando 16 más”. La cuantía de los proyectos ejecutados o con solicitud de licencia incluidos en el plan de modernización de este municipio turístico supera los 223 millones de euros, añadió.

Según el informe de evaluación, los proyectos ya ejecutados o que son inminentes “van a generar o mantener más de 16.000 puestos de trabajo sólo en el sector de la construcción”, dijo Berriel, y si se llevaran a cabo todos los proyectos previstos la cifra se podría situar en torno a 63.000 puestos de trabajo.

Los grupos de la oposición, PP y NC, se mostraron muy críticos con las conclusiones del informe de evaluación.  El PP criticó al gobierno por presentar “un informe sin concreciones y cuyas cifras no coinciden nada con las que manejamos”, afirmó el diputado Miguel Jorge Blanco. De acuerdo a los datos del Cabildo de Gran Canaria, “entre 2009 y 2014 el número de camas que aumentan en la isla por la renovación asciende a 217 y se han dado de baja en ese periodo 8.768”. Para que la oferta de Gran Canaria crezca, añadió, “son necesarias dos vías, la renovación y la construcción, y eso señor Berriel usted lo sabe”, apostilló.

El diputado de NC, Román Rodríguez, lamentó el procedimiento por el que el Gobierno llevó este asunto al Parlamento “porque no hay posibilidad de tener un debate en profundidad con propuestas de resolución”, dijo Rodríguez, y añadió que los resultados de la normativa en su primer año de vigencia “son escasos y no creíbles”.

 

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