Paulino Rivero firma el decreto de rechazo al BIC y arremete contra el Cabildo por ampararse “en supuestos valores históricos” para “alcanzar fines distintos de los perseguidos” por las normas de protección con tal de evitar que RIU pudiera derribar y reconstruir su hotel
La batalla está servida y sube políticamente de tono: el Gobierno canario lanzó hoy contra el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, una acusación en toda regla de “desviación de poder” y de ampararse “en supuestos valores históricos” para “alcanzar fines distintos de los perseguidos” por las normas de protección para conseguir la declaración del palmeral de Maspalomas y sus alrededores como bien de interés cutural (BIC) en su modalidad de sitio histórico y evitar a toda costa que la cadena RIU pudiera derribar y reconstruir un nuevo establecimiento donde actualmente se sitúa el hotel Oasis. La artillería gruesa figura expresamente en el decreto que el Gobierno publicó este mismo miércoles en el BOC para dejar constancia de su rechazo al BIC de Maspalomas. El decreto dedica 7 de sus veinte folios a examinar el supuesto de una desviación de poder y deslizar la idea de que el Cabildo instruyó el expediente para un fin distinto del declarado. Como ya había avisado, la corporación insular anunció por su parte que examinará cuidadosamente el decreto por si cabe acudir a los tribunales, ya sea mediante un recurso contencioso, ya mediante una querella por prevaricación, o incluso por ambas vías.
El simple acto administrativo de publicar oficialmente el rechazo del BIC adquirió este miércoles dimensiones inesperadas al contener en su letra pequeña una acusación en toda regla de desviación de poder. Así, el Gobierno sostiene que la actuación del Cabildo con este asunto “está investida e desviación de poder, pues se centra en justificar la existencia de unos supuestos valores históricos de los que no existe conciencia colectiva acomodando la referida actuación para alcanzar fines distintos de los perseguidos por las normas de patrimonio histórico de Canarias”. Por su quedara alguna duda, el decreto lo remata: “Se ha producido por parte del Cabildo de Gran Canaria el ejercicio de una potestad administrativa (declaración de un bien de interés cultural) para alcanzar un fin distinto, cual es alterar las normas de ordenación urbanística de la llamada franja de terreno del oasis de Maspalomas y evitar la construcción de un gran hotel en la zona que merme los valores de zonas que ya están protegidas”.
Esa protección preexistente es uno de los argumentos utilizados también por el Gobierno para desacreditar y rechazar la pretensión del Cabildo de declarar toda la zona sitio históricos BIC con el argumento de que Cristóbal Colón realizó una escala para aprovisionarse en unos de sus viajes a América, una teoría de la que el Gobierno directamente se mofa en el decreto publicado hoy.
Además, el Ejecutivo argumenta defectos procedimentales en la estrategia seguida por el Cabildo que, según el Gobierno de Canarias, colocaron en situación de indefensión a los particulares y empresas afectados por el BIC. A juicio del Gobierno, los defectos formales son tan graves que por sí mismos vician de nulidad todo el procedimiento.
