La Cámara se propone aprobar una ley hecha a medias entre Nueva Canarias y CC que bloqueará cualquier vía para rentabilizar bungalós y apartamentos de particulares en las zonas turísticas
El texto, que salvo sorpresas será avalado también por el PSOE, con el voto en contra del PP y de Podemos, disparará la inseguridad jurídica de la vivienda vacacional
@teresacardenes
¿A quién obedecen los grupos políticos del Parlamento de Canarias? ¿A los ciudadanos, a los grupos empresariales de presión o a los especuladores amiguetes capaces de alimentar campañas electorales? Es una pregunta pertinente en vista del expolio a los pequeños propietarios de apartamentos turísticos que se propone consumar en las próximas 48 horas el Parlamento autonómico, con la autoría intelectual de Nueva Canarias (Román Rodríguez) y Coalición Canaria (al mando de Fernando Clavijo) y, si nadie lo remedia, el errático e incoherente apoyo del Partido Socialista. NC y CC quieren aprobar una ley que dinamitará cualquier vía para que los particulares puedan rentabilizar sus bungalós o apartamentos en zonas turísticas mediante el alquiler vacacional. El PP se desmarca y Podemos también anuncia un voto en contra, al entender que esta ley solo empeorará la especulación y el encarecimiento de los alquileres en las áreas urbanas no turísticas.
En el último minuto de la legislatura, NC, CC y PSOE pretenden elevar a rango de ley una prohibición de facto del alquiler vacacional en las zonas turísticas de Canarias y asestar un nuevo golpe a los derechos de los pequeños propietarios de bungalós y apartamentos. Pero el impacto no se limitará a las áreas turísticas. Para todo el territorio autonómico, la nueva ley abrirá una espita demencial de inseguridad jurídica. La norma permitirá a cada cabildo, a cada ayuntamiento y al propio Gobierno establecer arbitrariamente limitaciones generales o zonales al alquiler vacacional, limitaciones que además podrán ser indefinidas o temporales. En la práctica, con esta ley en la mano, cualquier alcalde podrá, mediante ordenanzas provisionales, permitir el alquiler vacacional en una acera y prohibirla en la de enfrente, temporal o definitivamente.
El engendro legislativo redactado a trozos por Nueva Canarias y CC desprecia las sentencias del Tribunal Supremo contra el decreto sobre alquiler vacacional actualmente vigente, así como las numerosas advertencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre la imposibilidad de primar a los grandes operadores turísticos sobre los pequeños propietarios. Por si esto fuera poco, la propuesta de NC y CC, avalada por el PSOE, invade competencias no autonómicas y pretende vulnerar los derechos de los propietarios de viviendas contemplados en la Ley de Propiedad Horizontal, de carácter estatal.
A continuación se desgranan las claves de este atentado contra el derecho a la propiedad privada, a la libertad de empresa y a la libre prestación de servicios amparadas por la Constitución Española y las directivas de la Unión Europea que el Parlamento canario pretende consumar en el pleno que empieza este martes.
¿CÓMO ARRANCA ESTA LEY?
La ley que pretende aprobar el Parlamento no tenía originalmente nada que ver con el alquiler vacacional. Comenzó a tramitarse como un proyecto para modificar la ley de renovación y modernización turística, precisamente como consecuencia de los numerosos varapalos judiciales que la mal llamada moratoria turística cosechó durante años en los tribunales.
Presionado entre otros por la poderosa asociación de hoteleros de Tenerife (Ashotel), Clavijo lleva toda la legislatura mareando la perdiz con un `nuevo´ decreto de alquiler vacacional que contiene incluso más limitaciones que el anterior, firmado por Paulino Rivero. A pesar de los innumerables varapalos judiciales, Clavijo ni ha derogado el decreto anterior, ni ha aprobado el nuevo. Irónicamente, el borrador del `nuevo´ sigue rodando en bucle por varias mesas `negociadoras´, en el intento del gobierno de simular que está `consensuando´ el texto.Ahora, con el gol colado en el Parlamento a medias entre Nueva Canarias y Coalición Canaria, ese supuesto decreto de consenso irá directo a la papelera. El sueño largamente perseguido por ciertos lobbies hoteleros de hacer inviable a toda costa el alquiler vacacional por los pequeños propietarios turísticos ya no tendrá formato de decreto, sino rango de ley y saldrá del Parlamento. ¿Alguien da más?
