Pilar Vera, presidenta de AVJK5022

Pilar Vera da otro paso de gigante por la seguridad aérea y las víctimas ante la OACI

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La federación internacional de víctimas aéreas y la asociación de víctimas del JK5022, presididas ambas por la grancanaria Pilar Vera, han dado otro paso de gigante en la 39 asamblea de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), celebrada en Canadá, al lograr la aprobación por el plenario y la consecuente elevación al consejo de tres comunicaciones para mejorar la asistencia a los damnificados por catástrofes aéreas, mejorar la información internacional sobre las recomendaciones de seguridad y garantizar la independencia en la investigación de los accidentes.

Las tres comunicaciones defendidas personalmente por Pilar Vera y asumidas por la asamblea serán ahora enviadas para su consideración y afianzamiento al consejo de la OACI. Se trata de otro hito sin precedentes en la labor de la AVJK5022 y de Pilar Vera, que ya habían logrado hace pocos meses el reconocimiento de la federación internacional de víctimas como invitada permanente de la asamblea de la OACI y situarla al mismo nivel que las organizaciones internacionales de pilotos (IFALPA) o controladores aéreos (IFATCA).

La primera de las comunicaciones presentadas por la federación y asumida por la OACI, en una asamblea a la que asistieron dos mil personas y estuvieron representados 191 países, pide la creación de una base de datos en la OACI que reúna todas las recomendaciones de seguridad operacional emitidas con posterioridad a incidentes o accidentes de la aviación civil. Vera defendió la creación de este repositorio de datos como un gigantesco banco de información que puede contribuir a la mejora de la seguridad operacional. Su aceptación por parte de la asamblea de la OACI constituye un importantísimo paso y un gran logro de la federación de víctimas, después de que en el pasado otras comunicaciones análogas fueran descartadas por el mismo órgano.

La segunda comunicación aprobada y elevada al consejo tiene que ver con la asistencia a las víctimas de catástrofes aéreas, un área donde la AVJK5022 ya había logrado grandes avances en España al impulsar  y lograr tras un esfuerzo hercúleo el establecimiento de un protocolo oficial de asistencia a las familias. Se trata de un amargo capítulo que los familiares del vuelo JK5022 conocen muy bien, después de vivir en carne propia las espantosas horas de angustia y desinformación total que siguieron a la catástrofe del vuelo de Spanair el 20 de agosto de 2008 en el aeropuerto de Barajas.

En esta comunicación, la federación hace un reconocimiento de todos los pasos previos que ya había dado la OACI en favor de la asistencia a las víctimas y sus familias, pero pide un mayor seguimiento y control de la implementación de medidas análogas por todos los estados miembros, al objeto de que las recomendaciones no se conviertan en papel mojado.

Así lo indicaba el texto elevado a la asamblea por Pilar Vera: “La finalidad última es avanzar hacia una cultura de asistencia a víctimas que forme parte del propio sistema de aviación comercial, sin que las medidas a ser tomadas se identifiquen solamente en el caso de producirse el accidente aéreo, de forma improvisada, sino que estén inicialmente previstas en los sistemas de aviación civil de cada Estado”.

Con todo, la más trascendente para la seguridad aérea es la tercera comunicación elevada por Vera a la asamblea y consecuentemente al consejo de la OACI: una petición para supervisar, controlar y garantizar la independencia de las comisiones de investigación de accidentes aéreos. Esta comunicación consta de cuatro peticiones: por un lado, instar a todos los estados a constituir comisiones de investigación y a garantizar su independencia; por otro, instar a la OACI a establecer criterios de salvaguarda de la independencia en las investigaciones y también a realizar auditorias para defenderla.

Se trata de una importantísima recomendación que, en el caso de España, coincide con una amarga paradoja en un país donde el empeño oficial por la independencia de las investigaciones deja mucho que desear. De hecho, esta aprobación por parte de la OACI se produce apenas pocos meses después de que la Unión Europea reprochara a España la falta de independencia en la investigación de otra catástrofe en el transporte público, en este caso el accidente del tren de Santiago que dejó 80 víctimas mortales, y pocas semanas después de que ADIF, dependiente del Ministerio de Fomento, admitiera ante la Justicia que durante meses se reservó 300 folios de documentación esencial para examinar la seguridad del tren accidentado.

Pocas semanas antes de esta asamblea de la OACI, la asociación que preside Pilar Vera también había reprochado duramente al Ministerio de Fomento que hubiera consentido elevar a la presidencia de la comisión oficial de investigación de incidentes y accidentes aéreos a un antiguo ejecutivo de un fabricante de aviones.

Las paradojas no terminan aquí: en esta 39 asamblea, España fue reelegida miembro el consejo de la organización, el máximo órgano de la OACI, integrado por 36 estados y del que forma parte de manera ininterrumpida desde 1951. La presencia tiene que ver entre otros factores con el hecho de que España sea el séptimo país del mundo en número de pasajeros de transporte aéreo, con 207 millones de viajeros solo en el año 2015 y 178 millones en los primeros meses de 2016.

Así, España tendrá que validar en la OACI recomendaciones sobre aspectos ante los cuales sus autoridades nacionales no se han mostrado en absoluto sensibles en la gestión institucional doméstica. No en vano, la preocupación real de los sucesivos gobiernos por la seguridad operacional obtiene históricamente un sonoro suspenso de las organizaciones profesionales y de víctimas, que desconfían abiertamente de los órganos supervisores y en especial de la CIAIAC por su lentitud, su ineficacia y su total dependencia del Ministerio de Fomento.

 

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