La consejera de Turismo admite que el fenómeno de la residencialización exigirá “una revisión de gran calado”, pero apuesta por afrontarla cuanto antes para eliminar incertidumbres
Los juristas del Gobierno examinan la figura de ‘sustitución del propietario’ disidente, pero la consejera advierte que se trata de una fórmula “extrema a la que no se tiene que llegar”
La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, María Teresa Lorenzo, considera “positivo” que en Canarias se hayan constituido varias plataformas de afectados por la normativa turística redactada durante la pasada legislatura, porque “eso nos facilita la tarea de sentarnos a dialogar”. En una entrevista realizada con motivo del Día Mundial del Turismo 2015, Lorenzo consideró “probable” que haya que revisar tanto la Ley de Modernización Turística como el reglamento que la desarrolla a través de un decreto. A su juicio, esa revisón exige diálogo, pero también agilidad para afrontarla cuanto antes, para despejar incertidumbres y garantizar la seguridad jurídica.
“Cuanto la sociedad se une es mejor para el diálogo. Siempre es positivo, demuestra que los propietarios quieren defender sus derechos y nos facilita la tarea de sentarnos a dialogar. El Gobierno trae un nuevo estilo que está basado en el consenso y la participación será un sello en nuestra forma de gobernar”. Así respondió la consejera de Turismo cuando fue interrogada sobre la constitución de tres plataformas de afectados para expresar su rechazo a dos decretos del Gobierno y pedir su revisión. Una de ellas, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, ya ha conseguido parcialmente su propósito de que el Gobierno acceda a la revisión del decreto sobre esta fórmula de explotación. Las otras dos han nacido en San Bartolomé de Tirajana para oponer su rechazo frontal a la hipótesis de que los pequeños propietarios sean excluidos de todo uso de sus inmuebles si se encuentran en complejos turísticos.
Lorenzo admitió que la norma genera “incertidumbre”, tanto entre propietarios residentes como entre los que no lo son, “y por eso estamos trabajando para sacarla cuanto antes”, dijo respecto a la revisión de este decreto. Pero al mismo tiempo, subraya que la situación derivada de la Ley de Modernización Turística y el decreto que la desarrolla exige “una solución muy compleja que requiere una revisión de gran calado”, en cuyo consenso hay que implicar a todas las partes.
El desarrollo de la ley ha desatado un incendio civil sin precedentes en Gran Canaria, por el temor de miles de propietarios a perder todo uso de sus inmuebles y de quedar abocados a cederlos a una explotadora. Al mismo tiempo, ha generado una gran inquietud entre muchos propietarios que son a la vez residentes y que tienen en estos apartamentos su única vivienda.
Lorenzo recordó que este escenario “tiene que ver con la ley de Modernización Turística y con las directrices de ordenación del territorio”, normas que subrayan “el deber de atenerse a los usos de las parcelas”. Con todo, y como ya hizo hace semanas el presidente del Gobierno, la consejera también admitió que “la realidad va a un ritmo diferente” al marco normativo y “hace que convivan usos residenciales en complejos turísticos. Nuestra propuesta será mantener reuniones para buscar el consenso, revisar la normativa y buscar una solución. Pero es una solución muy compleja”, insistió.
La consejera de Turismo también fue interrogada sobre otro caballo de batalla de las plataformas ciudadanas: la fórmula de ‘sustitución del propietario’ prevista en la ley y en el decreto, que permite excluir a propietarios e incluso transferir a un tercero la titularidad de sus inmuebles si se oponen a decisiones de sus comunidades sobre rehabilitación de los edificios o se niegan a cederlos a una explotadora. El decreto permite en la práctica expropiar a favor de un tercero que además es el que pone el precio.
Lorenzo sostiene que se trata de “un tema complejo, pero hay mecanismos que evitan tener que llegar a esos extremos. Son situaciones extremas a las que no se tiene que llegar y es posible articular mecanismos para evitarlo”. La consejera no quiso anticipar los términos en que se producirá la modificación del decreto ni tampoco dio por hecho que se modifique expresamente este apartado ni ningún otro en concreto. Pero sí dijo que “los propietarios que estén residiendo no tienen por qué alarmarse. Queda claro que la propiedad privada hay que respetarla”.
La consejera de Turismo no quiso prejuzgar la validez o invalidez de la figura de la ‘sustitución del propietario’ disidente ni entró a valorar si el Gobierno anterior hizo bien o mal al incorporarlo al decreto en los términos en que está contenido. “Entiendo que cuando se aprueba una ley es porque ha pasado unos controles, pero la normativa siempre es revisable”. También explicó que hay juristas que ya están analizando esta figura para determinar si cabe o si, por el contrario, crea inseguridad jurídica, también para quien quisiera aplicarla. “Hay que hacer una revisión, pero no puedo adelantar los términos, hay que sentarse con todos los implicados y buscar el interés general”.
María Teresa Lorenzo presidió el jueves en La Gomera el acto de entrega del premio Islas Canarias 2015 a la excelencia turística. Su discurso en el acto de entrega omitió cualquier referencia a la enorme polémica generada por las normas turísticas aprobadas durante la pasada legislatura, pero sí subrayó que, en un contexto internacional de crecimiento del turismo “como nunca antes se había producido”, Canarias tiene que reevaluar estrategias, “redefinir un gran pacto por el turismo” y recualificarse como destino. Un proceso “de mucha complejidad en el que nos jugamos mucho” si Canarias no se adapta a los requerimientos “del turista del siglo XXI”.
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