Vista aérea de San Agustín

El Gobierno de Clavijo mantiene en el limbo a miles de pequeños propietarios en el Sur de Gran Canaria

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Política Territorial, responsable política de Gesplan y del nuevo Plan General de San Bartolomé de Tirajana, ni siquiera ha contestado a las alegaciones al PGO presentadas por siete mil personas hace diez meses

 

@teresacardenes

Las expectativas de miles de pequeños propietarios de apartamentos y bungalós en el Sur de Gran Canaria sobre el futuro inmediato de sus inmuebles, sus condiciones de uso y sus posibilidades de explotación privada o turística siguen en el limbo diez meses después de que siete mil personas presentaran en septiembre pasado otras tantas alegaciones contra el nuevo Plan General de San Bartolomé de Tirajana y contra los decretos turísticos del Gobierno de Canarias, que siguen en vigor un año después de las últimas elecciones autonómicas. La respuesta a estas alegaciones fue derivada al área de Política Territorial del Gobierno que preside Fernando Clavijo, como responsable político de la empresa Gesplan, que redactó el nuevo PGO por encomienda del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Pero diez meses después de su presentación, esta respuesta desde Gesplan o el Gobierno no se ha producido, según han confirmado a esta web el propio alcalde del municipio, varios grupos municipales, grandes empresas que también formularon objeciones al PGO y particulares afectados que se dirigieron por escrito a ambas administraciones. Esta web intentó sin éxito obtener datos del Gobierno a través de Política Territorial.

La inexistencia de respuesta a estas alegaciones ha alargado durante un largo año la total incertidumbre de miles de pequeños propietarios sobre qué podrán hacer en un futuro inmediato con sus inmuebles, tanto si residen en ellos, como si aspiran a su explotación individual. Los residentes fueron en parte desmovilizados por el Gobierno cuando éste anunció la inclusión en la nueva Ley del Suelo de una disposición que excluye la posibilidad de que sean desalojados de sus apartamentos si residen en ellos. Pero técnicamente, ese desalojo es todavía técnicamente posible porque siguen en vigor los decretos turísticos del anterior Gobierno que lo permiten. Por si fuera poco, la Ley del Suelo ni siquiera ha comenzado todavía su tramitación parlamentaria. Los segundos, es decir, cualquier pequeño propietario que aspire a la explotación turística de su inmueble de forma individual, siguen doblemente expuestos a su vez a los procedimientos sancionadores y a multas de decenas de miles de euros de los decretos actualmente en vigor, que proscriben el alquiler individual o la explotación de los inmuebles mediante fórmulas de alquiler vacacional.

¿Y qué sucede con los decretos turísticos que afectan a los pequeños? El Gobierno que comparten Coalición Canaria y el Partido Socialista no tienen la menor intención de afrontar el cambio de la ley turística y los decretos que la desarrollan mientras no termine la tramitación de la Ley del Suelo, que ni siquiera ha empezado. El Gobierno autonómico tiene previsto dar el visto bueno al proyecto de la Ley del Suelo el próximo lunes, casualmente un día después de las elecciones generales. En el mejor de los casos, la tramitación parlamentaria llevaría meses y con suerte se aprobaría a finales de 2016 o principios de 2017. En esas condiciones, la modificación de la ley turística no comenzaría al menos hasta 2017, es decir, dos años después de las elecciones autonómicas, con muchas probabilidades de llegar a ningún puerto antes de los siguientes comicios regionales. Una lentitud que parece preocupar poco a la cúpula de Coalición Canaria, netamente tinerfeña, en la medida en que solo Gran Canaria y sus miles de pequeños propietarios son los grandes perjudicados de este estancamiento.

El Ejecutivo autónomo se ha esmerado en trasmitir la falsa percepción de que la aprobación de la Ley del Suelo acabará con las angustias de los pequeños propietarios del Sur de Gran Canaria. Nada más lejos de la realidad. Como mucho, y si no se modifica la disposición adicional sobre los residentes, la ley consolidaría el derecho de los propietarios actualmente empadronados en sus apartamentos y bungalós a seguir disfrutándolos como vivienda. Pero deja fuera a aquellos otros propietarios, en realidad miles, que utilizan sus inmuebles como segunda residencia y que, aunque lo hayan intentado, ni siquiera han podido empadronarse en San Bartolomé de Tirajana para tratar de salvar sus propiedades in extremis. No es casual al respecto la política de restricciones sobre el empadronamiento aplicada durante los últimos meses por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, poco dispuesto a que un problema político generado en el Gobierno por Coalición Canaria y el PSOE acabe trasladándose al municipio a través de nuevos residentes que, de empadronarse, se convierten automáticamente en votantes.

Pero la incertidumbre no es solo un problema que alimenta altos niveles de inseguridad jurídica en el Sur de Gran Canaria. También golpea el bolsillo y los ahorros de miles de personas en una isla que durante décadas canalizó el ahorro familiar hacia la compra de apartamentos y bungalós en el Sur. En la práctica, la ruina está servida para muchos y ya se ha consumado en muchos casos.

¿Cómo? Es sencillo. Los decretos turísticos todavía vigentes, aprobados por Paulino Rivero y que Fernando Clavijo no ha tocado por ahora, no solo obligan a la explotación turística conjunta de los complejos, sino que colocan a los especuladores en una posición de dominio a todos los efectos y les han permitido hacerse con algunas joyas de Playa del Inglés a precios de saldo. El desvío de cientos de miles de turistas hacia Canarias por la crisis de los destinos mediterráneos ha disparado el precio de las camas en el mercado de los turoperadores. Con precontrato firmados a medio plazo con los turoperadores y en algunos casos incluso con dinero adelantado por ellos, algunas empresas han entrado en complejos, comprado una parte de la propiedad e impuesto sus condiciones al resto sin margen alguno de maniobra de los pequeños: en unos casos ofertando  compras de sus inmuebles a precios inferiores a su valor catastral, o bien ofreciendo rentas de explotación raquíticas que apenas cubren las abultadas cuotas de las comunidades. Como atestiguan algunas actas comunitarias, este procedimiento se ha validado expresamente apelando a los decretos turísticos de Paulino Rivero que Fernando Clavijo no ha retocado ni mucho menos revocado.

Por esta vía, muchas familias cuyos padres o abuelos habían depositado en estos apartamentos los ahorros de su vida ven ahora esfumarse el valor de sus inmuebles en un contexto normativo de alta inseguridad jurídica, un mercado de precios a la baja debido a la incertidumbre y sobre todo, sin ninguna expectativa para la rentabilización directa de sus inmuebles. En este tablero cobra un especial significado el hecho de que el Gobierno de Fernando Clavijo tampoco haya movido un dedo para modificar el decreto sobre el alquiler vacacional, que prohibe expresamente esta modalidad de explotación en las zonas turísticas. De nuevo, un asunto de trascendencia insular: la gran perjudicada es Gran Canaria, donde se concentra el mayor número de pequeños propietarios, a los que se impide expresamente cualquier tentativa de sacar algún beneficio directo de la bonanza turística, a menos que quieran arriesgarse a fuertes sanciones que pueden alcanzar los 90.000 euros.

El negocio turístico sigue siendo un coto cerrado y así seguirá siéndolo por ahora, sin que el Gobierno se digne ni siquiera dar una simple respuesta de cortesía a los siete mil afectados que presentaron alegaciones contra el PGO y los decretos turísticos. Y sin que el PSOE, socio de Coalición Canaria en el Gobierno autonómico, diga esta boca es mía.

 

 

 

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