De Armas (Lopesan) defiende una regulación turística en cada isla “para no echarnos los trastos a la cabeza”

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El presidente de IFA y consejero de Lopesan recuerda que la planta extrahotelera es “muchísimo mayor en Gran Canaria” y sin embargo fue Tenerife la que enarboló posiciones “radicales” para limitar el alquiler vacacional”

 

El alto ejecutivo sostiene que la moratoria “no tendría que haber existido” y que las herramientas para incentivar la rehabilitación “ni han funcionado ni han servido”

 

Los instrumentos normativos para incentivar en Canarias la rehabilitación de la planta alojativa obsoleta “ni han funcionado ni han servido”, sostiene Santiago de Armas, presidente de IFA y consejero del grupo Lopesan. De Armas sostiene que incluso para dar impulso a la rehabilitación de la planta alojativa obsoleta es necesario que se permita realizar “nuevas construcciones”. Además, el alto ejecutivo defiende una adaptación de la regulación turística adaptada a las características del sector en cada isla: “La actividad turística no es homogénea y así evitaríamos echarnos los trastos a la cabeza”.

De Armas, hombre de confianza del propietario del grupo Lopesan y además secretario de su consejo de administración, cree que “por supuesto” ya habría llegado la hora de aparcar el concepto normativo de la moratoria turística, que “ni siquiera tenía que haber existido, entre otras cosas porque Gran Canaria ya ha tenido sus propias moratorias de facto”. Pero se mostró especialmente crítico con las herramientas incluidas en la mal llamada moratoria para incentivar la rehabilitación, “que por cierto no conocemos ninguna que provenga de ahí: es un instrumento que ni ha funcionado ni ha servido”. Censuró también los continuos cambios normativos y las complicaciones sobrevenidas: “No tenemos un cuerpo normativo, siempre se crea otro que matiza o condiciona el anterior. Si alguien desde fuera viniera a invertir y tuviera que revisar la estructura normativa con la que tiene que lidiar, no se le hace atractivo”.

Los proyectos de ejecución más inminente del grupo Lopesan son la ampliación del hotel Villa del Conde en una parcela colindante, con la creación de 54 nuevas unidades alojativas de 5 estrellas, y también “un gran resort” dentro del plan parcial Meloneras Golf, mayor aún que el hotel Costa Meloneras. “Pero la normativa desde luego no ayuda, son cada vez más organismos los que tienen que conocer y autorizar los proyectos”.

Santiago de Armas dijo comprender la movilización generada en Canarias por los que defienden la regularización del alquiler vacacional y llamó la atención sobre el hecho de que, en su opinión, el movimiento surgiera de Gran Canaria, donde “el sector extrahotelero tiene muchísima más presencia que en Tenerife”. Recalcó que las organizaciones empresariales de Gran Canaria tuvieron oportunidad de plantear exigencias como las de definir los requisitos mínimos o establecer el pago obligatorio de impuestos y de cuotas de la Seguridad Social. Pero en Tenerife, dijo, “con estas alegaciones fueron mucho más radicales y fue allí donde se dijo que no fuera de aplicación en ningún suelo turístico. Y al final de forma muy rápida y apresurada fue lo que se recogió en el decreto y esto es lo que ha tenido consecuencias”.

En su opinión, tanto el debate sobre el alquiler vacacional como el que ha surgido sobre la residencialización de las zonas turísticas han puesto en evidencia “que la actividad turística de las Islas no es homogénea y debe regularse de forma diferente en función de su actividad, y no hacer proyectos globales, porque acabamos echándonos los trastos a la cabeza”.

De Armas confió en que la polémica de la residencialización no desemboque en una paralización del Plan General de Ordenación (PGO) de San Bartolomé de Tirajana, el mayor municipio turístico de Canarias, porque “los defectos” no nacen en el Plan General, sino “en legislaciones complementarias”, dijo en alusión al decreto que desarrolla la Ley de Modernización Turística, que prohibe el uso residencial en los complejos turísticos y expone a los pequeños propietarios al riesgo de una transmisión forzosa de los inmuebles a un tercero. “Entiendo la energía con que el alcalde de San Bartolomé dice que el Plan General no es el instrumento para resolver esos problemas”

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