Los controladores aéreos españoles repetirán durante cuatro jornadas del mes de julio los paros parciales que ya realizaron en junio por la negativa de Enaire a llegar a un acuerdo sobre los 61 profesionales expedientados en Barcelona por los incidentes del puente de la Constitución de 2010, pese al archivo de la causa en la vía penal. Los paros se realizarán en tandas de mañana entre las 10:00 y las 13:00 horas los días 11 y 25 de julio y entre las 17:00 y las 20:00 horas de los días 12 y 26 de julio. En total, 12 horas de paros fraccionados para reclamar que se levanten los expedientes administrativos que pesan sobre los controladores de Barcelona y el despido del controlador del centro de Santiago Marco Antonio Enríquez. Esta nueva tanda de paros ya se veían venir después de que las cuatro jornadas de paros parciales precedentes se saldaran con un acercamiento cero entre este colectivo profesional y la dirección de Enaire.
La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), sindicato del que parte la convocatoria de estos paros, tachó este lunes de “inadmisible” la negativa de Enaire a buscar una solución al despido del controlador de Santiago. De cuantas incidencias se sucedieron a lo largo del puente de la Constitución de 2010, el caso de Santiago es especialmente significativa en términos judiciales: el juez instructor del caso, Vázquez Taín, no sólo dio en su día carpetazo al caso de los controladores en la vía penal, sino que dictó un durísimo auto en el que puso en cuestión el comportamiento de las autoridades competentes en materia de navegación aérea. En el curso de la instrucción y en uno de los interrogatorios, Vázquez Taín también apuntó sin rodeos la hipótesis de que la propia Administración (el Ministerio de Fomento, del que era titular en ese momento el socialista José Blanco) echara encima a la opinión pública contra los controladores, pese a las verdaderas causas que latían tras el conflicto.
Además, USCA considera “incomprensible la decisión de Enaire de mantener las sanciones a 61 controladores” del centro de control de Barcelona, “después de que el juzgado de instrucción encargado de las diligencias penales determinara la ausencia de responsabilidad de los sancionados y de que los procesos penales abiertos en 20 juzgados de toda España concluyeran de forma contundente que no existió desobediencia ni abandono por parte de los controladores” durante el puente de la Constitución. En una sucesión de acontecimientos que condujo al abrupto cierre del espacio aéreo español, a la declaración del estado de alarma y a la militarización del trabajo de los controladores a decisión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aquellos incidentes causaron un perjuicio directo a decenas de miles de ciudadanos que se quedaron atrapados en los aeropuertos.
Ahora, USCA expresa su disposición a seguir negociando con Enaire, pero hace una advertencia: el sindicato reclama “la participación directa del Ministerio de Fomento en el proceso de diálogo que se pretende abrir con la convocatoria de los paros, dado que ningún representante político con capacidad para suscribir acuerdos participó en las reuniones mantenidas con la representación sindical en la anterior convocatoria”.
Antes de los paros de junio, Fomento, ministerio del que es titular Ana Pastor, dictó unos servicios mínimos que fueron muy cuestionados por los controladores, al afectar a la práctica totalidad de los controladores de frecuencia, esto es, a los que se mantienen en contacto con los aviones, lo que redujo prácticamente a la nada el impacto del paro parcial convocado por USCA. El sindicato sostiene que “solo se respetó el derecho a la huelga de los controladores que no desarrollaban actividades directamente operativas” y que “los servicios mínimos asignados a los trabajadores que prestaban servicio efectivo de control aéreo fueron en realidad del 99 por ciento”.
