La Agencia de Seguridad Aérea archiva los expedientes a 61 controladores de Barcelona

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Los expedientes de la AESA son independientes de los que mantiene abiertos Enaire y que han provocado ya tres tandas de paros en los centros de control convocados por USCA

Teresa Cárdenes

@teresacardenes

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha archivado los expedientes administrativos que pesaban sobre 61 controladores aéreos de Barcelona a raíz de los graves conflictos vividos en los aeropuertos españoles en diciembre de 2010. Estos expedientes de la AESA se tramitaban de forma independiente a los sancionadores, con un mes de suspensión de empleo y sueldo, impuestos a estos controladores por el gestor de navegación aérea, Enaire, y que han motivado tres tandas parciales de paros de los controladores aéreos españoles en los meses de junio y julio por la petición del sindicato USCA de que sean desactivados. El archivo por parte de la AESA libera a los 61 controladores afectados de la posibilidad de ser sancionados con multas de entre 90.000 y 225.000 euros previstas en la Ley de Seguridad Aérea para las infracciones muy graves.

La resolución dictada por AESA establece “la ausencia de responsabilidad” de los 61 controladores afectados, que pertenecen al Centro de Control de Tránsito Aéreo de Gavá, en Barcelona, una vez ha sido culminada la tramitación de los expedientes por hechos ocurridos los días 3 y 4 de diciembre de 2010. Los expedientes se basaban en la supuesta realización de actos contemplados como faltas muy graves en la Ley de Seguridad Aérea, que entre otros supuestos incluye para los controladores de tránsito aéreo los de inasistencia justificada al puesto de trabajo o el abandono del mismo. La resolución de la AESA tiene una fundamentación análoga a la que determinó el archivo judicial de la causa por el juzgado de Instrucción que examinó la conducta de los controladores de Gavá y dictó el sobreseimiento.

Justamente después de este archivo judicial, Enaire reactivó los expedientes disciplinarios y sancionó a estos controladores con un mes de suspensión de empleo y sueldo. Estas sanciones y el despido de otro controlador aéreo de Santiago son las causas de los paros realizados por los controladores aéreos, que exigen respectivamente la anulación de los expedientes y la readmisión del profesional despedido.

Tras el grave conflicto entre el Gobierno de España y los controladores aéreos que atrapó en los aeropuertos a decenas de miles de personas en diciembre de 2010, se articularon sobre los profesionales de control de tránsito aéreo medidas sancionadoras por una triple vía: la laboral, por parte de AENA Navegación (ahora Enaire); la administrativa, con los expedientes abiertos por la AESA al amparo de la Ley de Seguridad Aérea, y la penal, con los procesos de instrucción iniciados en más de veinte juzgados contra controladores acusados de sedición y abandono de su puesto de trabajo.

En los tres últimos años, más de veinte juzgados archivaron la causa contra los controladores en la vía penal, en algunos casos (caso de Santiago) con reproches muy duros a la Administración. Así jueces y fiscales fueron desmontando la teoría del entonces Ministerio de Fomento de que los controladores habían causado el caos aeroportuario. Sin embargo y pese al archivo de la causa también en Barcelona, esto no impidió que Enaire reactivara hace unos meses los expedientes de sanción sobre los controladores de Gavá.

Susana Romero, controladora y responsable del área de comunicación de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), resaltó este jueves que, tras el archivo por parte de la AESA, han decaído ya dos de las tres iniciativas de sanción sobre los 61 profesionales afectados en Barcelona. USCA no entiende por qué motivo se empecina Enaire en mantener los expedientes que han provocado tres trandas de paros, “cuando todo el mundo ve claramente que no hay responsabilidad de los controladores. Por eso decimos que quiere mantener la conflictividad”. Por los mismos hechos, Enaire ha obviado las sanciones en unos centros de control y sin embargo las impone en otros, como es el caso de Barcelona.

Los aeropuertos españoles vivieron un grave conflicto en el puente de la Constitución de 2010 que desembocaron en el cierre del espacio aéreo, la declaración del estado de alarma y la militarización de los centros de control aéreo por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El Ministerio de Fomento ocultó entonces a los ciudadanos datos fundamentales para entender el conflicto, como el hecho de que la AESA hubiera rechazado entonces la pretensión de Navegación Aérea de aumentar el cupo máximo de horas aeronáuticas a los controladores de Santiago y Madrid, que estaban a punto de consumirse semanas antes de que finalizara el año. La AESA rechazó el aumento con el argumento de que podía admitirse por causas sobrevenidas ligadas al tráfico aéreo, pero no por problemas internos de gestión de los recursos humanos.

 

 

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