Las víctimas del JK5022 vuelven a sentarse en el banquillo

La Fiscalía pide desestimar la demanda del abogado Alberto Hawach al no ver acreditado que la asociación de familias del Spanair haya dañado su honor tras cesarle por pérdida de confianza

El defensor de la AVJK5022 considera probado que el letrado ocultó a sus clientes el pacto de honorarios que había alcanzado con un despacho americano  y que “remó en beneficio propio” al intentar derivar víctimas hacia el bufete de EEUU

La Fiscalía pidió este lunes que sea desestimada una demanda del abogado Alberto Hawach contra la asociación de víctimas del vuelo JK5022 en la que pedía ser resarcido con 6.000 euros por daños a su honor. El juicio, celebrado ante el juez Juan José Cobo Plana, quedó visto para sentencia en el nuevo Palacio de Justicia de Las Palmas, pero volvió a sentar en el banquillo a tres personas que, amén de perder a familiares en el accidente, asumieron consecutivamente la presidencia de la asociación. El defensor de las familias, Juan Luis Ortega Peña, consideró probado que Hawach ocultó a quienes entonces eran sus clientes un acuerdo con el bufete norteamericano con el que hacía de enlace para quedarse con la tercera parte de los honorarios que cobraran los abogados de Estados Unidos. Y también que “remaba en beneficio propio”, convirtiéndose “por arte de magia de penalista en civilista”. Por su parte, el letrado que representó a Hawach, que no acudió al juicio, aseguró en sus conclusiones que la AVJK5022 infligió un grave daño a su cliente tanto en Canarias, con su cese y una posterior queja ante el Colegio de Abogados, como en el curso de reuniones que representantes de la asociación mantuvieron con altas instancias del país, incluida una visita al fiscal general del Estado.

Federico Sosa, primer presidente de la asociación, protagonizó uno de los testimonios más duros de la jornada. Sosa, que perdió en el accidente a su hermana, su cuñado y dos sobrinos, “una familia completa”, explicó que Hawach se había ofrecido voluntariamente a la asociación para intentar frenar las llamadas de acoso que muchos parientes de las víctimas estaban recibiendo de bufetes norteamericanos. En los días posteriores al accidente, tanto en Madrid como en Canarias cayeron sin contemplaciones sobre las familias multitud de letrados de Estados Unidos para tratar de convencer a las familias de pleitear en Estados Unidos contra la compañía constructora del avión, lo que finalmente resultó totalmente inútil: la Justicia norteamericana dio carpetazo al caso y remitió a las víctimas a la Justicia española.

De acuerdo con el testimonio de Sosa, fue en ese contexto cuando Alberto Hawach logró convertirse en abogado de la asociación y en febrero de 2009 incluso realizó un viaje a Estados Unidos en compañía de un asesor de la asociación, Nicolás Albarracín, ya fallecido, para reunirse con el bufete BCA. El expresidente aseguró que “miles de veces, siete veces por semana”, requirieron a Hawach para que informara a la asociación del cuánto cobraría por su asistencia legal. Pero no fue hasta muchos meses después, a principios de junio de 2009, cuando supieron de la existencia de un acuerdo firmado entre Hawach y BCA a espaldas de la asociación, por el cual el primero se quedaría con la tercera parte del 20 por ciento que iban a cobrar los norteamericanos. Sosa explicó que ese dato lo conocieron solo después de que una cadena de televisión anunciara el contenido del acuerdo y cuando los socios empezaron a telefonearle alarmados por la información. “Esos documentos terminaron por confirmarnos la pérdida total y absoluta de la confianza en Hawach y tomo la decisión de convocar una asamblea extraordinaria para comunicar su cese y a continuación presentar mi dimisión, porque yo había confiado en él ciegamente”.

En parecidos términos declaró en la vista la siguiente presidenta de la asociación, María Saleta, que calificó de desleal el comportamiento de Hawach: “Fue desleal porque llevábamos meses pidieron que aclarara cuánto iba a cobrar y ya tenía en su contrato con los americanos sus honorarios”, pero, según estos testimonios, no informó a la asociación ni siquiera pese a la insistencia del bufete americano de que informara a sus clientes. Saleta añadió que a ella le parecía desproporcionado el 20% que iban a cobrar los norteamericanos y que se trató de rebajar esa cantidad, pero la respuesta siempre fue negativa. “Lo que no sabíamos es que la tercera parte era para Hawach”.

La tercera declaración fue la de Pilar Vera, actual presidenta de la asociación. En su turno de preguntas, Val trató de demostrar una y otra vez que Vera había desacreditado expresamente a Hawach en el curso de sus encuentros con altas instancias del Estado, cuando el abogado ya había sido cesado y fue necesario un cambio de representante en el proceso penal. Algo que negó rotundamente Vera. “Nosotros lo que contábamos en esas reuniones es que teníamos un temor tremendo a que la causa se archivara en la vía penal (como finalmente ocurrió). Es cierto que se nos preguntaba que porqué habíamos cambiado de abogado, y contestaba que por un problema de deslealtad, porque ese era el sentimiento que había en ese momento en la asociación”.

En otra parte de su declaración, esta vez al responder a preguntas del defensor de la AVJK5022, Vera subrayó que, como consecuencia de la ruptura con Hawach “se había perdido un año preciosísimo para la investigación del caso, y por eso decidimos hacer esas visitas, para que las instituciones le pusieran cara a la tragedia. No se iba a hablar del abogado. Ni llevábamos esa intención ni era ni mucho menos el tema principal. Lo que nos angustiaba era el archivo. No teníamos tiempo para una venganza ni para otra cosa que no fuera buscar justicia y verdad”.

Uno de los momentos más llamativos de la vista se produjo cuando declaró como testigo el decano del colegio de Abogados, Joaquín Espinosa, cuya junta había rechazado una queja con petición de expulsión de Hawach formulada por la asociación. Val pretendía demostrar que Vera se había reunido con Espinosa para criticarle por el pacto de honorarios, pero se encontró con un muro infranqueable. “Lo que hablamos ella y yo es secreto profesional”, reiteró dos veces Espinosa.

En su escrito de conclusiones, Val trató de demostrar el daño perpetrado a la imagen de su cliente. “Se le acusó incluso de pretender obtener un beneficio obsceno de dos millones de euros. Y eso ya no era un calentón, era algo premeditado”, dijo, para intentar desacreditar a Alberto Hawach. Val se encontró de frente con el criterio de la Fiscalía, que pidió desestimar la demanda por daño al honor y consideró que las críticas vertidas sobre la actuación de Hawach sí tenían relevancia pública dado el caso de que se trataba y que estaban protegidas por el derecho a la libertad de expresión y de opinión.