PROHIBICIÓN EN LAS ZONAS TURÍSTICAS
El primer decreto canario de alquier vacacional también fue colado en el último minuto de legislatura en 2015 por el entonces Gobierno de Paulino Rivero. El decreto prohibía directamente el alquiler vacacional en las zonas turísticas y ha cosechado un gran número de varapalos judiciales, primero en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y luego en el Tribunal Supremo. En una de sus últimas sentencias, el Supremo lo deja meridianamente claro: prohibir el alquiler vacacional en suelo turístico es un acto contradictorio en sí mismo que solo beneficia a los grandes operadores turísticos, pero además lesiona el derecho constitucional a la libertad de empresa, la ley de unidad de mercado y las directivas europeas que protegen la libre prestación de servicios. Estas sentencias llegaron después de numerosas advertencias en la misma dirección de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Pues bien, ¿qué pretenden santificar ahora NC y CC? Una prohibición encubierta, que consiste en bloquear cualquier posibilidad de que el dueño de un apartamento turístico lo rentabilice por su cuenta como vivienda vacacional. Si usted es propietario de una vivienda situada en un complejo turístico, no podrá practicar el alquiler vacacional en ninguna circunstancia. Si el complejo está activo como establecimiento turístico, estará obligado a ponerse en manos de un explotador único, a mayor gloria de los grandes operadores y de los especuladores. La vivienda tampoco podrá ser arrendada mediante alquiler de larga duración, posibilidad que queda eliminada con una oportuna enmienda de CC. El panorama se remata con la prohibición de residir en el apartamento o bungaló, salvo con la limitadísima excepción contemplada en la ley del Suelo de Fernando Clavijo: solo se permitirá el uso residencial que ya estuviera consolidado con fecha de 1 de enero de 2017. Si usted no estaba empadronado en esa fecha, vaya olvidándose… Y si se plantea vender, empiece a calcular una depreciación en cascada: Nueva Canarias y Coalición Canaria, con el apoyo del PSOE, se han esmerado mucho en el intento de que su propiedad no valga nada en el reino de los grandes intocables hoteleros y extrahoteleros.
BIENVENIDOS AL REINO DE LA INSEGURIDAD JURÍDICA
La pretendida nueva ley aportará también grandes dosis de inseguridad jurídica a todos los propietarios de viviendas, estén situadas o no en municipios o áreas turísticas. El nuevo texto rebota a ayuntamientos y cabildos la posibilidad de establecer de forma arbitraria y aleatoria todas tipo de limitaciones al alquiler vacacional, sin definir ni siquiera de forma genérica qué tipo de restricciones y por qué tipo de motivos. Estas limitaciones podrán introducirse a través de los planes insulares y urbanísticos, pero también a través de ordenanzas provisionales, en municipios completos o solo en una parte de ellos y de forma indefinida o temporal. Por si acaso ayuntamientos y cabildos se quedan cortos, el Gobierno se reserva también su propio trozo de pastel y podrá establecer “límites máximos de implantación” e incluso “condiciones urbanísticas específicas” a la vivienda vacacional.
Tampoco aquí se define ningún tipo de pauta. Traducido: si usted se propone invertir en una vivienda y quiere rentabilizarla turísticamente, sepa que en cualquier momento le puede ser restringido el uso y gestión de su propiedad, sin que nuestros padres de la patria den pista alguna de cómo, dónde, cuándo, ni por qué podrán aparecer esas limitaciones. La incertidumbre total en el reino de la total arbitrariedad. Y un camino expedito para que las limitaciones a esta forma de explotación turística se conviertan, además, en una fuente añadida de potenciales corruptelas.
VULNERACIÓN DE LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL
Si aprueba la nueva ley turística, el Parlamento invadirá además una competencia no autonómica y vulnerará de facto la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), que regula los derechos y deberes de todos los propietarios de viviendas sujetas a esta norma.
La LPH es muy clara cuando dice que los estatutos de una comunidad, que regulan entre otras cosas los usos permitidos de las viviendas, solo se pueden modificar con el voto unánime de todos los propietarios. Pues bien, el Parlamento de Canarias obvia por completo lo que dice esta ley y pretende colar un artículo que reduce esa unanimidad a solo una mayoría de tres quintos. Así, si usted quisiera dar de alta su vivienda como alojamiento vacacional, ahora tendrá que aportar un certificado de su comunidad en el que, por una mayoría de tres quintos, se le autorice expresamente al alquiler vacacional.
El proyecto de ley que arrancó para tapar los agujeros judiciales de la ley de modernización turística y acabó convirtiéndose en el dinamitero de los pequeños propietarios está en el orden del día del pleno que celebrará el Parlamento de Canarias este martes y miércoles. Las primeras horas del pleno estás reservadas para una comparecencia de Fernando Clavijo. ¿Sobre qué? Pues sobre la declaración que habrá prestado apenas un rato antes en un juzgado de La Laguna como investigado (antes imputado) por el caso grúas.
Luego llegará la parcheada ley turística. Un gol de último minuto de la legislatura, por si no bastaba con el bochorno de un presidente investigado.
