La asociación que preside Pilar Vera no se da por vencida en la búsqueda de la verdad pese a los dolorosos varapalos judiciales cosechados cuando se cumplen 7 años desde la tragedia de Spanair
Han sorteado un varapalo judicial tras otro, primero con el archivo de la causa en la vía penal, después con el portazo que recibieron en el intento de apelación ante el Tribunal Constitucional y por último con una sentencia de lo Mercantil que ha homologado la catástrofe del avión de Spanair el 20 de agosto de 2008 con un simple accidente de coche. Pero no se dan por vencidas. Cuando están a punto de cumplirse 7 años tras la tragedia que le costó la vida a 154 personas en el aeropuerto de Barajas, familias agrupadas en la Asociación de Víctimas del vuelo JK5022, que preside Pilar Vera, mantienen abierta una apelación que ha sido aceptada a trámite por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo. Pero quieren conseguir además la creación de una comisión parlamentaria que investigue las causas del accidente. El objetivo: identificar responsabilidades en el ámbito civil y sobre todo, sentar las bases para que no vuelva a ocurrir.
La AVJK5022 recibió hace pocas semanas la confirmación del Tribunal de Estrasburgo de que su apelación, tras la cadena de varapalos soportados en España, será examinada para determinar si cabe admitirla a trámite para analizar la vulneración de los derechos de las víctimas. Pero en vista de los fracasos judiciales cosechados, que han ido enterrando el caso dando por buena la teoría de que los pilotos fallecidos fueron los únicos responsables de la tragedia, la asociación no se dará por vencida en la búsqueda de la verdad. Por eso quiere emprender ahora, bajo el liderazgo de Pilar Vera, la búsqueda de un acuerdo político que permita la creación de una comisión parlamentaria, en el intento de arrojar luz sobre las muchas sombras que plantea todavía el caso.
En esa búsqueda, la AVJK5022 no pierde de vista lo sucedido en Valencia con un caso de evolución análoga: el accidente del Metro del 3 de julio de 2006. En mayo, la asociación de víctimas del Metro de Valencia, capitaneada como la AVJK5022 por mujeres indesmayables en la búsqueda de la verdad, logró que representantes de seis partidos políticos firmaran un documento en el que se comprometen a impulsar una comisión parlamentaria sobre aquel siniestro, sobre el que han logrado además que se reabra el caso en la Justicia. Este acuerdo fue rubricado por el Partido Socialista, Podemos, Compromís, Ciudadanos, Esquerra Unida País Valenciá y Unión Progreso y Democracia.
En el caso del avión de Spanair, la asociación liderada por Pilar Vera ha mantenido siempre una prudente y exquisita distancia de la política, que a su vez ha tenido con las víctimas un comportamiento absolutamente bipolar: de la aparente entrega de los primeros momentos a las familias, durante los desoladores días de agosto de 2008, muchos representantes públicos pasaron a la total indiferencia ante el sufrimiento añadido que supusieron para los familiares de los fallecidos y también para los supervivientes los carpetazos judiciales al caso y la pretensión de que las vidas de sus muertos fueran tasadas con baremos de accidente de tráfico, lo que finalmente sucedió.
Pero ahora, siete años después y aún a la espera de la decisión del Tribunal de Estrasburgo, la AVJK50 no quiere dejar pasar la última oportunidad de intentar saber la verdad de hechos como que el día del siniestro, el avión volara con un certificado de aeronavegabilidad prorrogado poco antes sin que mediara inspección de la aeronave y que vencía solo dos días después de la pavorosa tragedia.
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En el intento, pedirá como ya hizo la AV del Metro de Valencia, que se cree una comisión de investigación parlamentaria y que esta pida, como primera decisión, una auditoría independiente sobre la gestión de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) en materia de seguridad, otorgamiento de certificados de aeronavegabilidad e inspecciones, desde 5 años antes al momento en que se produjo el accidente.
La AVJK también solicitaría un informe que valore todos los cambios implementados en el ámbito de la DGAC y de la AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) antes y después del accidente del avión de Spanair, así como un recuento de las actuaciones emprendidas en ámbitos como las medidas de seguridad o las inspecciones de aeronaves. La tercera petición tiene que ver con la gestión del propio accidente y con la búsqueda del origen de filtraciones en el Ministerio de Fomento que causaron entre otros efectos la dimisión de un vocal de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de la Aviación Civil (CIAIAC).
La asociación también se propone agregar otra de sus incansables peticiones: la adopción de las medidas legislativas necesarias para crear un organismo intermodal de investigaciones de accidentes e incidentes de grandes tragedias con víctimas múltiples en España, que esté integrado por profesionales y dependiente solo a los efectos de los recursos necesarios del Congreso de los Diputados, pero con total independencia de la Administración pública.
Las víctimas también aspiran a conseguir en el ámbito de la Justicia que las investigaciones judiciales de accidentes aéreos con víctimas múltiples se incluyan dentro de las competencias de la Audiencia Nacional. Y también el desarrollo del reglamento europeo sobre la responsabilidad de las compañías aéreas, de forma que a las muertes y lesiones en accidentes aéreos se les apliquen baremos acordes con las pólizas de seguro de las compañías aéreas, a las que les obliga la Unión Europea.
El objetivo final de todo el proceso es el mismo que ha guiado la actuación de la AVJK5022 desde su nacimiento: lograr la reparación obligada con las personas afectadas y “garantizar que hechos tan trágicos nunca más vuelvan a repetirse”.
