El pleno de San Bartolomé de Tirajana eludió este lunes poner barreras efectivas contra la indefensión que el nuevo Plan General y el decretazo turístico aprobado en Canarias en mayo provoca entre miles de pequeños propietarios de bungalós y apartamentos. El Ayuntamiento aprobó una moción para pedir la modificación de la ley de Modernización Turística y el decreto que lo desarrollan y la ralentización del nuevo Plan General. Sin embargo, ni siquiera tomó en consideración las propuestas que llevó al pleno la concejal de San Bartolomé También Puede (SBTP) Davinia Arbelo, que pidió varias medidas para aminorar la desprotección que este conjunto normativo está provocando ya de forma efectiva desde hace meses.
Nueva Canarias, el PSOE y Unidos por Gran Canaria llevaron este lunes al pleno una moción conjunta sobre la ley turística, el decreto que lo desarrolla y el nuevo Plan General, un conjunto normativo que expone a miles de personas a una expropiación de uso de sus propiedades, al impedir todo uso privativo de los bungalós y apartamentos situados en complejos turísticos. La moción, confusa en su redacción y con errores gruesos de concepto, pide la reforma urgente de la ley, pero no establece ningún tipo de medida cautelar para evitar los efectos que ya se están proyectando sobre cientos de pequeños propietarios.
Así, el texto pide buscar una solución normativa que haga compatible los usos turístico y residencial en el municipio y ralentizar mientras tanto el Plan General. Pero lo hace genéricamente, sin precisar en qué dirección debe realizarse esa reforma ni cómo proteger a los pequeños propietarios que ya se están viendo afectados. Lo que sí propone con mucha claridad es desbloquear las licencias que puedan quedar detenidas por esta situación.
En el debate, la concejal Davinia Arbelo presentó un paquete complementario de medidas con el triple objetivo de aumentar la información, la participación y también la protección de los ciudadanos. Arbelo, que realiza desde hace meses una cruzada pública para alertar de todos los riesgos que llevaba implícito el nuevo paquete normativo, advirtió que la inacción de las instituciones está causando la desprotección efectiva de muchos ciudadanos y abocándolos a ir a los juzgados como única salida.
La edil de SBTP elevó tres propuestas específicas. La primera, que el Ayuntamiento dé una información exhaustiva a los ciudadanos y una lista de las parcelas afectadas por el nuevo Plan General y el decretazo turístico, entre otras cosas para alertar a aquellos ciudadanos que todavía no conocen los riesgos de expropiación efectiva de uso de sus inmuebles.
Arbelo también pidió realizar una consulta para que sean los ciudadanos los que decidan si el Plan General debe solo ralentizarse o si debe paralizarse completamente. Por último, la edil de SBTP exigió un compromiso de que el Ayuntamiento no autorice, al amparo de los planes de modernización alentados por la Comunidad Autónoma, ningún convenio que no cuente con la aprobación expresa de las comunidades de propietarios afectadas o que, teniéndola, esté sometido a procesos de impugnación. Solo esta medida cautelar impediría que, mientras las administraciones siguen sin definirse, los propietarios en situación de minoría queden abocados al procedimiento más diabólico previsto en el decretazo: la sustitución de los propietarios disidentes.
Terminado el debate, ninguno de los grupos proponentes de la moción original (aprobada con la abstención de SBTP) expresó ni la admisión ni el rechazo de las medidas propuestas por Arbelo, que simplemente decayeron.
