La rebelión contra la ley turística se extiende a Tenerife y llega al Parlamento

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La plataforma de afectados se reunirá con CC y PSOE para exigirles la derogación del paquete normativo que amenaza con expoliar a miles de pequeños propietarios

 

La Plataforma de Afectados por la Ley Turística busca el apoyo del Parlamento de Canarias para conseguir la derogación de la ley de Modernización Turística de 2013 y del decreto de 2015 que la desarrolla. Una comisión de la PALT se reunirá este miércoles en Tenerife con representantes de Coalición Canaria y del Partido Socialista, los dos partidos cuyos grupos aprobaron en el Parlamento en 2013 la actual versión de la ley turística. “No se trata de pedir sino de exigir que se respete el derecho a la propiedad de miles de ciudadanos de la clase media canaria que han visto cómo la normativa turística pretende prácticamente laminar todos los derechos de los más de 70.000 pequeños afectados en toda Canarias”.

La plataforma llevará a los diputados de CC y del PSOE con los que se reunirán una copia del listado de peticiones que ya trasladaron el día 1 de febrero al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y que incluye la derogación expresa de la ley y del decreto y la modificación de algunas normas turísticas precedentes. Una de las modificaciones persigue expresamente que se reconozca la compatibilidad de la explotación turística con el uso residencial, proscrito en la ley de 2013 y aún más en el decreto de 2015 que lo desarrolla. Ambas normas pretende eliminar todo uso privativo de los inmuebles turísticos por parte de sus legítimos propietarios, porque condena cualquier uso como primera o como segunda residencia.

La plataforma ya he extendido su ámbito de actuación y su representatividad a Tenerife, donde tiene como coordinadora a Begoña Martorell. “Es necesario que los textos legales nos reconozcan y que cuando se hable de nuestras propiedades no se nos excluya, como ha ocurrido hasta ahora”, subraya Martorell en un comunicado previo a los encuentros en el Parlamento. “No es de recibo que quienes no son propietarios, políticos, empresarios del turismo y construcción, dispongan sin más de lo que no es suyo. Con esta norma se pretende expulsar a los canarios de las zunas turísticas, convirtiéndolos en ciudadanos de segunda y eso no lo vamos a consentir”, recalcó la coordinadora en Tenerife.

“Esperamos que los políticos sean conscientes del perjuicio gratuito que han generado y que de forma inmediata se repongan los derechos de miles de ciudadanos en su justo lugar”, subraya la PALT en vísperas de este nuevo encuentro con representantes políticos, tras los mantenidos con Fernando Clavijo y con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, así como con diputados del Partido Popular.

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