Un grupo de emprendedores cuyas empresas desarrollan su actividad en el Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se ha alzado contra la pretensión de la fundación que gestiona sus locales de encarecer los precios del alquiler, una medida que según los afectados pone en entredicho incluso la supervivencia de algunas empresas. Este colectivo de emprendedores, que ha constituido una plataforma para denunciar públicamente esta situación, advierte que el encarecimiento pretendido por la fundación que gestiona el parque pone en peligro el empleo e incluso la continuidad de las propias empresas, que la mayoría de los emprendedores constituyeron tirando de ahorros personales o familiares o utilizando el pago único del desempleo. La plataforma sostiene que detrás de este encarecimiento hay una maniobra especulativa que incluye el aterrizaje en el parque tecnológico de grandes empresas consolidadas cuya actividad no tiene nada que ver con el emprendimiento.
Este colectivo está integrado por empresas de perfil tecnológico o ligado a actividades complementarias que en su día eligieron establecerse en los edificios del Parque Científico Tecnológico para acogerse a “unas condiciones favorables para la emprendeduría y potenciación del tejido empresarial” en Gran Canaria. El parque incluye cuatro edificios, dos de ellos de reciente creación y otros dos que se configuraron hace años como un vivero de empresas tecnológicas. Sus ocupantes pagaban una media de 10,65 euros por metro cuadrado por sus locales y disfrutan de servicios comunes, incluyendo wifi, seguridad y limpieza. Pero ahora, la fundación que gestiona el parque, de la que forman parte la propia Universidad y el Cabildo de Gran Canaria a través de la Sociedad de Promoción Económica de la isla, pretende según la plataforma imponer un alza de precios de alojamiento que encarece los alquileres entre un 30% y un 100%, al elevar el precio medio del alquiler y duplicar la cuota para los emprendedores que utilizan la modalidad del coworking. La plataforma subraya que este encarecimiento supone una “situación crítica para muchos de estos emprendedores que verán peligrar tanto su patrimonio como la continuidad de empleados”.
Los afectados subrayan que los precios ya eran elevados, “teniendo en cuenta el precario mantenimiento de los servicios ofrecidos, que no están a la altura de un Parque Científico Tecnológico, y ni siquiera cumplen con los mínimos pactados”. Entre las deficiencias de los dos primeros edificios, la plataforma denuncia expresamente la mala cobertura interna tanto de la wifi como de la telefonía móvil, los precios desorbitados de la telefonía fija, la presencia de humedades y goteras, una limpieza insuficiente, un mobiliario deteriorado y ruidos. Se trata de deficiencias que no son solo perceptibles para los propios emprendedores y sus trabajadores, sino también para los potenciales clientes que les visitan en unas instalaciones creadas supuestamente para impulsar su actividad y dar impulso a la economía del conocimiento. En casa del herrero, cuchara de palo: las empresas tecnológicas ni siquiera pueden muchas veces mostrar sus herramientas por los problemas de conectividad dentro de los dos edificios más antiguos.
La plataforma lamenta el cambio arbitrario de las condiciones económicas al amparo de las cuales se produjo la instalación de estas empresas en el Parque Tecnológico y denuncian que se trata de “una situación especialmente injusta”. Pero además recalcan su convencimiento de que tras los cambios hay una maniobra especulativa. “Primero se construye unos edificios con fondos europeos para favorecer el talento y la emprendeduría y ahora ponen a los pequeños emprendedores a competir por el espacio contra las grandes empresas y corporaciones”, recalca en un comunicado el presidente de la plataforma, Rafael Fuentes.
Los afectados tienen previsto realizar este jueves una concentración de protesta ante uno de los edificios del Parque Tecnológico, sin que por el momento sus quejas hayan sido atendidas por las dos instituciones públicas implicadas en este conflicto, la propia Universidad y el Cabildo de Gran Canaria.