“La Administración ha convertido en carnaza la propiedad de miles de personas en el Sur de Gran Canaria”

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Davinia Arbelo, concejala de San Bartolomé También Puede, sostiene que el Plan General y los decretos turísticos desprotegen a los pequeños propietarios y “amparan a quienes intentan hacerse con sus inmuebles a precios irrisorios”

 

Davinia Arbelo es concejala de San Bartolomé de Tirajana, el mayor municipio turístico de Canarias. A ella acudieron hace semanas muchos residentes y pequeños propietarios de bungalós y apartamentos situados en suelo turístico ante el temor a ser desalojados o totalmente excluidos de cualquier uso privativo de sus inmuebles, como establece el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) y el marco normativo que lo inspira, la Ley de Modernización Turística aprobada en 2013 y el decreto que la desarrolla, avalado en mayo de 2015 por el anterior Gobierno de Canarias cuando ya estaba en funciones y a pocos días de las últimas elecciones autonómicas. Arbelo sostiene que este conjunto normativo ha convertido “en carnaza la propiedad de miles de personas” al ponerlas “de manera prácticamente gratuita y avalada por incentivos de la administración” al servicio de empresas explotadoras que se acojan a los requisitos contemplados en la ley y el decreto.

Se trata, dice la concejal de San Bartolomé También Puede, de una normativa “que desprotege a los pequeños y que ampara a los que intentan hacerse con sus propiedades a precios irrisorios”. En una vídeo entrevista grabada con ocasión del Día Mundial del Turismo, Arbelo subraya la necesidad de paralizar el Plan General y también de modificar las normas sobre turismo después de hacer “un diagnóstico real de lo que ocurre en este Sur, y no a la medida de los delirios de algunos políticos y empresarios”.

Arbelo censura que tanto el PGO como la ley y el decreto se redactaran “sin espacio para los afectados” y de espaldas a ellos. En su opinión, no cabe sostener que los efectos inducidos por el PGO, redactado por la empresa pública Gesplan a imagen y semejanza de la ley turística, cogieran por sorpresa al Ayuntamiento que hoy preside Marco Aurelio Pérez. “El Ayuntamiento estuvo informado en todo momento y además se habían aprobado instrumentos anteriores de ordenación, como el plan insular, y nuestro alcalde era consejero del Cabildo y votaba a favor de los mismos, no es algo que haya llegado de repente al Ayuntamiento”.

Sobrepasado por la protesta de miles de personas dentro y fuera de San Bartolomé de Tirajana, el grupo de gobierno aprobó el 28 de septiembre una petición al Gobierno de Canarias para que derogue el decreto de mayo. Pero Davinia Arbelo sostiene que, amén de lo que ocurra con el decreto, es necesario paralizar el Plan General.

También advierte que la movilización ciudadana surgida contra el PGO y las normas turísticas son espontáneas y que no obedecen a ninguna instrumentalización política. Se trata, dice, de personas que viven situaciones muy heterogéneas y se han visto unidas por un problema común. “Intentando pasar el rodillo por encima de ellas, agrediendo sus títulos de propiedad sin informarlas y con nocturnidad y alevosía, han hecho el colectivo homogéneo”.

Pincha el enlace para ver completa la entrevista a Davinia Arbelo.

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1 comment

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  1. Enrique 4 octubre, 2015 at 21:00 Responder

    Creo que es necesario hacer una reflexión; los pequeños inversores han convertido el sur en un espacio degradado, mutando apartamentos turísticos en viviendas que son domicilio permanente de miles de personas cuando los mismos no reúnen mínimos requisitos para ello, lo cual conlleva ocupar zonas comunes sin que se invierta un duro en adecentar y mantener los complejos, de los cuales huyen los turistas que exijan un mínimo de condiciones. Tampoco hay que llamarse a engaño, esos inversores sabían lo que compraba, apartamentos con uso turístico y nada más. Que no confundan a la opinión pública, lo que pasa es que hay muchos intereses.
    Mientras, el sur se degrada, en los apartamentos viven familias de cuatro personas, mas perro, gato y…en 40 metros cuadrados, ocupando terrazas con mobiliario, niños que están todo el día en la piscina y zonas comunes…una barriada en un complejo que debía ser turístico, todo lo cual también es síntoma de una nefasta gestión del suelo y vivienda pública por parte de la Administración.

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