La acreditación para volar o navegar con descuento de residente en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla se convierte en una tortura por los continuos fallos del sistema telemático de verificación
El PP derribó en junio una moción del senador socialista Gregorio Medina Tomé que pedía a Fomento que vigilara la implantación del sistema automatizado por aerolíneas y navieras
El certificado de residencia en Canarias para garantizarse el descuento del 50% en el precio de los billetes de avión es para los canarios la tortura que no cesa meses después de que la ministra de Fomento, Ana Pastor, anunciara con gran fanfarria que exhibir este documento ya no sería necesario. Las aerolíneas y navieras no solo mantienen la exigencia de verificar la residencia en Canarias con este certificado para aplicar la tarifa bonificada, sino lo que es aún peor: el sistema informatizado para que los pasajeros se ahorren el engorro de acudir a su ayuntamiento en busca del certificado de empadronamiento funciona exactamente cuando quiere y acredita o no caprichosamente, unas veces sí y otras no, incluso tratándose del mismo viajero y de idéntico DNI. No contento con obviar el DNI como documento válido de acreditación, Fomento y su ministra permiten que la realidad desmientan sus anuncios cada día.
El acceso a la acreditación de residencia convierte en un laberinto burocrático y una irritante pérdida de tiempo la compra y realización de cualquier vuelo entre islas o Canarias-Península debido a los errores de funcionamiento del Sistema de Acreditación de Residencia Automático (SARA). Este sistema conecta las plataformas de venta de billetes de las aerolíneas con una base de datos que en teoría permite al pasajero obtener la acreditación con solo teclear el número de su DNI. Pero solo en teoría. La arbitrariedad y los errores del automatismo hacen que personas de la misma familia empadronadas en el mismo domicilio obtengan diferentes resultados: verificación para algunos miembros sí y no para otros. Ya en el colmo del surrealismo, el sistema verifica la residencia a un pasajero un día y se la deniega al día siguiente, con el mismo número de DNI, obligándole a acudir a su ayuntamiento en busca del dichoso certificado.
El anuncio de la ministra Pastor de que nadie iba a exigir el certificado de residencia y que este trámite incluso podría dar lugar a una reclamación del pasajero choca frontalmente de bruces todos los días con las condiciones que exhiben las aerolíneas en sus plataformas digitales de venta de billetes, que dejan bien claro al viajero empadronado en Canarias que, conforme al decreto vigente, se le puede exigir el certificado en cualquier momento, incluido el punto de embarque previo al vuelo. Lo mismo ocurre con las navieras. Y los residentes canarios tienen muy claro qué significa no disponer del papel en el mostrador de facturación cuando es reclamado por la aerolínea: dirigirse al punto de venta y pagar el importe total de su billetes, esto es, exactamente el doble de lo que tendría que costarle volar o navegar entre islas o entre el Archipiélago y el territorio peninsular.
Cuando Fomento anunció en enero de 2014 la desaparición del certificado, un año y medio después de inhabilitar el DNI como documento de acreditación para los ciudadanos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, obvió citar la letra pequeña de su propio anuncio: que el documento seguiría exigiéndose hasta el 1 de noviembre para dar tiempo a las compañías a que ajustaran sus sistemas de venta a la acreditación automática. En estas fechas de verano, en que se dispara el número de viajeros que compran billetes para moverse entre las islas o viajar a la Península, muchos ciudadanos comprueban cada día que, incluso en las web de aerolíneas bien conectadas a SARA, el sistema automatizado no les reconoce como residentes. Es el no va más del surrealismo: a la extravagancia de un Gobierno que no admite el DNI expedido por él mismo como documento válido de acreditación se agregan los fallos informáticos que tampoco hacen la verificación automatizada.
Pero la extravagancia política no acaba aquí: hace solo un mes, el grupo Popular derribó en el Senado una propuesta del parlamentario de la isla de La Gomera Gregorio Medina Tomé, del grupo Socialista, para que Fomento comprobara al menos el grado de implantación del sistema telemático de acreditación en las aerolíneas y navieras. A sabiendas de que Fomento lo impediría, la moción ni siquiera pedía acortar el tiempo de espera hasta la total extinción del certificado el 1 de noviembre de 2014 y solo reclamaba al Gobierno central medidas para acelerar la implantación de los sistemas de comprobación telemática. Aún así, el PP literalmente aplastó la iniciativa, derrotada en la comisión de Fomento del Senado por 16 votos en contra, frente a solo 9 a favor.
En el texto, el proponente relataba minuciosamente el laberíntico y surrealista proceso iniciado en septiembre de 2012, cuando Fomento, con la excusa de perseguir el fraude, inhabilitó el DNI como método de verificación de la residencia y lo sustituyó por el antiguo certificado de residencia para los pasajeros de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. El Gobierno aprobó en enero de 2014 un decreto que anulaba la exigencia, pero dejó abierto un período transitorio de diez meses hasta su efectiva aplicación el 1 de noviembre de 2014. En la práctica, si un pasajero quiere comprar un billete en este mes de julio un billete para las próximas navidades, superada ya la fecha del 1 de noviembre de 2014, el sistema le sigue exigiendo la acreditación de residencia.
El senador Medina Tomé criticó a Fomento por contribuir a extender la confusión entre los usuarios, al anunciar la supresión del certificado, cuando en la práctica se mantiene la exigencia por parte de las compañías aéreas y marítimas. Además, censuraba a Ana Pastor su desconocimiento “de la normal que ella misma había firmado”, al anunciar el abril que nadie podría exigir el documento a los viajeros.
Ya en esta moción, el parlamentario socialista se hacía eco de las dificultades habituales de funcionamiento del sistema telemático SARA habilitado por Fomento y criticaba el margen de diez meses que se dejó a las compañías, “que en muchos casos servía de excusa para no agilizar su implantación”.
Fotos: En las fotos, terminal del aeropuerto de Gran Canaria y senador Medina Tomé.
