El gobierno envía a una treintena de organizaciones e instituciones el borrador del decreto que regulará las viviendas vacacionales en Canarias
El borrador de decreto que regulará el alquiler vacacional y que el Gobierno de Canarias tiene previsto aprobar antes de finalizar el año no recoge que esta sea una actividad subsidiaria, como propuso la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ACAV), con el fin de evitar que un establecimiento turístico pueda cambiar de actividad y dedicarse al alquiler vacacional. El Gobierno de Canarias no ha considerado esta propuesta porque “la ley impide” que se produzcan tales casos.
El viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente, señala que la Ley de Renovación y Modernización Turística, aprobada por el Parlamento de Canarias, separa el uso turístico del residencial, “con lo cual se podrán otorgar licencias para viviendas vacacionales en edificios que fueron autorizados inicialmente como residenciales situados en suelo turístico, urbano y rústico pero no en hoteles y apartamentos a los que, en su día, se les concedió licencia para explotación turística”.
La posibilidad de que un establecimiento alojativo pueda cambiar de actividad y acogerse al decreto que ha elaborado el gobierno es una de las inquietudes manifestadas por la patronal hotelera, Ashotel, que ha mantenido una posición combativa y se opone a la regulación de las viviendas vacacionales.
Por su parte, el viceconsejero de Turismo explica que el decreto “crea una excepción al uso residencial de una vivienda”. Por lo tanto, añade, “toda aquella casa, chalet u adosado que sea residencial, y legal, es susceptible de dedicarlo a vivienda vacacional con los requisitos que marca el decreto, pero un establecimiento turístico no podrá cambiar de uso para dedicarse al alquiler vacacional”.
Asimismo, Fernandez informa de que el borrador de decreto se ha enviado a más de treinta organizaciones, como ASCAV, la asociación Casitas de La Palma, patronales hoteleras, cámaras de comercio, confederaciones de empresarios, los siete cabildos y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para que puedan estudiarlo y presentar, en su caso, alegaciones. El texto se publicará en breve en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), y a partir de ahí se abrirá el periodo de alegaciones, con la intención de aprobarlo antes de que finalice el año.
