Ni siquiera los informes aportados por la petrolera obvian el dato de que un hipotético vertido que contaminara el agua marina genera un grave peligro de impacto sobre las potabilizadoras de agua de las que depende la isla sin alternativa posible
Las instituciones majoreras advirtieron desde 2012 que un derrame que llegara la costa obligaría a detener todas las desalinizadoras por tiempo indefinido por contaminación tanto de la costa como del terreno filtrante
Teresa Cárdenes (@teresacardenes)
Una población de cien mil personas con sus desaladoras detenidas y sin producción de agua potable que agotaría sus reservas en menos de una semana. Es el peor riesgo social que adquiere la isla de Fuerteventura como consecuencia de los sondeos exploratorios a 55 kilómetros de la costa autorizados por el Ministerio de Industria a la compañía Repsol. El peligro fue identificado y advertido por las instituciones de Fuerteventura desde que comenzó en 2012 el debate sobre las prospecciones petrolíferas. Pero admitido también muchos meses después por los técnicos ministeriales que redactaron la declaración de impacto ambiental y por la propia petrolera, que aportó informes de consultoría en los que se reconoce la afección de las desaladoras en caso de vertido como el peor riesgo social que contrae Fuerteventura y que incluso sugieren la adopción de medidas protectoras. La pregunta es: ¿alguien las ha programado? El último documento publicado por el Ministerio de Industria en el BOE, el permiso definitivo otorgado por la Dirección General de Política Energética, reconoce que es imposible concebir una actividad industrial sin riesgos y se detiene con cierta minuciosidad en la sismicidad submarina, pero ni siquiera menciona el peligro de impacto de un derrame sobre las desaladoras majoreras.
No hace falta irse a las versiones más apocalípticas de los grupos anti-prospecciones para encontrar argumentos sobre los peligros que entrañan las prospecciones para la producción de agua desalinizada, sin la cual es imposible asegurar el abastecimiento en islas totalmente dependientes de la potabilización, como es, además de manera extrema, el caso de Fuerteventura. Este riesgo ya quedó claramente reconocido en uno de los informes medioambientales de consultoría externa redactados para Repsol en febrero de 2014 y aportados por la petrolera al Gobierno de España. El informe desgranaba el catálogo de posibles impactos si se diera un vertido al mar de 3.000 barriles diarios de petróleo, el triple de lo previsto en las simulaciones iniciales, y no dejaba lugar a dudas al señalar la afección de las desaladoras de Fuerteventura, incluida la de Puerto del Rosario, como un riesgo social cuyo nivel incluso elevó de “medio” a “alto”.
El objetivo de este informe era modelizar los riesgos de vertido al pasar de una hipótesis de 1.000 a 3.000 barriles diarios, un empeoramiento teórico del escenario en el que meses más tarde también harían hincapié los técnicos ministeriales que fueron consultados o redactaron la declaración de impacto ambiental (DIA). Como otros aportados al expediente del proyecto Canarias de Repsol, se trata de un ejercicio teórico que evalúa tanto los posibles impactos como la gravedad de los mismos a partir de diferentes factores, en este caso una multiplicación por tres del volumen de un supuesto derrame de crudo al mar.
Entre otras conclusiones, el informe señaló que elevar a 3.000 barriles diarios el riesgo de vertido subía a su vez la severidad de contaminación del agua marina en la costa por concentración de hidrocarburo, lo que también empeoraba la categoría previsible de los daños ambientales y sociales. En unos casos, la categoría se subía de ‘muy serio’ a ‘desastroso’ y en otros de ‘desastroso’ a ‘catastrófico’.
Y en entonces cuando se examina expresamente el caso de Fuerteventura. Los redactores del informe llegaron a la conclusión de que el riesgo ambiental para isla se mantenía en la categoría de ‘medio’ tanto si se calculaba un vertido de 1.000 barriles como si se hacía una hipótesis con un derrame de 3.000. “Sin embargo”, añade el informe, “se alcanza el nivel alto para el riesgo social en uno de los peores casos analizados. Ello se debe a la afección potencial a varias estaciones desaladoras de agua de mar (EDAM), incluida la instalación pública CAAF Puerto del Rosario, donde se alcanzan severidades en costa superiores a 10.000 g/metro cuadrado”.
El informe, sin embargo, incorporaba un matiz: “Debe señalarse la circunstancia de que las EDAM potencialmente afectadas en este peor caso disponen de captaciones de agua localizadas en tierra firme (sistemas cerrados) mediante pozos playeros, sondeos y cántaras, lo que permite proteger estas captaciones de las fracciones menos solubles de los hidrocarburos y reducir notablemente su vulnerabilidad ante episodios de contaminación por hidrocarburos”.
