El vertido de la playa del Cabrón, en manos del juez y la Fiscalía

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El alcalde de Agüimes envía al juzgado de guardia y al Ministerio Público una denuncia por delito medioambiental para que la Justicia investigue quién derramó al mar el petróleo que llenó de alquitrán la costa en la reserva marina del Sureste grancanario

 

El vertido de combustible al mar que llenó de alquitrán una zona rocosa de la reserva marina de la playa del Cabrón, en el Sureste de Gran Canaria, ya está en manos del juzgado de guardia y de la Fiscalía, a los que llegó en sendas denuncias del Ayuntamiento de Agüimes, que aprecia la existencia de un delito medioambiental y quiere que la Justicia determine quién es el responsable. Además, el Ayuntamiento ha advertido a la Capitanía Marítima de Las Palmas, la Comunidad Autónoma y la Guardia Civil que quiere figurar como personado en los expedientes de investigación del caso y en la posible reclamación de indemnizaciones por daños y perjuicios al municipio. El alcalde, Antonio Morales, calcula que el daño causado supera los cien mil euros de coste. La denuncia ante el juzgado y la Fiscalía no precisa el impacto económico, pero sí hace hincapié en las condiciones naturales de la reserva marina que han podido verse afectada por el vertido de combustible.

El texto de la denuncia contiene un relato de lo sucedido desde que el 16 de julio, sobre las cuatro de la tarde, se tuvo conocimiento de la presencia de una mancha de combustible en el mar en la playa del Cabrón, de la que alertó la Guardia Civil a la Policía Local de Agüimes. Subraya que, “en vista de la gravedad”, se decidió activar un operativo de limpieza de la zona, realizada por operarios municipales y voluntarios, aunque también se dio aviso a otros ámbitos institucionales estatales y de la Comunidad Autónoma, incluida la Capitanía Marítima y el CECOES, el órgano de emergencias autonómico. A este último se les pidió especialistas en vertidos (y el Gobierno mandó un único técnico).

En todo este operativo “se utilizaron gran cantidad de recursos”, que el Ayuntamiento no cuantifica por el momento ante la Justicia, entre otros motivos porque todavía hay gestiones pendientes de finalización, incluido el envío y la destrucción de los restos de alquitrán retirados de la zona contaminada.

En lo que sí es muy precisa la denuncia es en relación a la zona dañada. La playa del Cabrón, subraya, “es una Zona Especial de Conservación (ZEC) y figura en la Red Natura 2000. Es un espacio protegido por la existencia en el mismo de bancos de arena, arrecifes, cuevas marinas y la existencia de ejemplares de tortuga boba y tortuga verde, ambas especies en peligro de desaparición en Europa”.

El Ayuntamiento parte de la base de que, con su contaminación, en la reserva marina se ha cometido un delito medioambiental tipificado en el artículo 325 de Código Penal, que prevé penas de prisión, multas e inhabilitación para los que realizaran vertidos que pusieran en riesgo la salud de los humanos o perjudiquen gravemente el equilibrio ambiental.

Desde que se produjo el suceso, el alcalde ha sido enormemente crítico con el comportamiento de otras instituciones y en especial por la Capitanía Marítima, el órgano responsable del control de los barcos que circulan por la zona de su competencia y también de activar los planes de emergencia en caso de contaminación del mar. Pero Morales tampoco ha dejado fuera de sus críticas a otras instituciones, incluyendo al Gobierno de Canarias y su presidente, Paulino Rivero, a los que reprocha no haber aportado “ni un euro” ni prácticamente personal, a excepción de un técnico del CECOES, cuando la mancha ya había impactado contra la costa y el alquitrán se adueñaba de ella.

 

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