Texto: Teresa Cárdenes (@teresacardenes)
Un total de 71 víctimas directas de la tragedia del JK5022 irán a juicio el 24 de febrero de 2015 contra la aseguradora Mapfre, al no alcanzar un acuerdo sobre el importe de las indemnizaciones derivadas de la muerte de 30 personas y las graves secuelas que sufre uno de los supervivientes de la catástrofe. Se trata de buena noticia a medias: las víctimas consiguen dar un paso adelante en un calvario que comenzó el 20 de agosto de 2008 sobre la pista 36L de Barajas cuando se desplomó y explotó el avión de Spanair. Pero para muchos de los familiares, padres, madres, hijos, hermanos o abuelos de los fallecidos es un dolorosísimo episodio más: enfrentarse al trance de iniciar una suerte de subasta macabra a ver cuánto vale la vida de sus familiares.
¿Cuánto vale la vida de un niño pequeño? ¿O las de tus dos únicos hijos? ¿Y cuánto vale la vida de familias de cuatro miembros borradas enteras de la faz de la tierra? ¿Y la de un padre o una madre de familia? ¿O la vida destrozada de un joven superviviente con una prometedora carrera abortada sobre el arroyo de la Vega aquel fatídico 20 de agosto? Para las víctimas, ni las muertes tienen precio ni mucho menos el dolor de la ausencia. Pero después de la horrorosa secuencia que viven desde 2008, lo menos que esperan las familias es que se apliquen los acuerdos internacionales asumidos por España a través de la Unión Europea, caso del convenio de Montreal, que prevé indemnizaciones ilimitadas para las víctimas. No es desde luego lo que entiende la aseguradora de Spanair, la compañía de seguros Mapfre, que pretende liquidar la reclamación civil de las familias aplicando los baremos de los accidentes de tráfico. Como si aquel infierno de queroseno y llamas tuviera algo que ver con salirse de una cuneta y estrellarse contra un árbol.
Entre los familiares que esperan por una solución de este caso hay personas que, en términos humanos, lo han perdido todo. Madres que reviven cada día la pesadilla de saber que nunca volverán a ver a sus hijos menores. Abuelos que besaron a sus hijos y a sus nietos sobre las aceras de Barajas sin imaginar que jamás regresarían. Abuelas que entregaron a sus hijas un billete como regalo de cumpleaños sin imaginar que tras la tarjeta de embarque del regreso se agazapaba un destino letal. Tíos que vivieron momentos felices con sobrinos pequeños que lidiaban valerosamente con circunstancias complicadas de la vida y que, en una de esas devastadoras paradojas del destino, fueron a tropezarse con la muerte donde nadie lo esperaba.
Para todos ellos, por mucho que parezcan estos días serenos y enteros tras las pancartas que exhiben como prueba y a la vez como protesta frente a la injusticia, el del 24 de febrero de 2015 no va a ser un juicio normal. Como no ha sido un día fácil este 1 de julio en que se celebró en un juzgado de lo Mercantil de Madrid la vista previa de la reclamación frente a la compañía Mapfre. Y hay palabras que si se juntan ya lo dicen todo: tragedia, muerte, vidas rotas y juzgados… de lo Mercantil. La cruel frialdad glacial del sistema con las víctimas de algunas catástrofes puede no tener límite.
Conviene saber que, en este escenario delirante que puede llegar a ser la Justicia y sus meandros, algunas de estas personas tuvieron que vérselas hoy hasta para poder entrar a la minúscula sala donde se iba a celebrar la vista previa. Porque solo había una decena de sillas, la otra parte llevaba una representación numerosa y el juez tuvo que intervenir hasta para que pudieran entrar y sentarse las víctimas. Algunas con sus camisetas de protesta. Otras furiosas porque llevan demasiados días desayunando una dosis insoportable de impotencia. Y todas sin excepción con el corazón masacrado.
Las víctimas ya vivieron momentos muy amargos cuando la Justicia dio carpetazo a la reclamación del caso JK5022 en la vía penal y las derivó a la vía civil. Detalle con muchísima importancia que conviene no olvidar: las víctimas querían justicia y que se encontrara a los responsables. Y el sistema los conminó a conformarse sólo con las indemnizaciones. Ahora, alguien pretende que haya un segundo carpetazo y se liquide como un simple accidente de tráfico aquel infierno de queroseno que se llevó por delante a 154 personas. Es la humillación de la que hablan estos días Pilar Vera, la presidenta de la asociación de víctimas del JK5022. O el superviviente Rafael Vidal, con las piernas destrozadas por el accidente, que ha tenido el aplomo y el valor de lanzar en Goteo.org una campaña de crowfunding para sacar a la calle la guagua roja de la dignidad, el ‘BusDignidad’, que recorre estos días Madrid en apoyo de las víctimas.
Una víctima cosificada es una víctima denigrada, maltratada, despreciada. El precio que una sociedad jamás debería consentir.