De esta redacción se infiere la interpretación de que Fuerteventura podría seguir disponiendo de agua potabilizada, pues el caudal a depurar quedaría a salvo de la contaminación. ¿Estaban Repsol y sus consultoras partiendo de un dato erróneo (la supuesta existencia de pozos de agua dulce alternativos) o sencillamente minusvalorando el riesgo? Para arrojar luz sobre el caso, conviene examinar tanto los argumentos de las instituciones de Fuerteventura como de la propia Repsol.
Un informe emitido por el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura a finales de 2012 no deja ningún resquicio para la duda: un caso de contaminación por hidrocarburos del agua de mar en la costa obligaría a una detener abruptamente la producción de las potabilizadoras de agua durante una fracción de tiempo imposible de definir, sin posibilidad alternativa de obtener agua por otros medios. El consejo dejó bien claro una realidad que puede fácilmente entenderse con apenas echar un vistazo a la orografía de Fuerteventura: esta isla depende en un 95 por ciento del agua potabilizada y esta dependencia afecta tanto al consumo de la población, como a las necesidades del sector turístico y hasta del agrícola y ganadero. Fuerteventura tiene un total de 32 estaciones desalinizadoras con una capacidad de producción diaria de 76.000 metros cúbicos, 28.000 de los cuales corresponden a las instalaciones de titularidad privada, creadas para el abastecimiento de establecimientos turísticos.
A excepción de la estación de Gran Tarajal, con toma abierta en el mar, la gran mayoría de estas estaciones se alimentan mediante un proceso de captación indirecta del agua de mar, es decir, mediante pozos y sondeos costeros próximos al deslinde marítimo-terrestre que permiten un filtrado previo del caudal. La única excepción es Gran Tarajal, donde la toma directa del mar exige un proceso de tratamiento adicional de las aguas. El resto del agua subterránea que pudiera captarse en Fuerteventura es irrelevante a efectos de abastecimiento y además de muy mala calidad.
Este modelo de captación indirecta es el argumento que utiliza Repsol para matizar el impacto que tendría un eventual vertido en la capacidad de Fuerteventura para producir agua potable. Y así lo contestó cuando esta web trasladó a los responsables técnicos del proyecto Canarias la pregunta de si no estaban la petrolera y sus consultoras minusvalorando los riesgos para la desalación de agua e incluso partiendo de datos incorrectos, como la existencia de pozos de agua alternativos. Según la petrolera, no solo no es así, sino que sus informes se basan a su vez a los que emitieron tanto expertos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como los propios técnicos del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, a algunos de cuyos párrafos literales se remite.
En su respuesta, los técnicos de Repsol subrayaron además en qué consiste un pozo o sondeo para la captación de agua marina: “Como en los pozos convencionales en tierra firme, el agua es recogida a partir de una captación que, en función de su diámetro y profundidad, se considera pozo playero (de mayor diámetro y menor profundidad) o sondeo (más profundos y de menor diámetro). Estos pozos pueden estar excavados en materiales detríticos sueltos como arenas en depósitos de playa, o bien excavados en roca aprovechando en este caso la fisuración de la roca como medio de transmisión del agua. Disponen de un ranurado que permite el paso del agua a su interior, la cual es bombeada para su tratamiento. La distancia a la línea de costa es variable”.
Pero, ¿significa esto que las aguas captadas de forma indirecta están a salvo de la contaminación y que las desalinizadoras podrían seguir en funcionamiento? La respuesta tanto del Consejo Insular de Aguas como del responsable de las tres mayores potabilizadoras de la isla es un no tan rotundo como inquietante. El primero advirtió que un caso de contaminación por hidrocarburos en la costa obligaría de inmediato a una parada técnica de las desalinizadoras y que los efectos tendrían una duración imprevisible como consecuencia no sólo de la necesidad de descontaminar la costa, sino el terreno filtrante que atraviesan las aguas antes de llegar a las potabilizadoras. A ello se añadiría la escasa capacidad de almacenamiento de agua que ya tiene la isla, con un volumen equivalente que no llega ni al de dos días de funcionamiento de todas las depuradoras.
Exactamente la misma fue la conclusión expuesta en otro informe por el jefe de explotación de las plantas desaladoras públicas de Fuerteventura, Andrés Rodríguez Cabrera, que en un informe fechado en noviembre de 2012 definió para las tres grandes desaladoras (Corralejo, Puerto del Rosario y Gran Tarajal) el riesgo de que “nuestros centros de producción de agua potable desalada para consumo humano puedan verse en cualquier momento afectados, con graves incidencias en sus captaciones de agua de mar que provoquen las paradas indefinidas de los mismos y, por consiguiente, el desabastecimiento de gran parte de la población de la isla de Fuerteventura, sin poder cuantificar en tiempo y económicamente los posibles daños directos”.
