El presidente del Cabildo de Gran Canaria avisa al Gobierno autonómico de que bordeará el delito si no acepta declarar bien de interés cultural (BIC) el palmeral de Maspalomas y su entorno y le requiere para que lo haga en 3 días
Teresa Cárdenes (@teresacardenes)
Lejos de terminar, la batalla continúa y José Miguel Bravo de Laguna se rearma para la que puede ser una larga guerra jurídica. El Gobierno de Canarias se situará al borde de la prevaricación si no accede a declarar bien de interés cultural (BIC) en su modalidad de sitio histórico el palmeral de Maspalomas y sus alrededores y está obligado a aceptarlo tras el informe favorable dictado por el consejo de patrimonio histórico. Es el argumento principal del requerimiento de 19 folios que el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Bravo de Laguna, ha hecho llegar al Gobierno de Paulino Rivero solo cuatro días después de que éste anunciara públicamente el rechazo del BIC por “inadecuado e inviable”, en palabras del consejero autonómico de Obras Públicas, Domingo Berriel.
No es una carta cualquiera, sino un “requerimiento advertencia” y en el texto se desliza con toda claridad la posibilidad de que el largo conflicto del palmeral acabe dilucidándose en los tribunales y con el Gobierno de Canarias en el banquillo por presunta prevaricación (dictar una resolución a sabiendas de que es injusta). ¿Y por qué esta carta cuatro días después, cuando ya se daba por hecho que el Gobierno de Canarias había liquidado el BIC con el golpe de efecto de suspender el planeamiento urbanístico en Maspalomas para redactar nuevas medidas de protección? Muy sencillo: sostiene el Cabildo que, aunque Berriel lo anunciara con gran fanfarria tras el Consejo de Gobierno, más allá del palabrerío en realidad no existe (o no se conoce) ningún acuerdo en firme del Ejecutivo que derribe el BIC, con lo que la propuesta sigue técnicamente viva.
El Cabildo grancanario cree que, tras el ardid de anunciar la suspensión del planeamiento, lo que existe es una pretensión del Ejecutivo de dejar decaer el BIC por caducidad, lo que ocurriría si no existe un pronunciamiento del Consejo antes de que pasen tres días. Por ello, la corporación exige a Paulino Rivero y su Gobierno “que resuelva expresamente, a más tardar a las 24:00 horas del 9 de agosto de 2014 y en sentido favorable, la declaración de Bien de Interés Cultural, en la categoría de Sitio Histórico, del Oasis de Maspalomas”. Y remata con la advertencia de prevaricación: si el Gobierno se pronunciara oficialmente contra la declaración de BIC o lo dejara caducar, “ello tendría unas consecuencias muy dañinas y generaría unas responsabilidades muy graves de toda índole, (…) además de que en uno y otro caso, por acción u omisión y a sabiendas de su injusticia absoluta y notoria, se estaría dictando una resolución totalmente arbitraria en este procedimiento administrativo”.
En el extenso documento de advertencia, el Cabildo relata minuciosamente todos y cada uno de los hitos del expediente BIC que la misma corporación inició en abril de 2013, como respuesta a la demanda del grupo Lopesan de declarar bien de interés cultural el edificio del hotel Oasis de Maspalomas que la cadena RIU quiere demoler para reconstruir otro en su lugar. Significativamente, la carta de Bravo de Laguna hace hincapié en que, antes del pronunciamiento a favor del consejo de patrimonio histórico, la ponencia técnica de patrimonio arqueológico rechazó el BIC mediante un informe que “son una copia resumida de los argumentos esgrimidos por RIU” en el contencioso administrativo emprendido contra la iniciativa del Cabildo. Y Bravo subraya en su requerimiento que el informe fue redactado por el propio director general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Aurelio González, y que fue “pactada políticamente con aquellos vocales suyos y afines”.
También recalca que pocos días después, el consejo de patrimonio histórico de Canarias se pronunció a favor del BIC de Maspalomas por 8 votos a favor frente a 7 en contra, y ello a pesar de que se impidió la votación de Antonio Tejera Gaspar, catedrático de Arqueología de la Universidad de Laguna y premio Canarias, porque había redactado a propuesta de la institución académica un informe sobre el BIC que era favorable a su aprobación. Bravo de Laguna entiende que, con la jurisprudencia en la mano, al Gobierno no le queda otra opción que aceptar este informe legalmente vinculante y acceder a la declaración de BIC.
Mientras el Cabildo se rearma, el Gobierno de Canarias y más en concreto su consejero de Obras Públicas se han encerrado en un absoluto mutismo tras anunciar el viernes la suspensión del planeamiento urbanístico en Maspalomas y del Plan de Modernización, Mejora y Competitividad de la zona para redactar antes del 15 de octubre medidas de protección del palmeral, encaminadas según dijo a liberar la zona de ladrillo y abrir a los ciudadanos los espacios verdes ahora vallados por la cadena RIU.
Lo que Domingo Berriel no dijo en la rueda de prensa donde anunció esta suspensión es que una de las hipótesis barajadas para reubicar el hotel de RIU en un lugar “próximo” es la de sugerirle la construcción de una torre de al menos 12 plantas de altura en una pequeña parcela de propiedad municipal situada justo en el borde del oasis de Maspalomas. RIU no ha querido pronuncirse sobre la decisión del Gobierno y solo ha anunciado que por ahora mantendrá abierto el actual hotel Oasis en régimen de todo incluido para salvar sus puestos de trabajo.
