OPINIÓN/ Sería interesantísimo saber cuántos diputados se han leído de verdad la Ley de Modernización Turística y ese decretazo que amenaza a miles de pequeños propietarios en Canarias con una confiscación encubierta a favor de otros particulares que además pondrían el precio
@teresacardenes
Si eres político, se presupone que te lees las leyes y decretos que pasan por tus manos. Pues bien, tres semanas después del estallido de un auténtico escándalo ciudadano a propósito del Plan General de Ordenación (PGO) de San Bartolomé de Tirajana, el auténtico corazón turístico de Gran Canaria, quizá sea hora de empezar a preguntarse cuántos políticos se han tomado la molestia de leerse no ya el gigantesco documento del PGO, sino la ley y los decretos que dan origen a ese masivo sobresalto por el temor de miles de personas a perder sus apartamentos y bungalós turísticos en Gran Canaria.
Es la hora de preguntarse cuántos diputados se leyeron de verdad la Ley de Modernización Turística aprobada en el Parlamento de Canarias en 2013. Y más en concreto aún, el decreto de mayo de 2015 que la desarrolla y crea su reglamento. Sí, ese mismo que casualmente se publicó apenas diez días antes de las últimas elecciones autonómicas, con el Gobierno de Paulino Rivero ya en funciones. Ese al que ningún político le hizo el menor caso, absortos como andaban en la campaña electoral y sus miserias orgánicas. Y sí, ese mismo decreto que articula un sistema diabólico llamado ‘sustitución del propietario’ disidente, por el cual cualquier hijo de vecino con una propiedad en suelo turístico en Canarias (y ojo con el error de pensar que solo afecta a San Bartolomé de Tirajana) puede perderla a manos de un tercero que se la apropiará y además le pondrá el precio. No, efectivamente. No se trata de una expropiación. Es mucho peor que una expropiación, porque, amén de dudosamente constitucional, puede ser la madre de todos los operadores buitre en los municipios turísticos de Canarias.
Pues bien. El caso es que el Parlamento de Canarias aprobó una ley y dos años después el Gobierno regional la desarrolló a través de un inquietante e infumable decreto y no fue ningún diputado del Parlamento de Canarias quien alertara de sus riesgos para miles de ciudadanos expuestos al peligro real de una pérdida de propiedad. No. En la anodina quietud de nuestro Parlamento, pre y post electoral, no fue ningún diputado el que levantara el brazo para advertir de las trampas que ya venían inducidas por la ley de Modernización Turística, ni mucho menos de ese auténtico agujero negro llamado ‘sustitución del propietario’ disidente descrito con pelos y señales en el decreto de mayo. Un decreto cuya literalidad permite arrebatar la propiedad de inmuebles turísticos a miles de pequeños propietarios solo con la excusa de que no pasen por el aro de una reforma que no les guste o peor aún, de que no quieran renunciar al uso privativo de sus apartamentos o bungalós. No.
No fue ningún diputado quien dio la alarma de esa increíble (por inverosímil y aparentemente inconstitucional) herramienta de confiscación. Sino la sociedad civil, esto es, ciudadanos, comunidades de propietarios, administradores de fincas y abogados que repararon en el engranaje diabólico al examinar el Plan General de San Bartolomé, redactado casualmente por el mismo Gobierno de Paulino Rivero a través de Gesplan, y darse cuenta del peligro que latía tras él, bajo la larga sombra del decreto de mayo. Y subráyese, para los cargos públicos que tampoco se hayan tomado la molestia de examinar el caso, que también el PGO habla desde su preámbulo de la necesidad de sincronizarse y buscar los mismos objetivos que la Ley de Modernización Turística. Por si alguien tenía todavía alguna duda de la finalidad última de semejante entramado.
A la política convencional, esa que desprecia la ira de los ciudadanos ante la desvergüenza de la corrupción, le gusta llenarse la boca con burlas hacia los nuevos partidos emergentes, con especial crueldad si su nacimiento se asocia a asambleas ciudadanas. Y en concreto, con burlas y desprecios a Podemos. Y hete aquí que, en una de esas insólitas y muy surrealistas situaciones que se dan en Canarias, han tenido que ser concejales ligados a Podemos, desde sus cargos públicos en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, quienes le han puesto el altavoz a la queja de miles de ciudadanos contra el PGO del municipio e indirectamente contra las diabólicas puertas que abría el decretazo turístico de mayo. ¿No decían que era Podemos el partido fan de las confiscaciones al modo de Venezuela? Pues bien: resulta que en Canarias, no fue Podemos, sino Coalición Canaria y el Partido Socialista, quienes aprobaron de su puño y letra un decretazo que haría palidecer las expropiaciones de tiendas de electrodomésticos de Nicolás Maduro.
