La decisión del Gobierno de privatizar el 49% de AENA Aeropuertos cumple el peor augurio de cuantos temen un empeoramiento de servicios en instalaciones estratégicas
Las miradas se centrarán ahora en quiénes serán los accionistas selectos que tendrán la oportunidad de hacerse con el 21% que no saldrá a Bolsa
Un gol por toda la escuadra aprovechando que el entretenimiento nacional era el partido que este viernes enfrentó a España con Holanda en el Mundial de fútbol de Brasil y que acabó con un resultado calamitoso para La Roja. Así interpretaron ayer muchos ciudadanos y no pocos trabajadores del sector la decisión del Gobierno de España de privatizar el 49 por ciento de AENA anunciada por la ministra de Fomento, Ana Pastor, junto a la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Saenz de Santamaría. Estas son las cifras clave que exhibe el Gobierno de Mariano Rajoy para llevar a cabo una medida que venía acariciando desde el inicio del mandato y que se había postergado ante la evidencia de que el impacto de la crisis sobre las cuentas no era un buen punto de partida para la privatización: ahora que la joya de la abuela levanta cabeza y remonta el vuelo llega el momento, refiere Pastor, de proceder a una venta parcial rechazada por muchos representantes de los trabajadores de AENA Aeropuertos y de la que recelan o rechazan abiertamente varios gobiernos autonómicos, desde luego entre ellos el de Canarias.
Ahora que hay alegría en la caja, ha llegado el momento de dar entrada al capital privado. Es la conclusión de un repaso a las cifras esgrimidas por el Ministerio de Ana Pastor al argumentar la privatización. Pero incluso antes que las cifras, el Gobierno enarbola la comparación e invoca la experiencia de otros gestores aeroportuarios europeos que ya ejecutaron la decisión de privatizarse parcialmente, en concreto el alemán Fraport (49,4%) y el francés ADP (48,6%). Contrariamente a lo que sostienen los detractores de esta medida, que ven en la privatización un inquietante camino de desistimiento de lo público en favor de los intereses meramente privados en instalaciones absolutamente estratégicas para el transporte y el turismo, Fomento entiende que la privatización de AENA favorecerá la gestión y asegurará “la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario”, como si la clave de la rentabilidad fuera ajena a la evidencia de que se pone en manos de la explotación privada un servicio cautivo. Sin embargo, y como si diera por hecho que la gestión pública siempre es sinónimo de menores umbrales de eficiencia, Fomento argumenta que la privatización mejorará la gestión e impulsará el turismo, el comercio y hasta la internacionalización de la empresa española.
Pero, ¿qué es lo que pondrá el Gobierno en manos de los inversores privados? Pues estas son las cifras de AENA: Fomento describe el ente como el primer gestor aeroportuario del mundo por número de pasajeros, con 187 millones en 2013, de los cuales 129 eran pasajeros internacionales. Pero la clave está sobre todo, y así lo resalta el ministerio de Ana Pastor, en los resultados de explotación: AENA Aeropuertos entra por primera vez en zona de rentabilidad y alcanza un beneficio neto de 597 millones de euros, mejora su situación de caja al pasar de 511 millones de euros en números rojos a 847 en positivo en 2013; duplica en dos años su beneficio bruto de explotación, al pasar de 883 millones en 2011 a 1.610 en 2013, y la relación deuda/EBIDTA (resultados antes de impuestos y amortizaciones) ha pasado de 13,8 en 2011 a 7,1 en 2013. El resumen no puede concluirse sin otro dato importantísimo y del que tienen rastro diario los trabajadores de AENA Aeropuertos: un recorte del gasto corriente de 255 millones de euros en el pasado ejercicio.
A sabiendas de la intensa oleada de críticas que le granjearía esta decisión, el Gobierno se anticipa a explicar que, amén de conservar la mayoría a través de su 51% de propiedad de AENA Aeropuertos, establecerá a partir de ahora un marco de condiciones para los inversores privados que decidan entrar y que regulará, entre otros aspectos, el marco tarifario de los aeropuertos, los estándares de capacidad de los aeropuertos y, lo que es más importante, la clave de bóveda a partir de la cual puede enjuiciarse el resultado de cualquier proceso de privatización total o parcial de servicios públicos o sujetos a consumos cautivos, las obligaciones de inversión mínima y de prestación de servicio. Es ahí donde se juegan su futuro no solo los aeropuertos, sino todos quienes transiten por ellos y, en términos meramente económicos, todas aquellas empresas cuya vida depende de los aeródromos, empezando por las compañías y siguiendo por el sector hotelero español.
Supersticiones aparte, la ministra Pastor eligió un viernes 13 para anunciar la activación del proceso, pero éste se prolongará durante los próximos seis meses, durante los cuales se irán venciendo plazos, el primero de ellos la publicación en julio del marco regulatorio de la prestación de servicios de los aeropuertos. El proceso de venta de este 49% ya es de todos conocido: un 28% se venderá a través de la Bolsa, mediante una oferta pública de venta (OPV), y el otro 21%, seguramente mucho más polémico tanto en las formas como en el resultado final, se licitará para lo que Fomento llama “un núcleo estable de accionistas seleccionados mediante un proceso de concurrencia”. Quiénes lograrán estar en ese selecto grupo será a partir de ahora la quiniela favorita. Hagan juego…
