Playa del Inglés. Fotografía: Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana

La batalla por el alquiler vacacional en Canarias se libra en los tribunales

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El Tribunal Superior de Justicia de Canarias tramita ya dos recursos contra el decreto autonómico que el Gobierno regional se resiste a cambiar

 

(Fotografía superior: Playa del Inglés, Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria)

La batalla por la liberalización del alquiler vacacional en Canarias se librará definitivamente en los tribunales, donde tanto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) han presentado sendos recursos, ya admitidos a trámite, contra el decreto autonómico que regula esta actividad. La Ascav celebra que la Justicia haya admitido su iniciativa tras hacerlo con la presentada por la CNMC, en ambos casos contra un decreto que impide la actividad del alquiler vacacional en zonas turísticas y que también proscribe la fórmula del bed and breakfast de manera general. El Gobierno autonómico que preside Fernando Clavijo se resiste a cambiar el decreto sobre el alquiler vacacional, a pesar de que los grupos que lo integran (CC y PSOE) llevaron al Parlamento y aprobaron por sobrada mayoría una proposición no de ley para cambiar los términos de esta norma. El Gobierno desoyó su propia recomendación en el Parlamento y mantiene un total inmovilismo sobre esta cuestión, mientras se enfrasca desde hace un año en la realización de informes.

El recurso de la Ascav admitido por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias sostiene que el decreto canario sobre alquiler vacacional vulnera la ley de Economía Sostenible e incurre en una posible nulidad radical al excluir las zonas turísticas como ámbito de ejercicio de esta actividad. La asociación sostiene que el decreto vulnera la libre competencia e impone una discriminación “arbitraria e injustificada”. También subraya que la exigencia a los propietarios de viviendas vacacionales de presentar una declaración responsable al registrar sus inmuebles “es un medio intervencionista” que vulnera la directiva Bolkestein de la Unión Europea, cuyo espíritu es justamente lograr la liberalización.

El decreto canario de alquiler vacacional ya se hizo merecedor de un duro reproche de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que censuró al Gobierno de Canarias haber colocado en posición de privilegio a las empresas turísticas tradicionales frente a las nuevas modalidades de economía colaborativa que incentiva internet. También la Comisión Europea se ha pronunciado estos días en contra de las restricciones de los estados miembros a la economía colaborativa y de los impedimentos que se pretenden oponer a fórmulas como Uber o Airbnb.

¿Quieres saber más? Mira la entrevista a Doris Borrego, presidenta de la Ascav, sobre las limitaciones impuestas al alquiler vacacional en Canarias.

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