‘Estado de alarma’ ante el nuevo Plan General de San Bartolomé de Tirajana

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Comunidades de pequeños propietarios se movilizan contra una supuesta expropiación de uso de sus apartamentos y bungalós a través del PGO que el Ayuntamiento desmiente y que sin embargo permite un decreto autonómico de mayo

 

@teresacardenes

Cientos de pequeños propietarios de apartamentos y bungalós en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, el corazón turístico de Gran Canaria, están siendo alertados por las juntas de sus comunidades ante la supuesta pretensión del Ayuntamiento de imponer una expropiación encubierta del uso de sus inmuebles turísticos a través del nuevo Plan General de Ordenación, actualmente en tramitación y fase de alegaciones. Las comunicaciones internas entre comunidades de urbanizaciones turísticas han generado tal estado de alarma que el Ayuntamiento se apresuró este lunes a divulgar una nota de prensa en la que desmiente estar planeando expropiación alguna y niega lacónicamente que se proponga interferir en el uso particular de los inmuebles turísticos. Pero la mecha está encendida y el Ayuntamiento va a necesitar algo más que un comunicado de cuatro párrafos para apagar la hoguera: el verdadero problema reside en un decreto aprobado en mayo por el Gobierno de Canarias que en la práctica persigue imponer el uso turístico en las urbanizaciones, así como eliminar e incluso penalizar y sancionar el uso residencial en los complejos turísticos o mixtos.

Si eres propietario de un apartamento o un bungaló, prepárate porque el nuevo Plan General te obligará a pasar por el aro de la unidad de explotación turística buscada por el decreto del Gobierno de Canarias y, en la práctica, a ceder los derechos de uso a un operador turístico a cambio de retribuciones irrisorias. Este es, en síntesis, el sentido de las cartas y notificaciones que reciben estos días decenas de pequeños propietarios que usan sus inmuebles turísticos en San Bartolomé de Tirajana como segunda residencia o que incluso los han convertido en su vivienda principal al calor de la crisis.

Las cartas tienen un objetivo común: movilizar a las juntas de propietarios y al mayor número de particulares posible para presentar alegaciones contra el nuevo Plan General, un documento cuya redacción asumió el Gobierno de Canarias de común acuerdo con el Ayuntamiento y que ahora, ya finalizado, se encuentra en trámite de exposición pública en el Consistorio. Las comunicaciones alertan a los afectados para que presenten alegaciones y salven el uso residencial de sus inmuebles, de forma que, con el decreto en la mano, no se pueda imponer a los propietarios el uso turístico exclusivo.

La estrategia de comunicación está perfectamente diseñada. Las notificaciones se acompañan de archivos de texto y audio en los que se explica de forma clara qué es lo que supuestamente persigue el redactor del nuevo el Plan General: en síntesis, forzar el uso turístico de todas las urbanizaciones que tengan tal calificación, en consonancia con el citado decreto, independientemente de que los propietarios las mantengan actualmente o no en régimen de explotación turística, y poner todos los impedimentos legales e incluso medidas sancionadoras disuasorias para eliminar el uso residencial de estos complejos.

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana trató este lunes de enfriar esta polémica con un comunicado en el que niega que vaya a realizar “ninguna clase de expropiación de las viviendas, bungalós o apartamentos a los propietarios residentes en las zonas turísticas, ni tampoco impedirá el uso o gestión legal que los propietarios realicen a título particular con sus bienes inmuebles”. Según el Ayuntamiento, es necesario zanjar “la alarma social que están generando las cartas personalizadas enviadas por correo y las informaciones falsas y tergiversadas que se están poniendo en circulación de forma interesada, para generar malestar, confusión y polémica y para crear una corriente de opinión contraria al documento más importante para la ordenación territorial del municipio”.

Pero para los propietarios afectados, muchos de los cuales están siendo ya expresamente movilizados por sus juntas, esta declaración es insuficiente, porque en realidad la teórica ‘expropiación del uso’ vendría dada por el decreto del Gobierno de Canarias, dictado en mayo solo 9 días antes de las elecciones, que efectivamente permite sin ningún tipo de rodeo imponer el uso turístico en las urbanizaciones, incluso en aquellas que tuvieran uso mixto turístico-residencial.

En su artículo 31, sobre “el deber de atenerse al uso turístico”, este decreto señala expresamente que la Administración perseguirá incluso con cuantiosas sanciones los usos distintos al turístico si es esta la calificación de la parcela sobre la cual están construidos los inmuebles. El decreto abre la puerta a que la mitad más uno de los propietarios de un complejo elijan un sistema de explotación turística y que puedan imponerlo al resto de los propietarios, con el apoyo de la propia Administración autonómica, e incluso de ejercer la llamada ‘sustitución’ del propietario disidente.

¿Y por qué se dirige la mirada ahora hacia el plan general? Porque es el propio Ayuntamiento el que tiene en su mano la capacidad de segregar aquellos suelos donde se haya ido sustituyendo la explotación turística por el uso residencial, para establecer un uso exclusivo, bien turístico, bien residencial.

 

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