El presidente desprecia la orden de suspensión que aprobó el Parlamento en septiembre justamente a petición de los dos partidos del pacto
El Gobierno de Canarias hará con el decreto de vivienda vacacional lo contrario a lo que se ordenó a sí mismo desde el Parlamento a propuesta precisamente de los grupos que sustentan al Ejecutivo. Es lo que se desprende de la declaración realizada por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante una entrevista realizada por la Televisión Canaria una vez superados los primeros cien días del Gobierno. Clavijo dice ahora que el Gobierno “nunca ha planteado” la paralización del decreto sobre el alquiler vacacional aprobado por el anterior Ejecutivo de Paulino Rivero cuando ya estaba en funciones antes de las elecciones y añadió que esta norma se quedará como está si no se logra una fórmula mejor a través del consenso.
“El Gobierno nunca se ha planteado paralizar ese decreto. Es absurdo, el decreto está publicado y no se puede paralizar, se puede derogar, pero no paralizar y nunca lo hemos pensado”, dijo textualmente Clavijo. Todo esto un mes y medio después de que, a iniciativa precisamente de su partido, Coalición Canaria, y de su socio de Gobierno, el Partido Socialista, el Parlamento aprobara por 39 votos a favor una proposición no de ley que pedía expresamente lo siguiente: instar al Gobierno de Canarias a “que se realicen las gestiones necesarias para paralizar la aplicación del decreto 113/2015, así como sus posibles efectos sancionadores, dejando sin aplicación las medidas que en este sentido ya se pudieran haber tomado”. La PNL agregaba una coletilla: instar asímismo al Ejecutivo a “la puesta en marcha de un proceso de revisión y de reelaboración del mencionado decreto en coordinación con todos los agentes e instituciones implicados”.
Pues bien: Fernando Clavijo obvia por completo el primero y más contundente mandato del decreto que CC y PSC se impusieron a sí mismas para decir ahora que está dispuesto a buscar el consenso, pero que si éste no se logra, el decreto se quedará como está y además ironizar sobre la supuesta paralización, como si constituyera un mandato extraterrestre y no de la propia Cámara autonómica a instancias además de los socios de gobierno. Dijo que el Gobierno intentará buscar el diálogo para que el decreto mejore, pero advirtió: “Si encontramos una norma que concite más consenso nos moveremos y si no, nos quedaremos con lo que tenemos”. Clavijo estaba respondiendo a una pregunta en la que el entrevistador hizo notar la irritación de las patronales hoteleras por la pretensión política de modificar el decreto sobre el alquiler vacacional (vídeo de la entrevista, minuto 45). A mayor desconcierto, el propio Clavijo ya había defendido en otras entrevistas la necesidad de revisar el decreto del alquiler vacacional antes incluso de que lo aprobara el Parlamento.
En pleno parlamentario de referencia, celebrado a finales de septiembre, CC y PSC rechazaron sendas propuestas de modificación de Podemos y del Partido Popular. Podemos pidió expresamente incluir la figura del alquiler por habitaciones (bed and breakfast) y el PP añadió a esta solicitud la de permitir el alquiler vacacional en suelo turístico, algo que el decreto prohibe.
CC y PSC llevaron al Parlamento la PNL sobre la vivienda vacacional después de que, en un durísimo dictamen, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia advirtiera a la Comunidad Autónoma que llevará este decreto a los tribunales si no se modifica por las numerosas limitaciones que impone a la libre concurrencia, por dar una posición de privilegio a las empresas hoteleras tradicionales y por limitar la capacidad de elección de los usuarios. La CNMC advirtió además que, con este decreto, Canarias caminaba en dirección contraria a las tendencias del mercado turístico y las nuevas formas de comercialización que se generalizan a través de las nuevas posibilidades que brinda internet.
Clavijo remató su intervención con el aviso de que, aunque hay que dejar margen para el desarrollo del alquiler vacacional, ese margen no puede “poner en peligro el grueso del negocio turístico” tradicional, al que atribuyó el 30% de aportación al PIB que realiza el sector turístico canario.
Todo esto después de subrayar, en respuesta a otra pregunta sobre el diálogo social, que “la democracia es eso: la mayoría”.
