Fomento admite su inquietud ante el ‘efecto dominó’ de los nuevos paros de controladores

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La resolución que establece servicios mínimos del 80% es esta vez mucho más prolija por la extensión de la protesta a 12 horas consecutivas

 

Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla vuelven a ser por tercera vez consecutiva el primer argumento del Ministerio de Fomento para dictar servicios mínimos con vistas a los dos paros de 12 horas de los controladores aéreos previstos para los sábados 26 de septiembre y 3 de octubre próximos entre las 6:00 y las 18:00 horas. El comité de huelga de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y el gestor de navegación aérea, Enaire, proseguirán este miércoles la búsqueda de una solución que evite estos paros. Pero Fomento ya dictó desde el viernes la resolución de servicios mínimos, que según los cálculos de Enaire alcanzarán al 80 de la plantilla programada para ambas jornadas. Fomento advierte que la extensión horaria de los paros pueden tener efectos en cadena imprevisible y por este motivo endurece también la justificación de los servicios mínimos.

El primer argumento que utiliza el departamento de Ana Pastor se refiere a la obligación constitucional de garantizar la prestación del servicio esencial del transporte a las comunidades insulares de Canarias y Baleares y a las ciudades de Ceuta y Melilla, para las cuales el uso del avión es, especialmente en el caso de Canarias, imprescindible para garantizar la movilidad de los ciudadanos. “En caso contrario, quedaría seriamente mermada la libertad de movimiento de las personas, que es uno de los derechos constitucionales fundamentales”.

Pero Fomento añade “el efecto multiplicador” que conlleva cualquier acción sindical de colectivos profesionales ligados al transporte aéreo para justificar “la determinación para dichos colectivos de unos servicios mínimos superiores en porcentaje a los que correspondería fijar si se tratara de cualquier otra clase de actividad. Esto se debe”, añade, “a que las huelgas en el transporte aéreo provocan la interrupción de procesos cuyo alcance sobrepasa con creces el ámbito territorial, produciendo unos efectos que no se circunscriben a las propias empresas cuyos trabajadores realizan la huelga, sino que generan una perturbación multiplicada y ampliada que, entre otras consecuencias no deseadas, coarta severamente la libertad de movimiento de los ciudadanos, a la vez que impacta negativamente sobre la actividad turística, que es una de las principales fuentes de riqueza de la economía española”.

En la resolución, Fomento recuerda que Enaire, empresa de la que dependen los controladores aéreos convocados a los dos paros, es el único proveedor de servicios de navegación aérea y que gestiona además 22 torres de control, entre ellas las de todos los aeropuertos más importantes de España, entre ellos el Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca, Málaga y Gran Canaria. “Estos servicios de control son fundamentales para que las más de 6.500 operaciones aéreas que, en promedio, diariamente se llevan a cabo en nuestro país de forma regular”.

Los paros precedentes de los controladores aéreos, que Fomento invisibilizó con altos porcentajes de plantilla en régimen de servicios mínimos, se realizaron de forma fraccionada y en tandas de solo 3 horas. Los profesionales desistieron de repetirlos en agosto para no perturbar los movimientos vacacionales de los ciudadanos. Pero ahora, USCA da una vuelta de tuerca ante el imovilismo de Enaire con dos tandas de paros de 12 horas, entre las 6:00 y las 18:00 horas de los dos sábados previstos, con el añadido virtual de una hora más en Canarias al realizarse la protesta en horario ínsular.

Este hecho no pasa desapercibido en la resolución de servicios mínimos, que dedica muchos párrafos a describir prolijamente cómo se organizan los centros y torres de control aéreos. La resolución llega al extremo de subrayar que la falta de plantilla suficiente para realizar la tarea de control obligaría en la práctica al cierre del espacio aéreo o la suspensión de operaciones en los aeródromos afectados.

Pero además recuerda que los controladores han de descansar 30 minutos tras cada dos horas de actividad operacional, conforme a la normativa sobre la actividad aeronáutica. Y entonces, la resolución recuerda que, al ser de 12 horas, el paro convocado afectaría “a un turno diario completo más el anterior y el posterior, por lo que el efecto ocasionado en el tránsito aéreo será de gran intensidad, además de extenderse más allá de dichos períodos, ya que los retrasos y posibles cancelaciones de vuelos serían acumulativos y el reajuste se produciría de manera paulatina”.

A partir de ahí, la resolución incide en otros argumentos que ya utilizó en las convocatorias precedentes: la importancia del turismo para la economía de España, “el lucro cesante que supondría la interrupción de los flujos de turistas en las fechas señaladas para la huelga”, el deterioro de la imagen turística de España, “el desvío de turistas hacia otros destinos competidores” y el impacto personal para los turistas, dado que muchos de ellos adquieren billetes o paquetes de viajes que conllevan la imposibilidad de cambiar las horas o los días de vuelo.

Este dato es relativo, dado que algunas aerolíneas como Iberia ofertaron a sus pasajeros en el primer paro de los controladores de junio la posibilidad de cambiar sus billetes sin coste. Otras como Ryanair, sin embargo, directamente pidieron hace algunas semanas la prohibición en toda Europa de las huelgas de controladores aéreos. Fomento aduce en relación con todas ellas la hipótesis de que las aerolíneas tuvieran que asumir costes extraordinarios como consecuencia de la huelga de controladores.

La resolución resultante del Ministerio de Fomento es en su conjunto mucho más prolija y extensa que las emitidas cuando se convocaron los anteriores paros. Paradójicamente, uno de los asuntos capitales del transporte aéreo, la seguridad, merece un único y corto párrafo de cuatro líneas que dice lo siguiente: “Es importante destacar que la seguridad de las operaciones en ningún caso debe ser alterada por la convocatoria de huelga. En este sentido, la ley 21/2003 de Seguridad Aérea establece la obligación de los proveedores de servicios de navegación aérea de garantizar la prestación de los servicios con el nivel de seguridad adecuado”.

 

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