Vuelta de tuerca a las protestas contra los sondeos de Repsol en Canarias

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El Cabildo de Lanzarote califica de “insulto” que Brufau dé por hecho el permiso final “sí o sí” cuando ni siquiera ha terminado el plazo de alegaciones ante Industria

 

Los nacionalistas canarios preparan una vuelta de tuerca en su espiral de protestas contra las prospecciones de Repsol a 60 kilómetros de la costa de Fuerteventura que incluye acciones institucionales, pero también peticiones de apoyo a colectivos sociales. Esta nueva fase de oposición política a los sondeos de la petrolera se abre coincidiendo con la finalización del plazo abierto por el Ministerio de Industria para que todas las instituciones y colectivos personados en el expediente de los sondeos presenten alegaciones técnicas contra el permiso final, cuya concesión corresponde a la Dirección General de Política Energética y que se cree inminente. Instituciones como el Cabildo de Lanzarote han pedido una prórroga del plazo inicial de audiencia, de solo 10 días, pero redactan a toda velocidad las nuevas observaciones técnicas que elevarán a Industria.

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, tiene previsto reunirse este viernes 25 de julio en la Presidencia del Ejecutivo con una representación amplia de colectivos contrarios a las prospecciones en un encuentro al que también está previsto que asistan los presidentes de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, Pedro San Ginés y Mario Cabrera, ambos de Coalición Canaria, igual que Rivero. Este mismo miércoles, Rivero también mantuvo un peculiar encuentro en Tenerife para hablar de las prospecciones con los grupos minoritarios de la oposición en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Y está previsto que comparezca el jueves inmediatamente después del Consejo de Gobierno convocado en Tenerife, en lo que parece al escenografía de un nuevo anuncio relacionado con las medidas de rechazo a las prospecciones, que el Ejecutivo desarrolla simultáneamente en el frente judicial, político y de presión a las empresas que forman parte del accionariado de Repsol, caso de Sacyr y La Caixa.

La escalada de la retórica tampoco ha estado ausente este miércoles, un día después de la visita que el presidente de Repsol, Antonio Brufau, realizó a Las Palmas de Gran Canaria para reunirse sucesivamente con la Confederación Canaria de Empresarios y una veintena de periodistas del Archipiélago. Así, el Cabildo de Lanzarote anunció este miércoles una respuesta “proporcionada y contundente” al anuncio de Repsol de que iniciará en otoño próximo las prospecciones. En una nota, el vicepresidente de la corporación, Joaquín Caraballo, consideró “un insulto más, como su campaña publicitaria”, el hecho de que “el señor Brufau anuncie que las perforaciones las va a hacer sí o sí”, cuando ni siquiera ha terminado el trámite de audiencia para presentar nuevas alegaciones por parte de las instituciones que se oponen.

En la misma dirección se manifiesta Pedro San Ginés, que en la misma nota advierte a Repsol que “existen valores que no se pueden comprar o vender, uno de ellos es la voluntad de una población y otro la salud del territorio donde se ubica”.

En su comunicado, el Cabildo de Lanzarote se pregunta cómo es posible que el Ministerio de Medio Ambiente diera una declaración de impacto ambiental positiva a las prospecciones de Repsol cuando en 2011 emitió un informe técnico contra actividades ruidosas en el fondo del mar que perturbaran a la población de cetáceos, abundante en la misma zona donde ahora se proyectan las prospecciones. El cabildo detalla que el informe recomendaba expresamente prohibir “la realización de actividades que incluyan el uso de sonares activos de baja y media frecuencia y alta intensidad, especialmente los utilizados en maniobras militares, actividades de prospección o explotación petrolera o de gas o estudios sísmicos u oceanográficos que incluyan dichas emisiones”.

Fue uno de los informes que se manejaron después de un varamiento masivo de zifios en las costas de Canarias como consecuencia de unas maniobras militares, cuyos sonares submarinos provocaron un efecto letal sobre los cetáceos, lo que acabó provocando que se prohibieran este tipo de actividades del Ejército en esta zona del océano. El Cabildo lanzaroteño sostiene que el informe de referencia tuvo un coste de 800.000 euros, que pagaron en tres partes los ministerios de Medio Ambiente y Defensa y el Gobierno de Canarias.

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