Los controladores eluden los paros en agosto y volverán a votarlos en septiembre

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USCA convocará el mes próximo el Comité Interdependencias antes de votar en asamblea la reanudación de huelgas de mayor duración que los paros parciales de junio y julio

La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha decidido interrumpir durante el mes de agosto las medidas de protesta para exigir la readmisión de un profesional despedido en Santiago y la anulación de las sanciones disciplinarias (un mes de suspensión de empleo y sueldo) aplicadas a 61 trabajadores del centro de control de Barcelona por el grave conflicto de diciembre de 2010. El comité ejecutivo de USCA se reunió el viernes y decidió posponer a septiembre cualquier medida de presión ante Enaire por estas reclamaciones para no causar trastornos a los usuarios del transporte aéreo en un mes vacacional y de máxima actividad como es el de agosto. USCA convocará a principios de septiembre el llamado Comité Interdependencias antes de consultar a la asamblea nacional del sindicato la convocatoria de nuevos paros en la segunda quincena del mismo mes.

Tras un debate intenso en el comité ejecutivo del pasado viernes, USCA ha decidido suspender cualquier acción reivindicativa durante el mes de agosto “por responsabilidad y por prudencia”. La dirección del sindicato ha explicado a sus miembros que no quiere dejar resquicio alguno al gestor de navegación aérea en España, Enaire, para culpar a los controladores aéreos de incidencias que puedan repercutir sobre los usuarios. Así se especifica en una comunicación interna: las acciones reivindicativas no caben durante el mes de agosto “por no suponer un obstáculo al éxito de uno de los sectores económicos de nuestro país en su momento álgido y por no dar ocasión a los irresponsables que nos gestionan de presentarse como salvadores de la patria frente a los desalmados controladores“.

Por este motivo, USCA traslada cualquier acción sindical al mes de septiembre. De acuerdo con las comunicaciones internas remitidas a sus miembros por la dirección de USCA, los órganos internos retomarán en septiembre el debate sobre nuevas medidas de presión, en principio sobre la propuesta de reanudación de la huelga en la segunda quincena del mes, pero esta vez con medidas de mayor duración en el tiempo, frente a los paros fraccionados de tres horas que se han realizado durante ocho días de junio y de julio. Estos paros pasaron desapercibidos para la mayor parte de los usuarios debido a los servicios mínimos dictados por el Ministerio de Fomento, que USCA denunció en los tribunales por considerarlos abusivos y contrarios a los derechos de los trabajadores.

USCA subraya a sus afiliados que se trata de una suspensión temporal de los paros y no de una finalización, dado que el conflicto con Enaire, lejos de resolverse, tiene visos de agravarse en los próximos meses ante la posibilidad de que el gestor de navegación aérea decida imponer sanciones disciplinarias como las de Barcelona a otros colectivos de controladores sobre cuyo comportamiento ya se ha dictado un archivo por los juzgados de instrucción en la vía penal por los episodios de diciembre de 2010.

“El conflicto persiste. Y de acuerdo con lo manifestado por la representación de la empresa, tiene visos de agravarse, puesto que (Enaire) insinuó la posibilidad cierta de seguir resolviendo con sanción expedientes laborales allí donde los juzgados han resuelto que no existía responsabilidad de los controladores imputados en su día”, comunica la dirección de USCA a los miembros del sindicato.

En una nota distribuida a los medios de comunicación, USCA expresa su rechazo a la negativa de Enaire a negociar y se pregunta cómo es posible que mantenga las sanciones sobre los controladores de Barcelona tras el archivo por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) de los expedientes administrativos que había abierto tras los episodios de 2010. También subraya que es incomprensible que no se reconsidere el despido del controlador de Santiago después de que el juez instructor de la causa en aquella jurisdicción concluyera que la Administración utilizó argumentos falsos para tratar de culpar a los controladores aéreos del caos aeroportuario de 2010.

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