Los abogados no podrán acercarse a las víctimas 45 días después del accidente, según el Estatuto de la Víctima del Delito
Las víctimas de la tragedia aérea ocurrida en agosto de 2008 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en la que el avión del vuelo JK5022 de Spanair con destino a la isla de Gran Canaria se estrelló contra el suelo en plena operación de despegue, piden protección frente a los abusos de las aseguradoras y también que se prohíba el archivo libre de las catástrofes aéreas. Además, se congratulan de que el Estatuto de la Víctima del Delito, una vez aprobado, impedirá el acercamiento a las víctimas en los 45 días posteriores al accidente.
El pasado miércoles, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de ley orgánica que contiene el Estatuto de la Víctima del Delito. Al respecto, la asociación de afectados AVJK5022 indica que, “tras la amarga experiencia sufrida, con el acoso de despachos profesionales a las familias, de la inactividad que luego mantuvieron, salvo honrosas excepciones, ante el Juzgado Nº 11 de Madrid que investigó la muerte de 154 personas y lesiones en 18 supervivientes”, no ha parado por lograr una normativa que asimilara a las víctimas españolas con las americanas pues en EEUU se respeta un plazo de 45 días desde que se produce la tragedia y se sanciona gravemente a quiénes la incumplan, señala.
Desde finales del año 2009, la asociación ha venido planteando sucesivamente a los distintos gobiernos de España, a través de sus ministros de Justicia, “la necesidad imperiosa de dar respuesta al vacío legal que impida el bochornoso espectáculo de las ruedas de prensa, de los acosos, de las presiones para captar clientes rotos de dolor y que no están en condiciones emocionales de decidir lo mejor para sus intereses futuros”.
La aprobación por el PE de la Directiva 2012/29 el 25 de octubre de 2012, relativa al Estatuto de la Victima en el proceso penal, permitió a la asociación plantear a Gallardón, entonces ministro de Justicia, y a su secretario de Estado, Fernando Román, que era posible incluir a las víctimas de grandes tragedias en el estatuto que estaba preparando el gobierno. Desde entonces, añade, la asociación no ha dejado de trabajar en las múltiples vicisitudes que ha pasado dicho texto para lograr lo que se consiguió en la Comisión de Justicia del Congreso, 45 días de respeto, tal y como ocurre en Estados Unidos.
Pese a ello, la asociación afirma que queda mucho por lograr, entre otras cuestiones, que se prohíba el “sobreseimiento libre” en catástrofes aéreas, y que sea una tercera instancia quién actúe de árbitro entre la primera y segunda instancia judicial cuando sus decisiones sean antagónicas, como sucedió con el caso Spanair. Que las compañías aseguradoras no sometan a las víctimas “al calvario” en la que están actualmente las del vuelo JK5022, que se las obligue a respetar las pólizas de seguro contratadas por la compañía aérea que se trate y se cumpla la normativa europea y el Convenio de Montreal.
Además, pide que se regule la figura del “desaparecido en accidente aéreo” en el Código Civil, para que no vuelva a ocurrir lo sucedido con 6 de las familias del accidente de Swiftair en Mali, en el que tardaron más de 35 días en obtener el certificado de defunción, al contrario que los ciudadanos franceses fallecidos en el mismo, que lo tenían en 3 días. La asociación recalca que no sólo trabaja “contra el olvido y la impunidad”, sino también “por lograr que volar en España sea más seguro para todos y que si a pesar de ello, se produce la tragedia, las víctimas tengan un marco de asistencia y protección que las del vuelo JK5022 no tuvieron”.
