La prohibición de uso privativo de apartamentos y bungalós hunde los precios en el corazón turístico de Gran Canaria y desata operaciones especulativas a gran escala sobre ciudadanos maniatados por el ‘decretazo’ del Gobierno
Interlocutores a sueldo de empresas rehabilitadoras y/o explotadoras llaman a cientos de propietarios para ofrecerles la compra de sus inmuebles a precios irrisorios y amenazarles con derramas análogas o incluso superiores
@teresacardenes
Paralización de operaciones de compraventa que ya estaban apalabradas, caídas en picado de los precios de apartamentos y bungalós y operaciones de acoso en toda regla a pequeños propietarios para que se deshagan de sus inmuebles turísticos a precios por los cuales no se comprarían ni un coche de alta gama: 30.000 euros. Esta es la consecuencia directa que está teniendo en el Sur de Gran Canaria la entrada en escena del decretazo que desarrolla la Ley de Modernización Turística, que prohibe a los titulares cualquier uso privativo de sus inmuebles y los condena a entregarlos para su gestión a un tercero, incluso con el riesgo de perder su propiedad si se oponen a la rehabilitación o a la unidad de explotación.
El decretazo turístico, rematado por el nuevo Plan General de Ordenación que tramita el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, está generando un golpe sin precedentes a los derechos de miles de pequeños propietarios del Sur, que han quedado literalmente maniatados e inermes al albur de los especuladores. Lo que parecía solo una teoría perversa ya se ha convertido en hoja de ruta y en práctica cotidiana: cientos de pequeños propietarios están recibiendo llamadas de especuladores que intentan hacerse con sus apartamentos y bungalós a precios de saldo. En la mayoría de los casos, el pretexto utilizado son las limitaciones de uso y, en caso de resistencia, la amenaza añadida de exponerse a grandes derramas para la rehabilitación de los inmuebles o la pérdida de los mismos mediante las herramientas previstas en el decreto y en concreto mediante la figura de ‘sustitución del propietario disidente’.
La casuística es variada y los agentes distintos, pero el escandaloso fenómeno ya está servido: las operaciones especulativas ya se venían fraguando en el Sur desde la publicación de la Ley de Modernización Turística en 2013, pero se han disparado tras la llegada del decreto de mayo que la desarrolla y prohibe taxativamente a los propietarios todo uso privativo de los inmuebles situados en complejos turísticos, ya sea como primera o segunda residencia, ya como alquiler de media o larga estancia.
El patrón de comportamiento es el mismo: personas que dicen estar al servicio de empresas dedicadas a la rehabilitación y/o la explotación de complejos están llamando a propietarios para ofrecerles la compra de sus inmuebles turísticos por cantidades que oscilan entre los 30.000 y los 40.000 euros, incluso en complejos cuyo estado de conservación es óptimo y están situados en zonas privilegiadas de Playa del Inglés.
Cuando el propietario titubea o sencillamente rechaza la oferta, llega la segunda parte, ya en términos coactivos más próximos a la amenaza: el interlocutor explica que la empresa en cuestión ya dispone de un determinado porcentaje de propiedad, que tiene apalabrada una inversión de varios millones de euros para la rehabilitación completa del complejo al amparo de la nueva normativa turística y que el propietario que se resista quedará como mínimo obligado a realizar derramas equivalentes e incluso superiores al precio de la compraventa ofertado, pero con el amargo añadido de su propiedad cautiva por la unidad de explotación y sin posibilidad alguna de uso privativo. Si la respuesta es favorable a la compra, el patrón también se repite y el interlocutor, que lo sabe todo del propietario y también de su propiedad, ofrece cita con el notario para cerrar la operación en tiempos récord de 48 horas.
Aunque sin ofertas de compra, advertencias de esta naturaleza ya eran desde hace algunos meses habituales en complejos donde existía un alto grado de conflictividad por falta de acuerdo entre los propietarios sobre el uso y orientación que había que dar a los edificios. Ahora, al calor del decretazo, la práctica se ha generalizado y ya alcanza a complejos de otro perfil: en algunos casos, las operaciones especulativas afectan ya a edificios en muy buen estado que nunca habían salido de explotación turística, pero donde los pequeños propietarios se convierten ahora en una incómoda rémora para los convenios de rehabilitación o las primas de sustitución contenidas en la ley turística; en otros, complejos que se habían residencializado y donde los residentes reciben ahora masivamente ofertas de compra a precios irrisorios, con el pretexto de que antes o después tendrán que abandonar su propiedad.
A la desprotección de miles de ciudadanos por la inseguridad y la incertidumbre generadas por el decretazo turístico, se unen prácticas que bordean la ilegalidad o que directamente vulneran la ley y en concreto las normas sobre protección de datos. Así, especuladores infiltrados en las comunidades de propietarios, bien a través de algunas juntas, bien a través de trabajadores a sueldo, se están haciendo ilegalmente con listados de todos los propietarios y de todos sus datos de contacto personal, para lanzar sobre ellos las ofertas especulativas descritas. Estas llamadas se están realizando sobre la base de una cesión ilegal de datos, extremo que muchos de los afectados ni siquiera conocen.
La reacción de los afectados no es homogénea y su desprotección aumenta exponencialmente con dos factores añadidos: la edad avanzada de muchos pensionistas que decidieron invertir sus ahorros en el Sur con el sueño de vivir allí su retiro y ahora se tropiezan con esta pesadilla y la barrera idiomática, dado que parte de los afectados son propietarios extranjeros que solo viven en Gran Canaria algunos meses al año. La consecuencia tampoco es homogénea: miles de ciudadanos se han movilizado ya alrededor de sus comunidades o de las plataformas ciudadanas de defensa, pero otros han preferido tirar la toalla y deshacerse de la herencia de sus padres o sus abuelos a cambio de cantidades ridículas.
Entre tanto, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno ya empiezan a recibir cajas enteras de alegaciones contra el Plan General, el decreto y los planes insulares de ordenación. En el caso del Ayuntamiento, donde el plazo de alegaciones está a punto de expirar, las alegaciones tienen que ser trasladadas estos días en carretillas, debido a su volumen. Pero mientras las administraciones se toman su tiempo, el mercado ya está hundido en términos de precio para los particulares que quieran o necesiten vender.
