IU y CSIF cuestionan las normas de acceso a las zonas restringidas de seguridad de los aeropuertos

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La central sindical sostiene que AENA puede hacer un uso arbitrario de las licencias de idoneidad para trabajar en áreas reservadas de los aeródromos y declarar no aptas a personas rehabilitadas

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) ha cuestionado las normas establecidas por el Gobierno de España para la comprobación de los antecedentes penales a las personas que pretendan trabajar en las zonas restringidas de seguridad (ZRS) de los aeropuertos. A partir de una respuesta del Gobierno a una pregunta formulada por los diputados de Izquierda Unida Ricardo Sixto y Ascensión de las Heras, la CSIF considera “una barbaridad, tal como está redactada la norma, que de manera indudable limita derechos y libertades garantizados por la Constitución”. Por su parte, el Gobierno argumenta su obligación de cumplir lo dispuesto en los reglamentos dictados por la Unión Europa “para proteger a la aviación civil de actos de interferencia ilícita”.

En su pregunta, los diputados recuerdan que el Gobierno publicó en abril una adaptación del Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil (PNSAC) en el que se establecen los procedimientos de evaluación de idoneidad de aquellas personas o colectivos cuyos antecedentes personales deben ser verificados antes de que obtengan autorización para acceder como trabajadores a las zonas restringidas de seguridad de los aeródromos. Esta verificación afecta a todo el personal y a las tripulaciones cuyo trabajo exige el acceso a las ZRS.

En función de esa evaluación, el potencial trabajador puede obtener un informe de idoneidad negativo que le declare no apto para operar en esas zonas restringidas. La evaluación la realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las policías autonómicas.

Los diputados enumeraron la larga relación de delitos que provocan una declaración negativa de idoneidad: “desde el homicidio o asesinato, al tráfico ilegal de órganos, secuestro, robos, daños, blanqueo de capitales, apoderarse de materiales nucleares, incendio, falsificación de moneda, tenencia, tráfico y depósito de armas, asociación ilícita, desórdenes públicos, terrorismo, crimen organizado, delitos de humanidad y genocidio o de piratería. Pero también”, agregó la pregunta, “todo lo relacionado con los delitos contra la salud pública, incluidos los relacionados con el cultivo, elaboración o tráfico de drogas, por ejemplo”.

Pero a estos antecedentes agrega la posibilidad de que la declaración de idoneidad negativa se produzca “en atención a la consideración de otras circunstancias personales”, y no ya como consecuencia de una comisión de delitos.

La CSIF considera que, tal como está redactada, la norma “deja un poder absolutamente discrecional y arbitrario a AENA de conceder o no una tarjeta de acceso a una persona que puede estar rehabilitada totalmente” y exige que la disposición sea revisada al existir dudas razonables sobre su encaje constitucional.

Por su parte, los parlamentarios de IU preguntaron al Gobierno si esta norma “deja una puerta abierta a la arbitrariedad”, si las personas afectadas por una declaración de idoneidad negativa tienen la opción de recurrir esa decisión y si no se conculca el derecho constitucional al trabajo a aquellos trabajadores declarados no aptos. También cuestionaban “el dudoso encaje legal o constitucional de esta restricción del derecho al trabajo de personas por ejemplo que hayan cumplido su pena o se encuentren en las figuras que se consideren arbitrariamente en el futuro fuera de los requisitos de circunstancias personales o penales”.

En su respuesta, el Gobierno sostiene que “todos los países de la Unión Europea llevan obligatoriamente a cabo la comprobación de antecedentes personales” y que en todo caso “las diferencias en el procedimiento de revisión (…) radican en el organismo competente (…) en función de la legislación nacional específica de cada país”. Según la respuesta, la adaptación llevada a cabo persigue precisamente “que no existan criterios de arbitrariedad” y “sin contradecir ni limitar ninguno de los derechos generales que en todo momento amparan al ciudadano en cuanto a recursos o reclamaciones”.

El Ejecutivo también subraya que “un trabajador no necesitará esta evaluación de idoneidad cuando realice su función en cualquier otra zona del aeropuerto” que no esté sujeta a restricciones y que “los antecedentes penales que hayan sido cancelados por cualquier persona a efectos de la valoración de idoneidad se entenderán como no existentes”. Añade que, aunque figuran dos quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo en relación con esta verificación, AENA no ha recibido todavía contestación alguna de esta institución.

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1 comment

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  1. Laura Fidalgo 18 enero, 2017 at 22:26 Responder

    Buenas noches.

    Ante todo gracias por la información.

    Mi pregunta es si esa evaluación de la idoneidad de la persona que dice la norma se hace siempre y aun teniendo algún antecedente penal por ejemplo puede resultar APTA, o ya por tener por ejemplo un antecedente penal se da directamente por NO APTA?

    Me he leído la norma y yo entiendo que se estudia a cada persona y aun teniendo algún antecedente penal esa valoración puede darse como APTA. Precisamente en el apartado 9 de una resolución referida al Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil (https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/27/pdfs/BOE-A-2016-726.pdf) se especifican una relación de delitos que sí provocan que el informe de idoneidad sea negativo (NO APTO) siempre, “sin perjuicio del posible resultado negativo de la evaluación de idoneidad en atención a la consideración de otros antecedentes penales o de otras circunstancias personales”. Por esto, yo entiendo que con algún delito que no sea ninguno de los mencionados en ese apartado 9 sí pueda concederse la acreditación.

    Me gustaría que me indicarais si sabéis cómo se suele estar haciendo en el Aeropuerto de Madrid-Barajas, casos que conozcáis en primera persona, etc. Por ejemplo en el caso de un delito muy común como es dar positivo en un control de alcoholemia y que te retiren el permiso de conducir menos de un año, ¿afectaría ese delito en los antecedentes penales para alguien que fuera a volver a trabajar en una compañía pero en pasaje, no en pista? Me parece que en cualquier aeropuerto puede haber cientos de empleados con un delito así y no por eso hay que negar el acceso al empleo a esas personas.

    Muchas gracia de antemano de nuevo! Un saludo!!

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