La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) ha presentado un informe jurídico elaborado por el experto en Derecho Administrativo Manuel Sarmiento que invoca la “nulidad radical” de varios apartados del decreto que regula en Canarias el alquiler vacacional, entre ellos el artículo 3 del reglamento, que prohibe expresamente la explotación de las viviendas situadas en suelo o urbanizaciones turísticas e incluso mixtas. El informe redactado por Sarmiento, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, hace un recuento de hasta doce irregularidades del decreto, aprobado por el anterior Gobierno de Canarias cuando ya estaba en funciones y solo dos días antes de las elecciones autonómicas y que el actual Ejecutivo de Fernando Clavijo mantiene en vigor, pese a darse a sí mismo en el Parlamento una instrucción de revocación del decreto.
En su informe, Sarmiento alega la nulidad radical del artículo 3, que prohibe el alquiler vacacional de viviendas situadas en zonas turísticas, “ya que establece límites administrativos que excluyen la contratación, vulnera la libre competencia e impone una discriminación arbitraria por injustificada”. El informe solicitado por la ASCAV se alinea así con las tesis de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), que también advirtió al Gobierno que llevaría el decreto a los tribunales si no eliminaba esos obstáculos a la libre concurrencia y los escollos que, según la CNMC, solo persiguen colocar en posición de privilegio a las empresas hoteleras tradicionales.
Pero además, el informe detalla otras irregularidades del decreto, que considera “manifiestamente arbitrario y viciado en algunos de sus artículos de nulidad radical”. Entre esos artículos que se consideran nulos de pleno derecho sitúa también los que establecen las condiciones para explotar viviendas en régimen de alquiler vacacional, así como el apartado del decreto que prohibe la fórmula de cama y desayuno (bed and breakfast), “una prohibición injustificada que atenta contra el principio de necesidad, proporcionalidad y no discriminación”.
En su análisis, Sarmiento también advierte que el Gobierno incumplió expresamente los principios liberalizadores que se dio a sí misma la Comunidad Europea cuando aprobó la directiva Bolkestein, al exigir que los propietarios de viviendas vacacionales se inscriban en un registro en los Cabildos insulares y firmen una declaración responsable.
El informe subraya también que el decreto vulnera la Ley de Economía Sostenible y se aprobó sin enviar todo la documentación necesaria al Consejo Consultivo de Canarias y sin solicitar informes al Consejo Económico y Social, las cámaras de comercio, el Consejo de Turismo o la propia CNMC. Además, sostiene que el decreto contribuye a la inseguridad jurídica por la falta de una regulación específica para las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, “que tienen singularidades reconocidas expresamente por la ley”.
Pincha este enlace para ver en vídeo una entrevista a la presidenta de la Ascav, Doris Borrego, sobre la caótica regulación del alquiler vacacional en Canarias.
