La Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) advierte al Ayuntamiento y al Gobierno que el colectivo pone cara y voz a “un grave problema social” por la vulneración del derecho a la propiedad privada en el Sur de Gran Canaria
La PALT sostiene que el primer efecto del PGO y de los decretazos turísticos ha sido la paralización de ventas de inmuebles “que ya se han frustrado” por la inseguridad jurídica y las limitaciones de uso que imponen estas normas
La Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) ha nacido en San Bartolomé de Tirajana para ponerle cara y voz “a un grave problema social”, el que representan miles de pequeños propietarios cuyo derecho a la propiedad privada “está absolutamente vulnerado”. Así lo definen el presidente y la vicepresidenta de la plataforma, Blas Padrón y Maribe Doreste, en el curso de una vídeo entrevista (pincha aquí para verla completa) sobre la movilización social sin precedentes que han generado el nuevo Plan General de San Bartolomé de Tirajana y el decreto que desarrolla la Ley de Modernización Turística.
Maribe Doreste declara con contundencia que la plataforma integra a “jubilados, pensionistas, trabajadores, profesionales y extranjeros” que se han visto sorprendidos por este marco normativo cuyas consecuencias define así: “Todos los ahorros de mi vida, lo que he heredado o lo que pretendo dejar en herencia a mis hijos no puedo usarlo y tengo que dejarlo en manos de un tercero del que no tengo ninguna información”.
Padrón va más allá y expone su propio caso. Propietario de un inmueble en un complejo de 300 apartamentos donde “la explotación turística ha sido espantosa”, paga una hipoteca de 700 euros, pero con el decreto en la mano, el marco normativo le obliga “sin ninguna capacidad de negociación” a poner el inmueble en manos de una explotadora turística de la que podría esperar como mucho una renta de 100 ó 150 euros. “Queremos hacer un frente común contra este disparate jurídico”.
Doreste invita a todos los afectados a utilizar los modelos gratuitos de alegaciones confeccionados por la plataforma para oponerse al PGO antes de que el 30 de septiembre finalice el plazo y advierte: “Nuestra propiedad sigue comprometida y nuestro derecho menoscabado”.
Pincha aquí para ver la entrevista íntegra.
