El Ministerio de Industria ultima los trámites para ejecutar la fase final de autorización a la compañía Repsol de las prospecciones petrolíferas proyectadas frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. La autorización final corresponde formalmente a la Dirección General de Política Energética y Minas, pero se verá precedida de un preceptivo trámite de audiencia de 10 días ampliables a todas las organizaciones que se han personado en el expediente. Salvo que surjan imprevistos de última hora, el inicio del trámite de audiencia podría hacerse público en solo unas horas.
El ministerio del que es responsable José Manuel Soria ya ha terminado de examinar toda la información complementaria que le fue requerida a la compañía Repsol conforme a lo demandado en la declaración de impacto ambiental (DIA) que anunció Medio Ambiente el 29 de mayo último. La DIA requirió datos complementarios sobre varios aspectos, entre ellos los relativos a los estudios de sismicidad de la zona donde Repsol se propone realizar los sondeos, la simulación (modelización) de hipotéticos vertidos de hidrocarburos y el impacto acústico de las prospecciones sobre la población de cetáceos y el resto de la fauna marina.
El procedimiento previsto en la ley para la autorización final a Repsol establece un trámite de audiencia para posibles alegaciones por parte de los organismos o asociaciones que se han personado en el expediente. Este plazo es inicialmente de diez días, pero puede ampliarse a petición de los interesados. Una vez concluida la audiencia, Industria tiene vía libre para autorizar de forma definitiva los sondeos mediante una resolución de la Dirección General de Política Energética.
En un principio se barajó la posibilidad de que el anuncio fuera realizado por el propio José Manuel Soria al término del Consejo de Ministros, pero finalmente la rueda de prensa del Gobierno ha sido copada por el avance de la conversación mantenida esta mañana entre Mariano Rajoy y el presidente catalán para concertar una reunión, la nueva ley de seguridad ciudadana y el decreto de Wert sobre la enseñanza del catalán en las autonomías con lengua propia.
