El Supremo rechaza excluir a los aeropuertos canarios de la privatización de AENA

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El tribunal sostiene que las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno canario no son posibles al haberse realizado ya la venta pública de acciones

La Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) ha rechazado la medida cautelar solicitada por el Gobierno de Canarias para excluir a los ocho aeropuertos canarios del proceso de privatización de AENA llevado a cabo por el Gobierno central. El ejecutivo que preside Paulino Rivero, que se ha opuesto desde un principio a la venta parcial de AENA, fundamentó su petición en lo recogido en el Estatuto de Autonomía de Canarias, que indica que el Gobierno de Canarias asumirá las competencias cuando el Estado no se reserve la gestión directa de los aeropuertos.

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Supremo destaca que las medidas cautelares solicitadas, que incluían también la petición de que el folleto informativo de la Oferta Pública de Venta (OPV) recogiese una advertencia sobre el recurso interpuesto por el Gobierno canario, no son posibles al haberse realizado ya la venta pública de acciones del 49 % del capital de AENA autorizada por el Consejo de Ministros el pasado mes de enero y ofertada en febrero.

Según el Tribunal, el hecho de que la OPV se llevara a cabo antes de que pudiera pronunciarse sobre las medidas cautelares “ha sido la consecuencia inevitable de la legítima estrategia procesal del Gobierno de Canarias, ya que no pidió la medida llamada cautelarísima de suspensión, que le permite la ley (artículo 135 de la Ley de lo Contencioso-administrativo), y que puede acordarse por el tribunal sin oír antes al resto de partes”. Esta medida está prevista para casos de especial urgencia, sin embargo, añade el Tribunal, el Gobierno canario, en su escrito de 2 de febrero, pidió la medida cautelar ordinaria, que prevé un plazo de hasta diez días a la Administración demandada para contestar a la petición cautelar.

En cualquier caso, el Supremo se pronuncia acerca de la petición de las medidas cautelares, no entra en el fondo del asunto y queda pendiente su pronunciamiento acerca del recurso interpuesto por el Gobierno canario. Así, indica que la desestimación de la medida cautelar no resta utilidad al recurso del Gobierno de Canarias contra los acuerdos del Consejo de Ministros de 11 de julio de 2014 y de 23 de enero de 2015 relativos al proceso privatizador de AENA, “pues la realización de la venta pública de acciones no supone que no existan medios de ejecución para el caso de prosperar el recurso”.

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