¿Libertad o ilegalidad? El dilema de las viviendas vacacionales

El Gobierno de Canarias se pregunta qué hacer con las casas que se ofertan para alquileres turísticos en internet sin control ni registro alguno

Querían en teoría resolver un problema, pero solo consiguieron otro mayor: la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que obliga a inscribir en un registro las viviendas privadas de uso turístico que proliferan como las setas en internet, amenaza con degenerar en un desbarajuste de proporciones siderales, amén de provocar una total desigualdad de trato a propietarios e inquilinos dependiendo de la comunidad autónoma donde se examine el problema. Canarias estudia qué hacer con las viviendas privadas de uso turístico: tiene por un lado la certeza de que, sin controles de seguridad, salubridad y en condiciones de total opacidad para la Hacienda pública, representan una clara competencia desleal a los alojamientos turísticos que pasan los filtros y los registros oficiales, pero sabe también que son una vía de escape para familias que intentan burlar la crisis y el peso de sus hipotecas. ¿Qué hacer? De momento, el Gobierno se sienta hoy a escuchar a la plataforma de propietarios.

El primer paso hacia el escenario de la incertidumbre lo dio el Gobierno central, al impulsar una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que excluye de su cobertura a las viviendas turísticas y deja su regulación a la entera disposición de las comunidades autónomas. Algunas, como Cataluña, fueron extremadamente ágiles y crearon de inmediato un registro de viviendas turísticas para intentar regularizar una situación de facto: la existencia de miles de casas que se alquilan en internet para uso turístico, pero sin ningún tipo de control por parte de la Adminstración pública. Otras, como Canarias, optaron por no hacer nada: ni crear un registro de vivienda turística, ni incluir esta categoría en su legislación, con el añadido (para mayor complicación) de que en todo caso correspondería a los cabildos habilitar esa inscripción.

¿El resultado? Una suerte de macrociudad sin ley que se rige en internet conforme a las leyes puras de la oferta y la demanda, pero sin control alguno. Y ahora, meses después de la aprobación de la nueva ley de Arrendamientos Urbanos, un completo caos si se comparan unas comunidades con otras. Agobiados por la crisis, miles de ciudadanos encontraron en el alquiler de sus viviendas para uso vacacional un desahogo a sus economías. La actividad venía impulsada por una pujante red de páginas web que ofrecen alojamientos alternativos: la ventaja para el usuario, un precio inferior al de los alojamientos oficiales, más espacio y algo de calor de hogar, lejos de las impersonales decoraciones típicas de hotel. La actividad llegó a ser tan rentable, que muchas familias incluso optaron por alquilar una vivienda para vivir, reservando la casa hipotecada propia solo para un uso comercial a través de estas webs. En otros casos, las casas turísticas de alquiler eran segundas residencias compradas durante el boom del ladrillo, que acababan autopagándose con las rentas turísticas obtenidas por sus propietarios. Pero, tras los particulares, llegó una auténtica red de empresas que, al calor de la moda de las casas turísticas, han hecho su agosto explotando viviendas en cadena, a precios ya iguales o por encima al de los hoteles de cuatro estrellas, pero sin adaptarse a los requerimientos de seguridad exigidos por las normativas autonómicas y sobre todo, sin rendir cuentas ante Hacienda.

En Canarias, el Gobierno autónomo no es capaz de dar una cifra de las viviendas turísticas que se ofertan a los turistas en pueblos y ciudades, al margen completamente de los requerimientos técnicos y administrativos que se exige a los establecimientos hoteleros o extrahoteleros oficiales. Hace meses, sí advirtió que lanzaría a los servicios de inspección de Turismo sobre las casas vacacionales explotadas al margen de la ley. Y lo hizo. Pero, de momento, lo único que ha conseguido es que los propietarios de las viviendas turísticas se organicen en una plataforma para hacerse escuchar por el Gobierno.

“No por tener un coche puedes ir a la calle a dar servicios de taxi, y ciudades como Nueva York han prohibido el alquiler de viviendas particulares como turísticas”. Lo dice, y no se cansa de repetirlo, el viceconsejero de Turismo de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente. Cierto. Pero también tienen los propietarios argumento alternativo: aunque quisieran legalizarse, no podrían, puesto que la Comunidad Autónoma no ha habilitado siquiera el registro, que para colmo tendría que ser gestionado por los cabildos.

No es la única comunidad donde las casas vacacionales se han convertido en un problema de primera magnitud en el ámbito turístico. Hasta en Cataluña, que se dio tanta prisa por crear el registro, el Gobierno autónomo advierte ya que no bastará con inscribirse en el registro, sino que hay que publicitar esa inscripción para cualquier tipo de actividad comercial con la vivienda en cuestión. De otro modo, imposible comprobar si las casas cumplen los requisitos mínimos. Y mucho menos hacerles salir de la economía sumergida a efectos fiscales. En síntesis: un buen lío.