Es también una costumbre muy típica de la política convencional diseñar sus argumentarios de comunicación como si el ciudadano fuera enteramente imbécil, un descerebrado incapaz de entender otra cosa que el ‘vota’ con el que le bombardean en vísperas de elecciones. ¿Cómo si no entender que ‘cualificados’ cargos públicos con puesto en el Ayuntamiento de San Bartolomé o el Gobierno de Canarias aún pretendan hacer comulgar a la gente con el engendro de que estamos ante una operación de alarmismo basada en falsedades para erosionar al alcalde o paralizar el PGO? ¿Cómo asimilar que se pretenda liquidar esta polémica limitando sus efectos al PGO de San Bartolomé, si ese Plan General no ha sido sino la punta del iceberg del decretazo, el verdadero demonio de esta malhadada historia? Y sobre todo, ¿cómo no se le cae la cara de vergüenza a los diputados que dejaron correr en el Parlamento la figura ya esbozada en la ley y desarrollada luego en el decreto de la ‘sustitución del propietario’ disidente? ¿No se dieron cuenta? ¿O es que no se la leyeron? Y el PSOE, ¿es que tampoco el PSOE se leyó el decretazo que tenía en la cocina Paulino Rivero y que fue finalmente emitido con su apoyo en el Consejo de Gobierno?
Pero nunca hay dos sin tres en lo tocante a surrealismo. Por eso, en esta comunidad autónoma saturada de mensajes empresariales a favor del liberalismo económico, del dejar hacer a los mercados y de enfurecidas condenas del intervencionismo público en la economía, resulta que hay empresarios a los que por lo visto les parece la mar de normal que un pequeño inversor pueda perder no solo el uso completo de su inmueble, sino también su propiedad a favor de terceros que además ponen el precio. Y entonces, solo hay dos posibles conclusiones: que por ejemplo el Círculo de Empresarios no se había leído el decretazo turístico el día que emitió su lamentable comunicado sobre la polémica de la residencialización en San Bartolomé de Tirajana, o bien le importa un bledo que la Administración meta la mano en la propiedad ajena, siempre que ésta no figure escriturada a nombre de ningún miembro de su selecto club. ¿Es así? ¿En serio?
Y por cierto, ¿no tiene nada que decir el Círculo de Empresarios de esa otra gran gesta del Gobierno de Paulino Rivero, llamada decreto sobre el alquiler vacacional, que chapotea justo en la dirección contraria de la ola de internet y la globalización para prohibir esa forma de explotación en las zonas turísticas? ¿En serio alguien puede creerse que al consumidor que quiera elegir por internet desde Frankfurt, Londres o Gotemburgo la casa donde pretenda hospedarse, ningún lobby va a imponerle un modelo turístico basado única y exclusivamente en los intereses de cuatro?
¿Es que no tiene el Círculo nada que condenar de ese otro decreto que, como ocurrió con el análogo de Madrid, acabará probablemente denunciado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por vulnerar las normas de la libre elección de los usuarios y de la libre concurrencia? ¿Ese es el liberalismo que pregonan y que defienden, ese que se termina donde acaban los intereses del lobby? Porque, amén de diluir semejante cúmulo de contradicciones, quizá fuera mucho más interesante invocar un verdadero debate público sobre cómo transformará internet la industria del turismo, como ya ha golpeado y liquidado los modelos de negocio tradicionales en ámbitos como la industria del cine, de la música o de los medios de comunicación. Eso sí que sería realmente interesante, y no pretender que las leyes y los decretos se hagan a la medida de ningún poder fáctico hotelero local.
Entre tanto, los unos y los otros harían bien en escuchar lo que dicen los ya miles de ciudadanos potencialmente golpeados por el decretazo turístico en sus asambleas comunitarias y en las poderosísimas redes sociales. En unos casos porque hay gente que se juega su única e hipotecada vivienda, en otros porque porque hay muchísimas personas que se niegan a perder el uso de aquello que adquirieron con el esfuerzo propio o de sus padres y abuelos. Coinciden los unos y los otros en su rechazo total y absoluto a ser atropellados, ni por los poderes reales que habitan en el Parlamento sin tomarse a veces la molestia ni de leer las leyes, ni por los poderes fácticos de la economía insular. La queja se resume en solo siete palabras y es bien fácil de captar y de interpretar: Gobierno, quita tus manos de mi propiedad. Quita las manos, escucha y deroga o modifica aquello que contiene un intolerable abuso de poder. Si no quieres que esas mismas manos te den en las elecciones el revolcón que te mereces por acción o por omisión.
