España registrará 2.155 vuelos durante los paros de los controladores aéreos

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El espacio aéreo contabilizará 12.245 operaciones durante el fin de semana y una sexta parte coincidirá con el horario de la protesta convocada por el sindicato USCA

 

España registrará este fin de semana un total de 12.245 vuelos y sobrevuelos en todo su espacio aéreo, una sexta parte de los cuales (2.155) se producirán durante la franja horaria de los paros convocados por la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), según datos aportados por Enaire. En principio, se prevé que el impacto sobre los pasajeros sea muy limitado, conforme a los servicios mínimos dictados por el Ministerio de Fomento, que se sitúan de nuevo en el 80 por ciento de la plantilla programada. En Canarias, el número de vuelos y sobrevuelos del fin de semana ascenderá según la misma fuente a 1.585, de los cuales 262 se producirán durante la franja horaria de los paros: entre las 10:00 y las 13:00 horas del sábado 25 de julio y entre las 17:00 y las 20:00 horas del domingo 26, en horario peninsular.

El conflicto entre los controladores aéreos y el gestor de navegación aérea, Enaire, va camino de enquistarse y volverse crónico después de que USCA fracasara este viernes en el intento de encontrar una salida negociada durante la última ronda negociadora, realizada a petición del propio sindicato. En este contexto, los controladores repiten este fin de semana unos paros que, salvo sorpresas, no van a notar las aerolíneas ni los pasajeros, más allá de algún retraso corto y puntual.

Esto se debe a los elevados servicios mínimos dictados por Fomento, que invoca diferentes razones para justificar lo que, a juicio de los controladores, suponen unos servicios mínimos abusivos que desnaturalizan e inactivan su derecho real a la huelga. Para empezar, el ministerio que dirige Ana Pastor recuerda la normativa que le permite dictar servicios mínimos elevados cuando se trate de prestaciones esenciales para la comunidad en materia de aviación civil, pero cita además la ley de medidas urgentes para el crecimiento y la competitividad y, dentro de ella, la posibilidad de fijación de servicios mínimos en los aeropuertos.

El primer argumento es el hecho insular y las limitaciones para el desplazamiento de personas por vía distinta a la aérea tanto hacia y desde Canarias y Baleares como a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y la imposibilidad de limitar ese derecho fundamental al transporte. Pero a partir de ahí desgrana muchos otros: el efecto multiplicador de los efectos de la huelga más allá del propio sector del transporte (sector turístico esencialmente), los efectos acumulativos de los paros, aunque se convoquen para determinadas franjas del día; el elevado tránsito de pasajeros durante el mes de julio por el factor estacional y hasta el impacto sobre los trabajadores que se encuentren de vacaciones en el mes de julio y decidan volar.

Fomento invoca también el peso del turismo en la economía española y “el lucro cesante para la industria española que supondría la interrupción de los flujos de turistas en las fechas señaladas para la huelga”, a lo que añade “el posible deterioro de la imagen turística de nuestro país”, la hipótesis de desvíos de turistas hacia otros destinos competidores y “la pérdida de ese turismo en favor de otros mercados turísticos en el extranjero”. Como ya hizo en la anterior tanda de paros, Fomento argumenta también la compra electrónica por parte de muchos pasajeros de paquetes vacacionales cuyas fechas no pueden luego modificar para eludir la huelga.

Por último, cita la condición de hub o enlace que tienen el aeropuerto de Barajas y otros que son centros de conexión o redistribución de vuelos, así como el efecto multiplicador que los paros trasladarían fuera de los límites estrictamente nacionales, en el contexto del cielo único europeo.

Entre tanto, USCA mantiene intacta sus dos reclamaciones esenciales en esta huelga: la readmisión del controlador despedido en Santiago y la anulación de los expedientes sancionadores impuestos a 61 profesionales de Barcelona por los episodios del puente de la Constitución de 2010, pese al archivo judicial en cadena en una veintena de juzgados españoles de las causas abiertas contra los controladores por el supuesto abandono de su puesto de trabajo.

Estos 61 controladores de Barcelona han sido sancionados con un mes de suspensión de empleo y sueldo, un expediente disciplinario que además se les comunicó a muchos de ellos minutos antes de que comenzaran a prestar su servicio de supervisión del tránsito aéreo, pese a las exigencias legales y a las recomendaciones profesionales de evitar situaciones de estrés en su ámbito y horario laboral para estos trabajadores, cuya misión principal de asegurar la separación de aviones es absolutamente esencial para la seguridad del transporte aéreo. En su día, este procedimiento de comunicación fue duramente criticado no ya solo por USCA, sino por la Asociación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo (Aprocta)

 

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