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El monopolio de los taxis le cuesta a los viajeros 324 millones de euros, advierte Competencia

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La CNMC pide eliminar los obstáculos a la libre concurrencia de los vehículos de alquiler con conductor y las aplicaciones como Uber para abaratar entre otros los trayectos urbanos y a los aeropuertos

 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha hecho público hoy un durísimo informe contra las limitaciones a la libre actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) y contra el monopolio de los taxis convencionales en el que advierte nuevamente de la necesidad de eliminar las normas que obstaculizan la prestación de servicios como Uber. Según los cálculos de la CNMC, la pérdida de bienestar que suponen estas restricciones para los ciudadanos puede calcularse como mínimo en 324 millones de euros en un año, una cifra que sería aún mayor si se tuvieran en cuenta las ineficiencias productivas. La comisión de la Competencia cita ejemplos concretos de abaratamiento de los precios que paga el usuario cuando se permite la existencia de ‘taxis alternativos’ para trasladarse por ejemplo de las ciudades a los aeropuertos.

La CNMC explica que la liberalización de servicios o la introducción de taxis alternativos como los ‘mini-cabs’ en ciudades como Londres han permitido un abaratamiento general de los precios de hasta un 25% y también ahorros importantes para los consumidores en los trayectos hacia o desde los aeropuertos tras la llegada de aplicaciones como Uber y Lyft. La comisión de la Competencia detalla que el mismo efecto de abaratamiento gracias a Uber ya se ha experimentado también en multitud de ciudades de Estados Unidos y de Canadá. Pone como ejemplo la iniciativa del Ayuntamiento de Toronto, que rebajó un 25% la tarifa base de los taxis convencionales.

La CNMC lo tiene muy claro y así lo expresa: las limitaciones a libre competencia en el alquiler de vehículos con conductor o mediante aplicaciones informáticas accesibles desde el móvil solo tienen como finalidad la de “blindar el régimen de monopolio existente en la prestación de servicios de taxi”. La comisión dice que ninguna de estas restricciones está justificada y que deben ser eliminadas del marco normativo en España, donde la comisión ya las ha llevado a los tribunales.

Por el contrario, defiende que para el interés general es necesario “establecer un régimen de libertad de entrada y libertad de precio en los mercados de transporte urbano de pasajeros en vehículo (taxi o VTC), con libre prestación del servicio en todo el territorio nacional”.

El informe de la CNMC sostiene que las restricciones a la libre competencia perjudican a los usuarios en muchos sentidos, tanto en términos de precio, como de comodidad, accesibilidad a los servicios y tiempos de espera. Además, advierte que “dificultar que los usuarios puedan compartir vehículo limita la entrada de un modelo de negocio con un gran potencial para dinamizar la competencia en precios en este mercado, aumentar la accesibilidad a este servicio, en especial para personas con menos capacidad de pago, y contribuir a un uso más eficiente de los vehículos de transporte y de los vehículos privados, con probables efectos positivos en términos de congestión y contaminación y gestión de las áreas urbanas”.

El estudio se detiene en detalles como el encarecimiento de las licencias de taxi convencional en un mercado cautivo, una escalada que acaba pagando el consumidor “ya que las tarifas del taxi se regulan partiendo de los costes medios y en un marco de regulación de precios que intenta asegurar una rentabilidad al taxista”. Así, cita expresamente el coste de las licencias en los mercados secundarios en ciudades como San Sebastián (220.271 euros), Santander (215.000), Palma de Mallorca (205.957) o Madrid (142.254 euros).

Y advierte: “El aumento artificial e ineficiente del precio de los servicios de transporte urbano de pasajeros genera efectos de sustitución de este tipo de transporte por otros medios y supone una transferencia de renta de los consumidores a los operadores”.

Recalca que, por el contrario, los sistemas que permiten la contratación y el uso a partir de tecnologías móviles favorecen la competencia y también la mejora de la calidad, dado que las plataformas para móviles incluyen mecanismos de monitoreo y de valoración de los servicios por parte de los usuarios.

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