Asamblea de afectados. Fotografía: Alejandro Ramos

La plataforma de afectados le declara la guerra al ‘decretazo’ turístico en Canarias

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La PALT trasladará a Fernando Clavijo su rechazo frontal a “este ataque a la clase media” y acusa al Gobierno de provocar una espiral de especulación en el Sur de Gran Canaria

 

Fotografía: Alejandro Ramos

 

La Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) en Canarias pedirá la próxima semana al presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, la derogación de la Ley de Modernización Turística de 2013 y del decreto de 2015 que la desarrolla para detener la aplicación de un conjunto normativo “que restringe el libre derecho al disfrute de las propiedades”. La PALT considera que este conjunto normativo es un ataque a la clase media que pretende expulsar de bungalós y apartamentos a sus legítimos propietarios, además de excluirlos del debate sobre el futuro del turismo. Algo, subraya la plataforma, que “no vamos a consentir”.

La asociación nació en Gran Canaria para “defender los derechos de más de 70.000 pequeños propietarios” de apartamentos y bungalós situados en complejos turísticos, que con el decreto en la mano quedarían privados de todo uso particular de sus inmuebles y bajo la prohibición expresa de utilizarlos siquiera como segunda residencia. La PALT pedirá modificaciones legislativa que permitan, como ha sucedido durante años en muchos complejos turísticos del Sur de Gran Canaria, la existencia de urbanizaciones mixtas donde sea compatible el uso residencial con el turístico. Lo que no cuestiona la PALT es el principio de unidad de explotación, que obliga a aquellos propietarios que quieran explotar turísticamente sus inmuebles a colocarlos en manos de una gestora única.

La PALT ha distribuido este jueves un comunicado en el que califica expresamente como “una injusticia social que se pretende poner en marcha contra la clase media canaria” la legislación turística actualmente vigente en Canarias. Tanto la Ley de Modernización Turística como el decretazo que desarrolló su reglamento dos años después fueron aprobados durante el mandato del anterior Gobierno, presidido por Paulino Rivero. El decreto vio la luz en el boletín oficial de Canarias solo diez días antes de las últimas elecciones autonómicas, cuando el Gobierno ya estaba en funciones. A pesar de las enormes protestas sociales que ha provocado, en especial en el Sur de Gran Canaria, el decreto no ha sido suspendido por el Ejecutivo actual. El Gobierno de Fernando Clavijo ha prometido una revisión global, pero ni ha dejado sin efecto el decreto ni ha aclarado públicamente qué piensa hacer ante algunos de sus aspectos más polémicos, como la figura de ‘sustitución del propietario disidente’, que permite excluir a los díscolos por un procedimiento de venta forzosa de su propiedad a un tercero que además pondrá el precio.

El presidente de la PALT, Blas Padrón, enfatiza en el comunicado que la plataforma va a exigir “cambios normativos y la derogación de todas aquellas normas que atentan contra los legítimos derechos de los pequeños propietarios”. Padrón también advierte que los propietarios “no estamos dispuestos a permitir que se hable de turismo o urbanismo sin contar con los propietarios de los cientos de complejos que existen en las actuales zonas turísticas”. La PALT también expresa su rechazo frontal a que “se convierta a los canarios en ciudadanos de segunda, expulsándolos de sus propiedades en las zonas turísticas. Es una injusticia que no podemos permitir”, subraya la PALT.

La plataforma también se hace eco de la espiral especulativa que se ha disparado en zonas como San Bartolomé de Tirajana, el mayor municipio turístico de Canarias, precisamente como consecuencia del paquete normativo aprobado en la pasada legislatura. “Con estas normas se ha cerrado un círculo que margina de manera absolutamente injusta y torticera a miles de pequeños inversores que han sido los que han invertido en el Sur, realizándose una política favorecedora de la especulación por parte de operadores sin escrúpulos que han comenzado a amenazar a estos pequeños propietarios con quien nadie ha contado absolutamente para nada”.

La PALT pide varias modificaciones en cascada en la normativa anterior a la Ley de Modernización Turística, de forma que se contemple expresamente el uso mixto residencial y turístico. Pero además pide la derogación de la ley de 2013 y del decreto de 2015, que han desatado una rebelión sin precedentes de la sociedad civil en Gran Canaria.

Alertados entre otros por los actuales miembros de la PALT y por muchas comunidades de propietarios, miles de personas se movilizaron el pasado verano para presentar más de 7.000 alegaciones contra el nuevo Plan General de Ordenación de San Bartolomé de Tirajana, también redactado por el anterior Gobierno y que fue la punta del iceberg del riesgo de exclusión total de los propietarios de sus bungalós y apartamentos. Ahora, la plataforma recuerda que no dudará en acudir a los tribunales en defensa de un conjunto normativo que considera una injusticia social y que según la vicepresidenta de la PALT, Maribe Doreste, “ya ha hecho un daño tremendo” al provocar una caída del valor de las propiedades, que “ahora valen cero euros”.

 

 

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