Miles de firmas contra el ‘decretazo’ turístico en Gran Canaria

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La iniciativa de un ciudadano en Change.org contra la norma que condena el uso residencial de los apartamentos turísticos y amenaza a los dueños con una transferencia forzosa de la propiedad recauda 3.500 firmas en una semana

 

Apenas una semana ha bastado para que un ciudadano haya recaudado sin apoyo mediático alguno 3.500 firmas contra el decreto del Gobierno de Canarias que condena a los propietarios de inmuebles turísticos en el Sur de Gran Canaria a renunciar a cualquier uso de sus apartamentos y bungalós y los amenaza incluso con una transferencia forzosa de la propiedad a un tercero. La iniciativa ha partido del ciudadano Samuel Jesús Cruz Delgado, que la subió a la plataforma Change.org hace siete días. En su petición pública, Cruz Delgado sostiene que las instituciones “pretenden hacer creer a la población que el mayor problema de la renovación turística es el uso residencial en determinadas áreas con el fin de desgastar a los pequeños propietarios en favor de las grandes empresas del sector turístico”.

La propuesta apoyada en una semana por 3.500 personas pide la derogación del decreto que desarrolla la Ley de Modernización Turística de Canarias, aprobado por el anterior Gobierno autonómico CC-PSOE bajo la Presidencia de Paulino Rivero cuando ya estaba en funciones y publicado en el Boletín Oficial de Canarias solo diez días antes de las últimas elecciones autonómicas. Los efectos combinados de este decreto con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de San Bartolomé de Tirajana, redactado también por el anterior Gobierno a través de Gesplan, excluyen a miles de pequeños propietarios de cualquier tipo de uso de sus inmuebles turísticos y les obligan a cederlos a una explotadora única, a menos que quieran exponerse a la pérdida de su propiedad por medio del régimen de ‘sustitución del propietario’ disidente.

En su petición pública, Samuel Cruz defiende que las instituciones, entre las que cita al Gobierno, al Parlamento de Canarias que aprobó la Ley de Modernización Turística y al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que tramita actualmente el PGO, “no han tenido en cuenta que la renovación turística de estas zonas puede llevarse a cabo sin vulnerar el libre derecho a la residencia del artículo 19 de la Constitución española”. Por si fuera poco, añade, “la propia Constitución establece en el artículo 33 el derecho a la propiedad privada y a la herencia, indicando que las delimitaciones a este principio solo podrán establecerse por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”.

El redactor de la petición pública subraya que, pese a lo que dispone la Constitución, las instituciones “pretenden saltarse no solo el derecho anteriormente mencionado de la residencia, sino las posibles indemnizaciones por expropiación que les corresponderían a los propietarios y a los más de 17.000 residentes en las zonas turísticas del municipio de San Bartolomé de Tirajana”, auténtico corazón turístico de Canarias.

Lee aquí la petición pública de Samuel Cruz.

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