La autorización a Repsol provoca una cascada de reacciones contrarias a los sondeos exploratorios en aguas próximas a Canarias y el anuncio de recursos ante los tribunales
Los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura han expresado un contundente rechazo a los sondeos exploratorios que podrá llevar a cabo Repsol en aguas próximas a Canarias y a 50 km de los principales núcleos turísticos de estas dos islas, tras la autorización concedida por el Ministerio de Industria y publicada este miércoles en el BOE. Los dos cabildos han informado de que presentarán un recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía y que recurrirán la decisión del ministerio ante los tribunales de Justicia y ante la Unión Europea.
Tanto el Cabildo de Lanzarote como el de Fuerteventura consideran irrisoria la garantía financiera de 20 millones de euros impuesta a Repsol para depurar posibles responsabilidades medioambientales. Por su parte, el Gobierno de Canarias ha anunciado que solicitará la suspensión cautelar de la autorización que el ministerio ha dado a Repsol y mañana está prevista una comparecencia conjunta del presidente del Ejecutivo, Paulino Rivero, y los presidentes de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, para informar de las medidas que se tomarán en los próximos días ante lo que consideran un error de la máxima gravedad.
El Cabildo de Lanzarote anuncia que ya trabaja en la redacción del recurso de alzada y el recurso para el incidente de nulidad ante el Supremo, cuyos plazos vencen el 14 de septiembre y el 2 de septiembre, respectivamente, y prepara una hoja de ruta con acciones de la “máxima contundencia” para las próximas semanas y meses, que incluyen el más firme apoyo y refuerzo a la movilización ciudadana, e iniciativas en los ámbitos jurídicos, políticos, empresariales, científicos y sociales de toda Europa, señala. El presidente de la corporación, Pedro San Ginés, indica que el permiso final a la petrolera es “un nuevo atropello” que no puede ser aceptado ni quedar sin respuesta.
La resolución de 12 páginas de la Dirección General de Política Energética y Minas es frontalmente rechazada por el Cabildo de Lanzarote pues refleja la culminación de un proceso administrativo marcado desde su inicio, en 2001, “por la carencia de cooperación y diálogo, la falta de transparencia y de ocultación de información, la mentira permanente y, en definitiva, por una imposición inasumible tanto por las formas como por el fondo para la población de las islas”.
Según San Ginés, el texto no responde a ninguna de las alegaciones presentadas el pasado día 1 ante el Ministerio de Industria por el Cabildo, pero sí establece una serie de condiciones “que evidencian la falta de rigor y los riesgos implícitos que conllevan las perforaciones” pues no hace ninguna referencia a los posibles impactos de las operaciones de la petrolera sobre el turismo o sobre los procesos de suministro de agua potable a la población de las islas, a pesar de reconocer la posibilidad de fugas y accidentes graves.
Por su parte, el Cabildo de Fuerteventura critica la cantidad que el ministerio ha impuesto a Repsol como garantía financiera para cubrir responsabilidades ambientales, una cifra, dice, muy distante de los 4.400 millones en daños al medio ambiente, la pesca y el turismo que causó la marea negra del Prestige en Galicia. “El Ministerio de Industria, con el señor Soria a la cabeza, sigue sin aprender la lección, o al menos no ha querido hacerlo, cuando la autorización establece una garantía financiera de apenas 20 millones de euros para depurar posibles responsabilidades medioambientales”, apunta su presidente, Mario Cabrera.
“Se trata de una cifra ridícula que supone únicamente un 0,4 por ciento de los daños que causó el hundimiento de un solo barco. Con 20 millones de euros, o 60, si se suma el supuesto seguro de responsabilidad civil, no se compra a los canarios”, añade Cabrera. “Tristemente, volvemos a ver como el Ministerio de Industria protege a Repsol por todos los flancos mientras que deja a la sociedad canaria totalmente al margen, y absolutamente desprotegida ante las consecuencias que conllevaría un vertido”, apostilla el presidente del Cabildo.
Cabrera lamenta que el ministro de Industria, José Manuel Soria crea que “en Fuerteventura y Lanzarote podemos vivir sin agua, porque no es así”, apunta. En Fuerteventura, agrega, “dependemos al 98 por ciento del agua de mar desalada, y todos los informes técnicos coinciden en que, en caso de vertido, habría que suspender la producción de agua para no dañar la maquinaria de producción”.
