La venta de AENA acabará en el juzgado, advierte el Gobierno de Canarias

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El Gobierno autonómico exige a la CNMV que avise a los futuros inversores de su intención de impugnar la privatización

 

Si quieres ser propietario de una fracción de AENA, por pequeña que esta sea, has de saber que la Comunidad Autónoma de Canarias se propone impugnar su privatización en los tribunales para que te atengas a las consecuencias. Es la filosofía que inspira el acuerdo adoptado este jueves por el Gobierno de Canarias: en vista de que una parte de AENA saldrá a Bolsa a través de una oferta pública de venta (OPV), el Ejecutivo canario pretende que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advierta expresamente de la impugnación a los futuros compradores. El objetivo, dice, es que “los inversores interesados en adquirir acciones de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea cuenten con toda la información posible y conozcan todas las circunstancias que rodean el proceso de privatización del ente público”.

El Gobierno pide expresamente que la advertencia “se haga constar en el folleto informativo de la futura OPV” que realizará para vender en la Bolsa el 28% del capital de AENA. Esta decisión constituye otra muestra más de frontal rechazo de la Comunidad Autónoma de Canarias frente a la iniciativa de privatización del 49% de AENA anunciada hace semanas por la ministra de Fomento, Ana Pastor, que se realizará en dos bloques: la venta de un 28% en la Bolsa y de otro 21% a un grupo de empresarios que se seleccionarán mediante un proceso de licitación pública.

El Ejecutivo canario se opone rotundamente a este proceso privatizador y además exige que se declare competencia autonómica la gestión de los aeropuertos canarios, que considera absolutamente estratégicos para una comunidad autónoma que depende del turismo.

“El Gobierno de Canarias ya ha remitido al Estado los argumentos que demuestran que esta operación supone el cambio de gestión de la Red Aeropuertos, de un modelo de gestión directa de la Administración Pública a uno de gestión indirecta, lo que, en base al Estatuto de Autonomía de Canarias, debe traducirse en el traspaso de la gestión, no a inversores privados, sino a la propia Comunidad Autónoma”, remata el Ejecutivo de Paulino Rivero.

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