El ministro Soria se remite a los argumentos del Consejo de Estado contra el referéndum y subraya que consideró la pregunta “capciosa y oscura”
El Gobierno de Canarias considera que su proyectada consulta sobre las prospecciones petrolíferas no contravienen ninguna disposición de la Constitución, pero paralizará todo el procedimiento hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso en contra del referéndum que anunció hoy el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy. El Gobierno nacional anunció este viernes a través de su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que el Ejecutivo llevaría al Constitucional la consulta sobre el petróleo al entender que puede frenarlo al amparo del artículo 161.2 de la Carta Magna. La pregunta que el presidente canario quería hacer a los ciudadanos, y que según el Gabinete de Paulino Rivero no vulnera ningún precepto constitucional, era: “¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?”
A su vez, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, justificó hoy el recurso del Estado ante el Constitucional sobre la base de los argumentos aportados por el Consejo de Estado, que informó negativamente la celebración de este referéndum. Soria subrayó que el dictamen del Consejo fue “claro y contundente” y que tachó la consulta de “ilegal” y la pregunta de “capciosa y oscura”.
Este es el texto íntegro de la decisión de paralización que anunció esta tarde el Gobierno canario:
“El Gobierno de Canarias expresa su confianza en que el Tribunal Constitucional (TC) avalará la consulta ciudadana sobre las prospecciones petrolíferas al entender que la misma es absolutamente legal y no contraviene ningún precepto recogido en la Constitución española.
“El recurso anunciado hoy por el Gobierno de España ante el TC supone la suspensión automática y cautelar del proceso, lo que no obsta para que el Alto Tribunal pueda dictar una resolución favorable a las tesis defendidas por el Gobierno de Canarias cuando dictamine sobre la continuidad o no de esta medida cautelar, para lo que dispone de un plazo de hasta cinco meses.
“El Gobierno de Canarias subraya que tanto el marco normativo de la consulta como la pregunta directa que se formula a la ciudadanía son plenamente constitucionales. En esa dirección, entiende que se trata de un instrumento de democracia participativa que tiene amparo en la Ley canaria 5/2010 de Participación Ciudadana, plenamente válida y eficaz y que no ha sido cuestionada nunca por el Gobierno de España.
“La consulta tampoco supone un referéndum encubierto porque no se llama al cuerpo electoral ni al censo, ni se gestiona por la Administración electoral ni está asegurado con garantías jurisdiccionales específicas. Además, los ciudadanos pueden expresar su opinión por medios telemáticos y no solo de forma presencial, pudiéndolo hacer de forma prolongada en el tiempo.
“En relación a la pregunta que se pretende formular, ésta tampoco acusa visos de inconstitucionalidad porque no recaba la opinión de la ciudadanía en relación con las prospecciones autorizadas por el Estado, sino por el modelo medioambiental y turístico del Archipiélago, competencias propias exclusivas de la Comunidad Autónoma de Canarias.
“En esa dirección, el Gobierno de Canarias considera que Madrid ha tomado la decisión de que los canarios no puedan pronunciarse sobre este tema y ha buscado excusas que le den apariencia de legalidad, cuando la realidad es que es una decisión política de tintes autoritarios porque impide la participación democrática de los canarios”.
